El Gobierno de Mas adjudicó obras por las que Convergència recibió el 3% - Vaya, vaya, vaya....

La ingeniería Tec Cuatro, cuyo socio Albert García Bragado fue detenido el pasado miércoles, hizo en marzo de 2012 una donación de 50.000 euros —el 3,8% de lo adjudicado— a la fundación CatDem de Convergència 25 días después de haber ganado un concurso convocado por Infraestructures.cat, el organismo encargado de licitar toda la obra pública de la Generalitat. Este es el primer caso documentado del pago de supuestas comisiones ilegales por dos obras adjudicadas por el Ejecutivo de Artur Mas tras los casos ya conocidos en Ayuntamientos gobernados por Convergència Democràtica de Catalunya.

Los proyectos realizados por la firma de ingeniería son el desdoblamiento de una carretera y el proyecto de la futura estación del tren de alta velocidad en el aeropuerto de Girona. En septiembre de 2011, la empresa había ganado otra de las escasas licitaciones que la crisis permitía convocar. La suma de los dos proyectos ascendía a 1,31 millones de euros, por lo que el pago a CDC fue del 3,8% de ambas adjudicaciones. El presidente de la mesa de contratación fue en ambos casos Josep Antoni Rosell, director de Infraestructures.cat y también detenido el miércoles.

La trayectoria de Tec Cuatro en los últimos años muestra el gran impacto que la crisis económica y la llegada a la Generalitat de CDC ha tenido en el sector. La empresa de ingeniería era una de las habituales adjudicatarias en las grandes obras en Cataluña. En 2010, por ejemplo, gestionaba decenas de contratos y participaba en una veintena de uniones temporales de empresas (UTE) en obras del Metro de Barcelona, carreteras y ferrocarriles del Gobierno catalán.

La crisis, y con ella los recortes, hundieron la contratación pública en el sector. Los 1.664 millones adjudicados por el Gobierno catalán en 2010 bajaron a 110 en 2011, 126 en 2012 y 89 en 2013. Tec Cuatro respondió al reto con una internacionalización de sus actividades. Si en 2010, la empresa concentraba en España el 72% de su facturación, cuatro años más tarde este porcentaje se había desplomado hasta el 9%. “Se ha producido una práctica sustitución del mercado español por el mercado exterior”, recoge el informe de gestión de Tec Cuatro del ejercicio de 2014.

Sector en crisis

Ganar algún contrato público con la Generalitat se convirtió en una tarea casi imposible. Salían a licitación muy pocos concursos y a ellos se presentaban decenas de empresas. Estas, además, debían adaptarse a los cambios impuestos por Rosell en Infraestructures.cat, unos cambios que según la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción abrieron una vía para favorecer a algunas empresas frente a otras.

Si hasta entonces la oferta económica tenía un peso muy superior a la técnica (el 70%) para decidir la empresa adjudicataria, a partir de 2011 esos porcentajes se invertirían. Los investigadores han constatado que esto facilitó las maniobras de Rosell y su mano derecha, Jaume Cortasa, para inclinar desde las mesas de contratación la adjudicación hacia unas u otras empresas aspirantes mediante conversaciones previas.

Los expedientes de las adjudicaciones logradas por Tec Cuatro —ambas en unión con otras empresas— son un buen ejemplo de ello. En el primero, el proyecto para desdoblar la carretera C-55 en un tramo de 3,1 kilómetros entre Manresa y Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), se presentaron una treintena de aspirantes. El contrato salió a concurso con un presupuesto de 925.000 euros. Las 30 ofertas económicas presentadas se movían en un estrecho margen de entre 832.000 y 868.000 euros. La de Tec Cuatro es la 14ª más cara, con 841.842,50 euros. Llamativamente, otras cinco aspirantes presentaron la misma oferta, calcada al céntimo. En esta homogeneidad, los criterios técnicos resultaron determinantes, y ahí Tec Cuatro barrió: obtuvo 59,5 puntos, dos más que los siguientes aspirantes. El proyecto fue adjudicado el 12 de septiembre de 2011.

Defender las adjudicaciones, ignorar las desviaciones

El presidente Artur Mas se escudó ayer en el “impecable” nivel de garantías de la contratación de la Generalitat, que a su juicio “no da margen a la discrecionalidad”. “Si no hay trato de favor, todo lo demás queda en nada”, afirmó. Mas expuso que la oferta económica, que se define con “una fórmula matemática”, manda sobre la técnica, donde sí puede haber criterios subjetivos. “¿Cómo puede haber trato de favor si no puedes asegurar que el que queda primero técnicamente se llevará el concurso?”, dijo.

Pero fuentes expertas en estos procesos recordaron que no deben examinarse las adjudicaciones, sino las liquidaciones. La experiencia demuestra, a su juicio, que es en las desviaciones o modificaciones presupuestarias donde se hallan las presuntas mordidas. Uno de los casos investigados corresponde a un proyecto en Sant Fruitós de Bages cuyo presupuesto fue modificado para recoger un sobrecoste que resultó muy similar a la donación que la adjudicataria hizo a una fundación de CDC.

La mecánica se repitió en el siguiente concurso ganado por Tec Cuatro, publicado en octubre de 2011 y adjudicado cuatro meses más tarde. Se trataba de la redacción del proyecto básico de la futura estación del AVE en el aeropuerto de Girona, valorado en 515.680 euros. Otra vez todas las empresas presentaron ofertas muy similares. También aquí TEC Cuatro presentó una de las más caras y volvió a coincidir al céntimo con otras aspirantes. También el presidente de la mesa de contratación, Josep Antoni Rosell, es el mismo. Y otra vez fueron determinantes los criterios técnicos ahora investigados.

Pasados 25 días de esta segunda adjudicación, Tec Cuatro hizo una donación de 50.000 euros a CatDem, la mayor de las dos fundaciones de Convergència. Es la primera y la única que hizo entre 2008 y 2013, y ascendió al 3,8% de los dos contratos ganados en los seis meses anteriores.
Los investigadores han hallado indicios de que la donación a CatDem puede encubrir el pago de una comisión ilegal al partido por los contratos logrados, en un salto cualitativo en la Operación Petrum, tras las evidencias del pago de comisiones en siete Ayuntamientos gobernados por Convergència, entre ellos Sant Cugat, Figueres, Lloret de Mar, Sant Fruitós de Bages y Olot.
El éxito de Tec Cuatro en las disputadas adjudicaciones de la Generalitat continuó tras la donación a CatDem. En febrero de 2013 logró —también formando una UTE con otra empresa— la adjudicación, por 394.000 euros, del proyecto de construcción de un carril bus en el eje Lloret de Mar-Blanes (Girona). También en este caso su oferta económica era una de las más caras, pero los criterios técnicos manejados por Rosell y Cortasa inclinaron la balanza a su favor. Y este mismo año logró otras dos valoradas en más de 700.000 euros. EL PAÍS no ha logrado acceder a las donaciones recibidas por Convergència en los años 2014 y 2015, ejercicios a los que la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil han ampliado las investigaciones sobre la supuesta financiación ilegal del partido.

Uy, que no he puesto la fuente. Los tiquismiquis me llamarían la atención. Artículo de El País.

Si se recuperara todo los robado por los pujoles........lo afanado por otros catalufos ladrones.
Y además se devolviera la ingente cantidad que rajao les ha regalado a los catalufos.........en ESPAÑA se terminaría el déficit y viviríamos los españoles estupendamente....durante al menos un siglo.
Y encima tenemos que soportar lo de 'ESPAÑA ens roba'

Un informante de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ha entregado esta semana a los investigadores del caso Petrum una caja fuerte con documentos que comprometen al Govern en las supuestas comisiones del 3%.La caja estaba en manos de un colaborador de Josep Antoni Rosell, director general de infraestructuras de la Generalitat y uno de los 10 detenidos el pasado miércoles. Fue el propio alto cargo del Govern quien entregó la caja fuerte a una persona de confianza para que la ocultara. El registro del miércoles en las oficinas del ente gestor de obras públicas -Infraestructures.cat- empujó al informante a entregar «voluntariamente» la documentación, según fuentes conocedoras del caso.El contenido al completo de la caja fuerte todavía está siendo analizado por la Fiscalía Anticorrupción. Lo conocido hasta ayer por los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, no obstante, les llevó ya a pedir al juez que decretara prisión sin fianza para Rosell. Josep_Bosch Mitjavila, titular del juzgado de Instrucción número 1 de El_Vendrell (Tarragona), determinó finalmente que fuera puesto en libertad con cargos y se le retirara el pasaporte para evitar que salga de España.
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Fuentes del caso aseguraron a este diario que, hasta que se conozca el contenido total de los archivos y su relación con la supuesta trama de las comisiones del 3%, el mero hecho de que el alto cargo del Govern tratara de esconder la caja de seguridad abre la puerta a acusarle de ocultación de pruebas. La entrega de los archivos de Rosell a la Guardia Civil no fue el único fruto inesperado que obtuvieron los investigadores del caso Petrum a raíz de los 20 registros y 11 detenciones que se hicieron el miércoles. Varias personas aprovecharon el despliegue para sumarse de forma voluntaria e incorporar nuevas denuncias.Es el caso concreto de un cargo técnico intermedio de Infraestructures.cat, quien aprovechó la entrada de los policías en el edificio situado en la calle Vergós, en el distrito de Sarrià, para denunciar el amaño en la adjudicación de concursos de la Generalitat a empresas señaladas por sus superiores. El trabajador, con años de experiencia en la gestión de obras públicas, se dirigió directamente a dos de los agentes de la Guardia Civil que realizaban el registro del ente. Ante ellos desgranó cómo se realizaban modificaciones técnicas dictadas, entre otros altos cargos, por el propio Josep Antoni Rosell. En su declaración ante los agentes, el técnico admitió haber recibido «instrucciones» para modificar criterios de valoración en concursos públicos vinculados con canalizaciones. De esta forma, según explicitó, se «facilita» que ofertas presentadas por empresas concretas obtengan adjudicaciones en juego. Una forma de actuar que atribuyó a dos de sus supervisores. Entre ellos el director general de Infraestructures.El papel del tesorero de CDC, Andreu Viloca, en la supuesta trama entre empresarios y la formación nacionalista es el otro gran eje sobre el que se sustenta el 'caso Petrum'. Anticorrupción considera demostrado que el administrador del partido era quien establecía reuniones con los empresarios de la construcción. En ellas era cuando, supuestamente, reclamaba las mordidas por el 3% de las adjudicaciones de obra pública de las que se beneficiaban las constructoras. Los pagos se realizaban a través de donaciones legales que se inyectaban en la Fundació CatDem, de la cual también es administrador Andreu Viloca. Las fechas y los motivos de las citas entre el tesorero y los directivos de Tec 4, Rogasa, Oproler, Urbaser, Grup Soler y Copisa están plasmadas entre los más de 9.000 correos electrónicos que la Guardia Civil encontró en el ordenador del tesorero durante el primer registro que se hizo en la sede central de CDC, el 28 de agosto. El cruce de datos entre las fechas en las que se cerraron las reuniones -algunas de ellas celebradas en la sede de CatDem- y las adjudicaciones que lograron algunas de las empresas son las que motivaron, parcialmente, que se llevaran a cabo las detenciones del pasado miércoles. El supuesto papel de Viloca como mediador en el pago de las comisiones entre las empresas, la Fundació CatDem y CDC es, precisamente, el que le convierte en el único de los 12 detenidos que permanece en prisión sin fianza, acusado de blanqueo de capitales, entre otros delitos. Su antecesor en el cargo, Daniel Osàcar, fue ayer puesto en libertad con cargos después de ser llevado por la Guardia Civil ante el juez Bosch. Con problemas de salud debido a su avanzada edad, 84 años, Osàcar no fue arrestado hasta ayer por la mañana en su domicilio. Desde ahí acudió directamente hasta el juzgado de El Vendrell donde, como el resto de detenidos, se negó a declarar a la espera de que se levante el secreto de sumario del caso. Osàcar se encuentra ya imputado en el Caso Palau acusado de haber mediado para que la constructora Ferrovial inyectara fondos irregulares en CDC a través de falsas donaciones al Palau de la Música. Su imputación en la causa fue, precisamente, la que llevó al partido a apartarle del cargo en 2010. Ese año asumió la administración del partido el ahora encarcelado Viloca.El juez decretó también para Osàcar la retirada del pasaporte. Una medida que se aplicó al resto de implicados en el caso, a excepción del empresario Sergio Lerma, para quien se dictó una fianza de 50.000 euros. Todos deben presentarse en el juzgado una vez al mes.

La semana que viene, la Guardia Civil procederá a abrir en los juzgados de El Vendrell una caja fuerte con documentos que el miércoles apareció, y no precisamente por sorpresa, en uno de los registros realizados en el marco de la investigación contra la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Los investigadores tienen constancia de que el "titular" de la sospechosa caja de seguridad la cambió de ubicación, con la única intención de esconderla, tras el primer registro de agosto, en las sedes de CDC y de la fundación CatDem.
¿Qué esconde la caja fuerte? El misterio se desvelará la semana que viene. Mientras tanto, sólo el actual tesorero de CDC y administrador de CatDem, Andreu Viloca, pasará este fin de semana en prisión. Su abogado, Xavier Melero, ya ha presentado un recurso pidiendo su libertad. El resto de los detenidos, once, fue quedando en libertad, todos con cargos, y algunos incluso sin comparecer ante el juez de El Vendrell.
El magistrado Josep Bosch Mitjavila tomó declaración a tres empresarios: Jordi Soler, Xavier Tauler y Sergio Lerma. Para el último, los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo pidieron prisión con una fianza de 50.000 euros. Durante el registro en el despacho de Madrid de este empresario los investigadores encontraron una anotación en el margen de un documento que decía "Oriol Pujol (el conseguidor)". Como el resto de acusados, se acogió a su derecho a no declarar. El juez acordó su puesta en libertad, con cargos, la prohibición de abandonar del país y la obligación de comparecer.
Unas medidas cautelares similares a las acordadas con el número dos de Infraestructures.cat, la mayor licitadora de obra pública de Catalunya, Josep Antoni Rosell. Los fiscales habían pedido su ingreso en prisión sin fianza, ya que le responsabilizan de haber logrado "manipular" concursos públicos para favorecer a empresas que presuntamente pagaron comisiones al partido.
Pese a que el mismo Artur Mas, aseguró el viernes que era "imposible" manipular las condiciones de los concursos de la Generalitat, en el registro de la sede de Infraestructures.cat, la antigua Gisa, los investigadores se incautaron de un expediente que de manera "diáfana" evidencia "que las bases fueron modificadas para adjudicarlo a la empresa que convenía", relataron fuentes al corriente de las pesquisas. "Amañar un concurso es tan fácil como primar la puntuación de los aspectos técnicos, que tienen una valoración subjetiva", añadieron.
También quedó en libertad con cargos y medidas cautelares el extesorero de CDC, Daniel Osàcar. La Guardia Civil le detuvo a primera hora en su domicilio y lo trasladó a los juzgados. Con la medida, quisieron evitar que el hombre, de salud delicada, trasnochara en los calabozos. Se le prohibió igualmente abandonar el país, ante la sospecha de que oculta dinero en el extranjero.
No es la primera vez que imputan a Osàcar por presunta financiación ilegal de CDC. Está implicado en el cas Palau, pendiente de juicio, y el fiscal pide para él siete años de prisión por recibir presuntas comisiones de Ferrovial.
El entorno del empresario implicado en la trama del 3%, Josep Maria Bassols, puntualizó ayer que está vinculado a Oproler desde el 2012, y no tiene relación con las concesiones bajo sospecha. En cuanto al registro en su domicilio, el incidente protagonizado por su mujer, la comisionada de Transparència Núria Bassol, que prohibió en un primer momento la entrada de la Guardia Civil, tuvo su origen en que no había llegado el secretario judicial

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¿Camp Victory? ¿Esto no era Camp Liberty? Artur Mas vive su versión política particular de En tierra hostil. La victoria del 27S no garantiza la libertad de movimientos de la candidatura que formaron CDC y ERC, pero más allá de la alambicada negociación con la CUP la irrupción de la Guardia Civil en la escena política catalana perturba no sólo los planes de Mas, sino también el desarrollo de la legislatura que arranca el lunes.
El "problema" del 3%
¿Cuál es la mejor forma de desactivar una de esas cosas?
"Ustedes tienen un problema y se llama 3%". El maragallismo volvió esta semana a la primera fila política. La presentación del programa Llegat Pasqual Maragall destapó a sus fans en el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, y su famosa acusación, después retirada, en un pleno del Parlament en 2005 se ha convertido en lema de la oposición en la legislatura que arrancará mañana. Mas se presentó el viernes ante la diputación permanente dispuesto a dar explicaciones por "tierra mar y aire" pero el discurso político choca con la actuación judicial que alimenta el discurso del "váyase señor Mas" en la oposición. La CUP no es equidistante entre la imputación por el 9-N y las acusaciones de corrupción y ERC insiste -desde el viernes en público- en que Mas debe "hacer limpieza" para seguir adelante sin mochilas. Pero la investigación ha puesto un pie en la estructura de la Generalitat y no piensa levantarlo. Imposible desactivar la carga. El cerco al director general de la empresa pública de infraestructuras, Josep Antoni Rosell, se estrechará en los próximos días. En el terreno de las casualidades se inscribe la reunión de Mas con el expresident Pujol en casa de un amigo el miércoles mientras explotaba la operación Petrum III; también el escrito de Pujol oponiéndose a que la investigación de la fortuna familiar oculta en Andorra recale en la Audiencia Nacional. Un cóctel que hace imposible ejecutar la pretensión de Mas de recuperar la agenda del Govern mientras duran las negociaciones con la CUP.
A fuego lento con la CUP
Cada vez que intervenimos es a vida o muerte
"No hay escenario alternativo" a un pacto con la CUP pero sí fecha de posibles elecciones en la recámara, el 6 de marzo. Una encuesta rápida entre los protagonistas de las negociaciones deja sensaciones dispares: "razonablemente bien", "moderado optimismo", "mal" o puro "pesimismo". ERC se siente más cómoda con los papeles sobre la mesa que CDC y hay carpetas que ni siquiera se han abierto. La unanimidad es que las gestiones van a "fuego lento" y que el escenario de unas nuevas elecciones no sería "un buen mensaje" ni siquiera "con cálculos partidistas" entre los tres partidos en juego. La clave de las discusiones es que los convergentes no están dispuestos a "consolidar" acuerdo alguno "sin una visión de conjunto" y esta incluye a Artur Mas como presidente. "No caeremos en una estrategia de negociación", sostienen, que conduzca a la encrucijada "Mas sí-Mas no". Con esos parámetros sobre las cuatro mesas de trabajo, los avances para consensuar una declaración de inicio del proceso antes de la investidura -en cualquier caso antes de las elecciones generales- adquiere tintes tragicómicos. "Las discusiones son de lo más bizantino" cuando se aborda la forma en la que se pretenden plasmar conceptos como desconexión o desobediencia con terminología "digerible" para CDC, sostienen fuentes de la negociación.
Pareja de hecho CDC-ERC
Lanzas el dado, y te la juegas
"No tenemos ninguna queja", ERC mantiene una "posición leal" al acuerdo de Junts pel Sí, aseguran con contundencia en la dirección de CDC. Leal y cómoda, tanto que Oriol Junqueras ha hecho del sit and wait su lema del mes. El líder republicano reclamó ayer responsabilidad a CDC y la CUP para llegar a un acuerdo que permita constituir un nuevo Govern convencido de que cualquier otro escenario "no es bueno". No obstante, en las filas de ERC no se esconde cierta "relajación" ante el paso lento de la negociación. Dan por hecho que los republicanos ya se han "tragado todos los sapos" necesarios para salvaguardar el avance del proceso -estuvieron entre la espada y la pared por la lista conjunta para el 27-S- y ahora el onus probandi corresponde a convergentes y cuperos. ERC quizás perdona y suaviza el rictus pero no olvida. El divertimento es ser testigos de primera línea de cómo CDC se enfrenta a la CUP en una negociación propia de "padres e hijos". En ese compás de espera, Junqueras ha intensificado su estrategia de normalizar el discurso independentista en ámbitos que hasta ahora le eran hostiles. Es la estrategia de la "mancha de aceite", sostienen en ERC. Acoger a socialistas desencantados con el PSC, empresarios "sin miedo"¿ Se trata de contactar con el máximo público posible y ser expansivos, también en sus relaciones con agentes sociales y económicos que no comparten su ideología. Por el contrario, detectan en CDC una tendencia a dejar tras sus pasos un escenario de "tierra quemada".
Juntos pero menos revueltos
Tenemos una misión
"Si no se desbloquea la negociación con la CUP, en las generales no irá a votar ni el tato". El tiempo apremia porque el 6 de noviembre acaba el plazo para comunicar a la junta electoral las coaliciones que se presentarán a las urnas el 20 de diciembre. ERC y CDC viven ahora en un mar de cálculos. Cuando a finales de julio Artur Mas quiso atar también la candidatura de las generales, Junqueras puso la propuesta a la cola de su agenda y ahora se siente con la sartén por el mango. La fórmula consensuada les permitirá ir juntos al Congreso pero menos revueltos, con la perspectiva de que la legislatura catalana será, en base a la hoja de ruta pactada, más corta que la española y los republicanos volarán en solitario en las siguientes elecciones en Catalunya. Mientras, van instalando sus resortes de poder. Carme Forcadell participó ayer en el consejo nacional de ERC como futura presidenta del Parlament. El cargo correspondía a los republicanos pero los convergentes no esperaban que la "generosidad" de ERC hacia un "independiente" acabara convertido en un gol por la escuadra a CDC; Marta Rovira, como portavoz de Junts pel Sí en la Cámara tendrá bajo control al grupo y las decisiones de la Junta de Portavoces, y hasta los diputados de CDC se sentarán mañana por primera vez en la historia en el lado izquierdo del hemiciclo, que ocupaba ERC, con Artur Mas en el escaño que ocuparon Pasqual Maragall y José Montilla. La estructura del futuro Govern está más que embastada y Oriol Junqueras aspira a una vicepresidencia de largo alcance. Pero al margen del 40% que le corresponda a los republicanos, también contabilizan como propio el puesto que ocupe Raül Romeva, cabeza de lista por Junts pel Sí a instancias de ERC, y previsible responsable de las relaciones exteriores de un futuro Govern. Como una mancha de aceite...

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Pujoles.....arturillos......prenafretas.......Boñigallongas........catalufos todos.
¡ Devolved lo afanado ¡

La agenda del tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, detenido el pasado miércoles, tiene anotaciones detalladas de las reuniones que mantenía con los empresarios imputados en la operación Petrum, según informa la Cadena Ser.En ella se recogen ocho operaciones en las que aparecen identificados los empresarios y las comisiones que se pactaron para obtener las adjudicaciones de obras públicas, comisiones que alcanzaron hasta los 145.000 euros por obra. Todas las comisiones se ingresaban en la fundación del partido de Artur Mas, Cat Dem.Según la Ser, en la agenda aparecen ocho operaciones realizadas principalmente entre 2011 y 2012 con comisiones que suman 619.000 euros. En algunos casos, las comisiones se entregaban el mismo día en el que se anunciaba el concurso y tras una reunión entre el tesorero de Convergència y un directivo de la constructora. Todas las reuniones están encabezadas por Viloca.

Además de la agenda, sobre la que trabajan los investigadores, la Guardia Civil ha detectado pruebas de ingreso de comisiones irregulares entre los 9.000 correos intervenidos al tesorero de CDC. Entre los correos electrónicos también aparecieron las citas con los empresarios que iban a pagar las presuntas comisiones, según adelantó EL MUNDO.La clave estaba en el despacho de Andreu Viloca. "Está todo", sintetizaron fuentes de la investigación. Se referían al archivo informático del ordenador del tesorero de Convergència, a los más de 9.000 correos electrónicos que cuidadosamente almacenaba el disco duro del ordenador personal de Viloca. En él estaban las claves que han permitido a la Guardia Civil ya la Fiscalía Anticorrupción poner en marcha la operación Petrum.

por solicitud de forero....

La agenda del tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, detenido el pasado miércoles, tiene anotaciones detalladas de las reuniones que mantenía con los empresarios imputados en la operación Petrum, según informa la Cadena Ser.En ella se recogen ocho operaciones en las que aparecen identificados los empresarios y las comisiones que se pactaron para obtener las adjudicaciones de obras públicas, comisiones que alcanzaron hasta los 145.000 euros por obra. Todas las comisiones se ingresaban en la fundación del partido de Artur Mas, Cat Dem.Según la Ser, en la agenda aparecen ocho operaciones realizadas principalmente entre 2011 y 2012 con comisiones que suman 619.000 euros. En algunos casos, las comisiones se entregaban el mismo día en el que se anunciaba el concurso y tras una reunión entre el tesorero de Convergència y un directivo de la constructora. Todas las reuniones están encabezadas por Viloca.

Además de la agenda, sobre la que trabajan los investigadores, la Guardia Civil ha detectado pruebas de ingreso de comisiones irregulares entre los 9.000 correos intervenidos al tesorero de CDC. Entre los correos electrónicos también aparecieron las citas con los empresarios que iban a pagar las presuntas comisiones, según adelantó EL MUNDO.La clave estaba en el despacho de Andreu Viloca. "Está todo", sintetizaron fuentes de la investigación. Se referían al archivo informático del ordenador del tesorero de Convergència, a los más de 9.000 correos electrónicos que cuidadosamente almacenaba el disco duro del ordenador personal de Viloca. En él estaban las claves que han permitido a la Guardia Civil ya la Fiscalía Anticorrupción poner en marcha la operación Petrum.

Se trata de la mayor operación contra el clan Pujol hasta el momento. Unos 200 agentes de la Udef han sido movilizados y están efectuando 15 registros en empresas vinculadas a tres de los hijos del ex president de la Generalitat: Jordi Pujol Ferrusola y sus hermanos Josep y Pere. No se prevén detenciones, pero sí la imputación de varios delitos de corrupción.

La Justicia investiga en cinco causas diferentes a siete miembros de la familia del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, por las actividades desarrolladas tanto por el matrimonio como por sus hijos Oriol, Jordi, Oleguer y las esposas de los dos primeros, Anna Vidal y Mercè Gironés, respectivamente.

Dos jueces de Barcelona, otros dos de la Audiencia Nacional y un magistrado de Liechtenstein han abierto procedimientos en los últimos meses contra ellos por delitos que van desde el blanqueo de capitales y el fraude fiscal hasta el cohecho y el tráfico de influencias.

Jordi Pujol y Marta Ferrusola

La responsable del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, investiga al ex jefe del Gobierno catalán y su esposa desde septiembre pasado, cuando admitió a trámite una querella de Manos Limpias después de que Pujol confesara que había tenido dinero sin declarar en el extranjero durante más de 30 años proveniente supuestamente de una herencia de su padre.

La denuncia de Manos Limpias atribuía a Pujol un delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos, al tiempo que situaba a su esposa como "cómplice y encubridora" de sus actividades.

Además, el juez de Liechtenstein Michael Jhle investiga al 'ex president' por un presunto delito de blanqueo de capitales. En el marco de este procedimiento, el magistrado se ha dirigido a Interpol para que solicite al Juzgado número 31 de Barcelona los "antecedentes y condenas" de Pujol y la información de que dispone sobre los hechos investigados.

Oriol Pujol

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, investiga también al ex diputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol en la causa en la que investiga la concesión irregular de estaciones de la ITV en Cataluña. Entre los delitos que se le imputan están los de cohecho y tráfico de influencias.

La juez cree que Oriol Pujol se aprovechó de "sus múltiples influencias políticas" para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de empresas. A cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la empresa de su esposa, Anna Vidal, también imputada en el procedimiento.

De esta forma, su empresa, Alta Partners, recibió al menos 699.752 euros en siete años por las deslocalizaciones de Sharp, Yamaha y Sony, además de varias operaciones de colaboración con Seat y asesoramiento en el análisis del sector de centros deportivos.

Jordi Pujol Ferrusola

Por su parte, el primogénito de los Pujol Ferrusola, Jordi, está imputado junto a su esposa, Mercè Gironés, en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para determinar si el matrimonio y tres empresas de su propiedad recibieron comisiones ilegales a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos.

El magistrado, que les atribuye un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal, interrogará el próximo 12 de noviembre a once presuntos colaboradores del matrimonio que habrían facilitado o recaudado los pagos investigados. Entre ellos se encuentran los ex suegros de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés y Mercé Riera, y su excuñado Ramón Gironés Riera.

En un auto dictado este miércoles el magistrado revelaba que, seis días después de ser llamado a declarar en la Audiencia Nacional, Jordi Pujol Ferrusola movió 2,4 millones de euros desde una cuenta en Andorra hasta otra radicada en México. Ante el juez, sin embargo, el imputado aseguró el pasado 15 de septiembre que no tenía cuentas en el extranjero.

Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que obra en el procedimiento, Pujol Ferrusola y su esposa habrían recibido estas "millonarias comisiones no justificadas" por intermediar supuestamente en operaciones urbanísticas e inmobiliarias, participar en la compra y venta de participaciones mercantiles y ofrecer asesoramiento sobre distintos negocios.

La causa se inició a raíz de la denuncia de la ex novia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, que aseguró que había acompañado a Jordi a bancos de Andorra para llevar bolsas repletas de billetes de 500 euros. "La gente no va por la vida así", aseguró el imputado ante el juez, según fuentes de su defensa.

Oleguer Pujol

La última causa contra la familia Pujol Ferrusola la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que imputa a Oleguer un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales por siete operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará como imputado a Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, cuando conozca el resultado de los registros practicados el jueves por la Policía en su casa y en la de su socio Luis Iglesias y en empresas relacionadas con él.

Entre otras operaciones, el juez pretende aclarar el origen del dinero con el que se adquirieron 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la compra de un hotel en Canarias y operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria.

Este miércoles se cumplirá una semana del arranque de esta tercera fase de la investigación sobre el 3% y la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya a través de comisiones camufladas en donaciones a dos fundaciones afines al partido. En estos días, la Guardia Civil y los fiscales anticorrupción han tenido tiempo de acreditar, mediante pruebas documentales y testificales, como se amañaban esos concursos de obra pública que se adjudicaban a las constructoras que se dejaban sobornar. Entre las múltiples irregularidades constatadas hay una que ha llamado especialmente la atención a los investigadores. En algunas ocasiones los técnicos de Infraestructures.cat no tuvieron inconveniente en desplazarse a la sede de una constructora para ayudar, in situ, a redactar el proyecto que después presentarían al concurso. Y que, por supuesto, se llevaría la obra.

Este fue un procedimiento que al menos se realizó con la constructora Rogasa, propiedad de Juan Luis Romero Gamero, uno de los siete empresarios detenidos el miércoles. Los investigadores han constatado que el segundo de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, también detenido pero en libertad con cargos, dio instrucciones para que los técnicos de esta empresa pública se reunieran con los responsables de Rogasa para ayudarles a preparar su proyecto en el concurso de las obras del CAP de Prats de Lluçanès. La obra fue adjudicada a Rogasa a finales de enero del 2012. Y precisamente parte de la documentación de este expediente fue reconstruida en el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil de Madrid,a partir de las tiras de papel que se encontraron en la trituradora del despacho de Andreu Viloca, durante el registro que en agosto se realizó en el despacho del tesorero de la formación de Artur Mas. Viloca es el único de los doce detenidos de la semana pasada que continúa en prisión.

Los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo también pidieron cárcel para Josep Antoni Rosell, que quedó en libertad con cargos. Para los investigadores, Rosell era el encargado de seleccionar las obras públicas que se adjudicarían mediante pago de comisiones, a través de las fundaciones CatDem y Fórum Barcelona. En esta fase de la investigación, la Guardia Civil de la comandancia de Tarragona trabaja con 25 expedientes bajo sospecha. Y han constatado que no existe un modelo único de pago de comisiones. Hubo empresas que pagaron por varias obras concedidas. Unos hicieron la donación antes de la concesión, otros después. Y aunque la media del soborno ronda la cifra del 3% hay constructoras que presuntamente llegaron a pagar hasta un 10% y otras, de menor envergadura, que contribuyeron con un 1%.

En cualquier caso, queda muchísima documentación por analizar, de la incautada en los registros del miércoles, y la que empieza a llegar. Mientras la guardia civil y técnicos de Vigilancia Aduanera, que trabajan en Madrid apoyando a los fiscales anticorrupción, registraban la sede de Infraestructures.cat, en la calle de Vergòs, un técnico se acercó a los investigadores. Se ofreció a colaborar para detallar las irregularidades que, denunció, les obligaban a hacer en la puntuación de los proyectos para que se adjudicaran las obras a los elegidos. No es la única persona que en los últimos días se ha dirigido a los investigadores. Ahora se está trabajando para canalizar toda esa información, alguna anónima, otra con declaración jurada en la comandancia y aportando documentación, que está llegando a la Guardia Civil.

Por eso es más que probable que esta investigación, que sigue abierta y bajo secreto de las actuaciones, avance con el tiempo y se examinen otras adjudicaciones. Pero sin perder de vista la capacidad que tiene el titular del juzgado de Instrucción número uno de El Vendrell, Josep Bosch Mitxavila. El magistrado está solo, con la única ayuda de una secretaria judicial, y además de este caso, tiene que atender el día a día de su juzgado, con los temas que le siguen entrando cuando está de guardia.

Esta mañana la atención recaerá nuevamente en los juzgados de El Vendrell. Rosell y su abogado han sido convocados para que asistan a la apertura de la caja fuerte y los maletines que misteriosamente el primero entregó a un amigo tras el primer registro de la sede de Convergència. El miércoles pasado, tras conocerse la detención del número dos de Infraestructures.cat y la entrada en su despacho y su domicilio, este amigo de Rosell se puso en contacto con la Guardia Civil para advertir que hacía varias semanas que guardaba un material que en esos momentos le incomodaba porque no quería verse envuelto en ningún lio. Los investigadores recogieron la caja fuerte y los maletines y los trasladaron hasta El Vendrell donde han estado fuertemente custodiados. Hasta hoy.

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Rosell llega a los juzgados de El Vendrell para la apertura de la caja fuerte y los maletines
El magistrado sospecha que dentro puede haber documentación vinculada al pago de comisiones a la fundación CatDem

El director general de Infraestructures.cat de la Generalitat de Catalunya, Josep Antoni Rosell, ha llegado este martes, poco después de las nueve de la mañana, en los juzgados de El Vendrell para asistir a la apertura de una caja fuerte blanca y de tres maletines que estarían vinculados a la investigación del 'caso Petrum', por el 'caso 3%'.

El magistrado del juzgado de instrucción de El Vendrell sospecha que en la caja fuerte y varios maletines puede haber documentación que apunte al pago de comisiones a la fundación CatDem, vinculada a CDC, a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

CON SU ABOGADO

Rosell ha acudido acompañado de su abogado y, tras ellos, ha llegado una furgona con cuatro maletines y una caja. El juez abrirá la documentación en presencia de Rosell y tomará nota, pero no está previsto tomarle declaración.

Posteriormente se estudiará el contenido de los maletines y la caja fuerte.

Según fuentes policiales, un testigo les entregó a la Guardia Civil a raíz de la detención de Rosell, el pasado miércoles, aduciendo que el propio Rosell les habría dado para que los guardara raíz del registro en la sede de CDC del pasado mes de agosto. Rosell fue detenido el pasado miércoles por la Guardia Civil y quedó en libertad con cargos el viernes tras comparecer ante el juzgado número 1 de El Vendrell.

Registros a Sumarroca y a dos vicepresidentes del FC Barcelona
Investigan por orden de la Fiscalía a varios empresarios imputados así como en oficinas como la de MT Tahat.