Golpe de estado digital
Aprovechando la tramitación de un anteproyecto de ley denominada “de economía sostenible”, han colado de rondón en ella una serie de medidas completamente injustificadas en las que consagra un auténtico golpe de estado digital: la posibilidad de cerrar páginas y expulsar a usuarios de Internet con la excusa de los derechos de autor.
Un movimiento que pone los pelos de punta y los derechos de autor completamente por encima de los derechos fundamentales de los individuos, que permite cerrar cualquier página alegando una violación de los derechos de autor. El copyright como mordaza a la libertad de expresión.
No es el gobierno del pueblo, es el gobierno de la SGAE, de EGEDA y de La Coalición, que pueden llegar, meter su pluma en una ley que ya ha pasado por el Consejo de Ministros, y poner en ella lo que les venga en gana, aunque esté completamente en contra de los intereses y los deseos de la ciudadanía y sea simplemente un torpe intento – el enésimo – de proteger los negocios de unos pocos.
El sinvergüenza que ha permitido la aparición misteriosa de este “quinto punto”, que ha llevado a cabo este atropello a la democracia, tendría que estar dimitiendo mañana mismo. Esto es equiparable a un auténtico golpe de estado digital.
Alegato en defensa de la libertad que circula por toda la red:
Manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:
1.Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Viñeta de Eneko libre de licencia en apoyo del manifiesto
