Deuda sanitaria
Frente a quienes creen que enfocar los problemas desde una perspectiva económica desvirtúa la cuestión, la realidad nos muestra que detrás de algunas propuestas afectivas hay motivos crematísticos.
En ocasiones, tales son los argumentos que impulsan las reivindicaciones nacionalistas, con la peculiaridad de que se trata de obtener dinero público, previamente detraído del bolsillo de los ciudadanos.
La economía puede tener justificaciones para que la provisión de sanidad a la población tenga un componente público (bien de regulación, bien de vigilancia o hasta incluso de provisión) aunque, desde luego, no para el tipo de intervencionismo ni la ineficiencia que padece el sistema.
Una cosa es que la Administración Pública se haga cargo de pacientes que no pueden costearse determinados tratamientos y otra distinta es que para ello sea preciso y necesario que la gestión de los hospitales sea pública o que los profesionales sanitarios deban tener la condición de funcionarios con plazas vitalicias y promociones basadas más en criterios políticos que profesionales.
A ese intervencionismo del sistema sanitario se añadió una descentralización que, lejos de acercar la sanidad al conjunto de los ciudadanos, ha puesto trabas para su asistencia y ha animado ciertos incentivos políticos en lugar de la racionalidad económica. De manera que el poder autonómico, sin reglas financieras claras hasta 2002 y desde 2004, ha tenido fácil canjear votos por déficit.
Ahora, los Gobiernos autonómicos que más tiempo llevan con la sanidad a su cargo y que han sido derrochadores, sobre todo la Generalitat, exigen una inyección de fondos adicionales en los Presupuestos de 2005 para pagar el déficit sanitario o un cambio radical del sistema financiero autonómico para que los ciudadanos paguemos sus desmanes.
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