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Condenan a tres directivos de Caja Hipotecaria de Valores por estafa
Ofrecían a sus clientes intereses más elevados que los bancos
AGUSTIN YANEL
MADRID.- Tres directivos de la Caja Hipotecaria de Valores, una sociedad anónima que se dedicaba a captar dinero de inversores a cambio de ofrecer intereses mucho más elevados que los habituales en la Banca, han sido condenados a nueve y seis años de prisión, por estafar más de 600 millones a más de 200 personas.
La Caja Hipotecaria de Valores fue constituida en 1984, por cuatro socios y con un capital social de un millón de pesetas, para dedicarse a la construcción de inmuebles y compraventa de valores mobiliarios. Cinco años más tarde, el administrador único de esa sociedad, Eleazar Fierro Amigot, suscribió una ampliación de capital de 44 millones de pesetas, de los que 14 pagó en metálico y el resto en sellos de correos.
Llegó un momento en que el capital social era de 100 millones, perteneciente a Fierro y a tres sociedades de Barcelona de las que él era administrador único.
La Caja Hipotecaria se dedicó a captar fondos de inversores, que consignaba en las llamadas «libretas de inversión mobiliaria» o en las sucesivas emisiones de obligaciones que llevó a cabo. En ambos casos ofrecía un interés muy superior al que daban las entidades financieras (un 10%, un 14,5% e incluso más).
La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha juzgado este caso, señala en la sentencia que esas imposiciones no tenían garantías reales, a pesar de lo que se prometía en la publicidad.
La sociedad adquirió varios inmuebles para constituir las hipotecas que garantizasen las suscripciones de emisiones. En abril de 1991 compró el Aparthotel Palamós, con 288 apartamentos, y comenzaron los problemas: ese negocio jamás reportó beneficios, las hipotecas fueron ejecutadas por falta de pagos y, finalmente, los inversores, que hasta ese año habían percibido con normalidad sus intereses cuando se cumplía el plazo, dejaron de cobrar. Aunque la Caja comunicó al Banco de España, el 15 de mayo de 1991, que suspendía la captación de clientes, continuó obteniendo dinero de los inversores, según la sentencia. Fierro cesó como administrador único en noviembre de ese año, pero siguió rigiendo la empresa.
Dejaron de cobrar
A los clientes se les dijo que era «una situación pasajera». Pero en febrero del 92 los trabajadores de la oficina central de Barcelona dejaron de cobrar las nóminas y ese mismo mes intervino un juez. Cesaron en su actividad todas las sucursales que tenía abiertas en España, salvo la de Zaragoza que continuó unas semanas más hasta que su director supo lo que sucedía por un recorte de prensa.
El tribunal considera que estos hechos constituyen un delito continuado de estafa. Ha condenado a nueve años de cárcel a Eleazar Fierro; a seis años y un día a Jaime Oliveras de las Heras, que desde 1989 actuó como director general, y otros seis años a José María Azuara Pascual, que fue comisario del sindicato de obligacionistas aunque no adoptó precauciones para garantizar que las hipotecas eran suficientes para garantizar el dinero de los clientes. Los tres deben indemnizar, con distintas cantidades, a los afectados. Otros cinco acusados han sido absueltos.
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