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Esto es lo que se dice en algunos medios. ¡ Dios que desinformación!
Un escalón más en el crack del capitalismo: El caso Afinsa-Fórum, estafados y olvidados
En 2008, el PP les prometió la concesión de créditos ICO y la agilización del proceso judicial
España | Aida M. Pereda - Tercera Información | 24-01-2012 |
El afán del sistema capitalista por especular para enriquecerse a costa del dinero de otros no es algo desconocido. Y el apoyo del neoliberalismo al libre mercado y a la creación de empresas ha propiciado a lo largo de la historia fraudes fiscales a gran escala.
Tal es el caso de las empresas Afinsa y Fórum Filatélico, cuyos inversores se convirtieron en víctimas de dicho entramado, sustentado en base a intereses y revalorizaciones ficticias con el único objetivo de ganar dinero de manera fácil.
Desde que se destapó el presunto fraude de Afinsa y Fórum Filatélico en 2006, todos los primeros lunes de mes una veintena de afectados se manifiestan en Bilbao para reclamar la devolución del dinero que invirtieron en los inexistentes sellos.
Aseguran que, hace cuatro años, el PP prometió a los 350.000 afectados por la estafa la recuperación de sus ahorros. “Se comprometieron a la concesión de un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como medida puente hasta que hubiese una solución definitiva y a la dotación de medios técnicos y humanos en Justicia para agilizar los trámites". Por ello, la Plataforma Estatal de Afectados por Fórum Filatélico y Afinsa reclama al Partido Popular, ahora en el poder, que cumpla sus promesas, puesto que quieren hechos, “no palabras”, denuncian.
Además, exigen al Estado responsabilidad patrimonial, tal y como dictan las leyes europeas. La Justicia se ha limitado a aplicar la legislación española vigente, que dice que la actividad de Afinsa y Fórum es mercantil, por lo que el Estado no tiene responsabilidad patrimonial, explican. Sin embargo, la fiscalía dictaminó que su actividad es financiera, lo que de acuerdo con Europa conlleva dicha responsabilidad”, critican desde la Plataforma.
En la actualidad, el proceso aún se encuentra en fase de instrucción y temen que pueda continuar así otros seis años más. Fórum, que ha efectuado ya un primer pago a los afectados, solo ha devuelto unos 300 millones de euros, que suponen un 10% del dinero estafado. Y Afinsa todavía no ha llevado a cabo el primer plan de pagos, acordado en el 5% y aprobado en el mes de mayo.
En diciembre, los Juzgados Centrales de Instrucción 1 y 5, encargados de los procesos de Afinsa y Fórum, respondieron a la petición de la Administración Concursal y levantaron la prohibición de disponer de los bienes inmuebles de dichas empresas. El objetivo era subastarlos y hacer una segunda tanda de pagos repartiendo lo obtenido entre los acreedores. Por el momento, Fórum ha celebrado cuatro subastas, en las que se han vendido cinco terrenos y más de cien viviendas, según han explicado. En cuanto a Afinsa, todavía no se ha iniciado el concurso a causa de que "los exadministradores lo están paralizando constantemente con recursos", indican.
La Operación Atrio
Durante 27 años Afinsa y Fórum Filatélico recibieron innumerables premios y apoyos por parte de empresas, medios de comunicación e instituciones del Estado, lo que les sirvió para crecer y ganar mayor confianza. Captaban a pequeños inversores, que realizaban depósitos en productos de filatelia a partir de 150 euros, y les ofrecían una rentabilidad del 6 % anual, porcentaje calculado a partir de la presunta revalorización de los sellos en el mercado. Con el dinero de las últimas inversiones realizadas pagaban las ganancias a los miembros más antiguos.
La investigación a estas empresas se inició con la Operación Atrio, a raíz de una entrevista que mantuvo el presidente del Banco Santander, Emilo Botín, con Alfredo Pérez Rubalcaba en el hotel Atrio de Valladolid.
Fue el 9 de mayo de 2006 cuando la Fiscalía Anticorrupción cerró ambas sociedades y arrestó a los directivos por supuesta estafa piramidal, blanqueo de dinero, insolvencia punible, administración desleal, delitos contra la hacienda pública y falsedad documental.
Se calcula que el agujero patrimonial que han provocado asciende a unos 3.400 millones de euros.