Millonarios en política. MUY RECOMENDADA SU LECTURA.
MILLONARIOS EN POLITICA
Entre los políticos españoles que han ejercido –o ejercen– durante el cuarto de siglo de democracia altos cargos públicos los hay que nacieron ya ricos o adquirieron tal condición por su matrimonio. Otros se hicieron millonarios antes de llegar a la política. Y no falta quien consiguió su fortuna o la acrecentó mientras ocupaba una poltrona en la Administración central o autonómica. O una mezcla de varias situaciones.
Desde luego, no son Michael Bloomberg, el multimillonario republicano que acaba de ganar las elecciones a la alcaldía de Nueva York y al que se le calcula una fortuna de 4.000 millones de dólares (unos 744.000 millones de pesetas). Ni tampoco Arnaldo Alemán, que deja la presidencia de Nicaragua acusado de engordar su cuenta corriente con 250 millones de dólares (más de 46.000 millones de pesetas) durante su mandato. Pero de todo hay un poco en este país.
El caso de José Cuiña es el paradigma de mezcla de negocios y política, con el resultado de amasar una fortuna considerable. El conselleiro de Obras Públicas de la Xunta de Galicia no tuvo ningún recato en que sus empresas familiares, puestas a nombre de su septuagenaria madre, Isolina Crespo, abastecieran de diverso material a construcciones que el Gobierno gallego promovía y financiaba. Se le investigó judicialmente, a petición propia, y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia archivó la autodenuncia.
Pero los hechos demuestran que lo que en 1971 era un pequeño negocio de carpintería metálica en su pueblo pontevedrés, Lalín, fue creciendo conforme Cuiña subía escalones en su carrera política. Hoy, sus empresas familiares son líderes en Galicia en carpintería metálica y productos derivados de la madera, y a la familia Crespo Taboada se le calcula un patrimonio “de varios miles de millones de pesetas”, según fuentes empresariales gallegas. Un enriquecimiento que el propio Cuiña ha reconocido, pero negando irregularidades.
Y basta con que las empresas de un ministro o consejero autonómico, o las de su familia, reciban tratos de favor del sector público o privado, o que el alto cargo figure en ellas durante el ejercicio de su función política, para que se cuestione si los empresarios deben acceder a altos cargos en la Administración. El primer caso lo encarna el vicepresidente Económico, Rodrigo Rato, con Muinmo, sociedad de la que es accionista. Y en ambos cayó de pleno el titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete. En marzo pasado justificó el haber simultaneado actividades públicas y privadas en que en esa época no quería “dedicarse de lleno a la política”.
Además, dos de las empresas de Arias Cañete, Capa, SA e Invalsur, SA, recibieron, mientras fue eurodiputado, incluso siendo ministro, 251 millones de pesetas de los fondos comunitarios destinados a subvencionar actividades agrarias. En febrero de este año estaba vinculado a 35 sociedades, la mayoría de ellas con intereses de la competencia de su ministerio. Ahora, tras ser exculpado de incompatibilidad, asegura que sólo hay que echar “al que mete la mano en la caja”.
Lluís Prenafeta, cuando era todopoderoso secretario general de la Presidencia de la Generalitat, no metió, que se sepa, la mano en la caja, pero empresas suyas fueron agraciadas con 400 millones en créditos, que no reintegró, concedidos por un organismo del Gobierno catalán. Incluso algunas sociedades de la familia del propio president Jordi Pujol, como Hidroplant, han recibido contratos de la Generalitat, lo que su esposa, Marta Ferrusola, considera normal. Y el ex ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, ha sido acusado en Madrid y en Bruselas de mezclar negocios y política. En 1994, siendo comisario europeo, decía: “Yo aquí pierdo dinero”. Sus empresas, sin él, marchaban viento en popa.
A pesar de estos casos, todos los ex ministros consultados por esta revista abogan claramente porque los empresarios puedan actuar en cargos públicos. El ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo y varias veces mi