El 22 de mayo se vivirá en España la fiesta de la democracia. Pero tras toda fiesta viene, en muchos casos, la correspondiente resaca.
Los ayuntamientos y Comunidades Autónomas (CCAA) cuyos candidatos, ahora en campaña, se afanan en mostrar las bondades de sus años de mandatos esconden en sus despachos algunos trapos sucios peligrosos para la economía. Semienterrados y ocultos durante el periodo de campaña se acumulan grandes cantidades de facturas por pagar a miles de empresas. Estas empresas se están ahogando financieramente poco a poco debido a que en la mayoría de los casos no pueden llevar las facturas al descuento porque las entidades financieras no se fían ya de que algunos ayuntamientos paguen.
Tras las elecciones, estas facturas saldrán a la luz y los ayuntamientos deberán hacerles frente y pagar las consecuencias de los años de gasto desbocado.
Si bien durante el último ejercicio el gobierno central se ha esforzado por contener el déficit y mantenerlo dentro del Pacto de Estabilidad, no han actuado de igual manera los entes locales. Entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el déficit acumulado es del 15,3%, más del doble que en 2007. Todo ello suponiendo que no se maquillen las cuentas.
A día de hoy el control de la deuda de los ayuntamientos y las CCAA es uno de los principales miedos de los inversores que financian la deuda española. Las CCAA y los ayuntamientos son totalmente dependientes de las transferencias que le hace el gobierno central y, en caso de quiebra de algún ayuntamiento, el estado debería asumir los costes y es por ello que los déficits de estos entes preocupan a los inversores. Por ello el gobierno central está haciendo un esfuerzo titánico por forzar a las demás administraciones a contener su gasto y reducir costes. Pero, con las elecciones a la vista, pocos políticos se atreven a sacar la tijera.
Como ejemplo de lo que puede pasar tras las elecciones, podemos tomar a Cataluña. Tras la victoria de CiU, el gobierno se encontró con unas cuentas desastrosas, con multitud de facturas por pagar y un acceso al mercado muy caro. Ante este panorama, el gobierno catalán, tomó la determinación de reducir drásticamente el déficit.
En esta drástica reducción del déficit nos encontramos con una clara víctima, los ciudadanos. Son ellos los que realmente financian al estado, los que ven como sus servicios se ven reducidos y ven como el Estado del Bienestar se desvanece. Pero detrás de estos ciudadanos están las empresas que prestan servicios a las CCAA y a las administraciones locales. Ante la convocatoria de elecciones, las administraciones han retrasado más si caben los pagos a las empresas. En determinadas CCAA los pagos se han retrasado hasta llegar a los dos años.
A las administraciones públicas parece no importarles lo más mínimo la entrada en vigor de la Ley de Morosidad que indicaba que la demora máxima de las AA PP no podía superar los 50 días este año, 40 días en 2012 y 30 días a partir de 2013.
Parece pues que no es oro todo lo que parece y que las administraciones públicas españolas se encuentran en una encrucijada. Habrá que esperar a después de las elecciones para conocer la profundidad de las deudas que realmente tienen los entes públicos pero parece que el panorama no es nada halagüeño. Esperemos que este tiempo que hemos perdido no sea vital para la recuperación del país.
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