No es mi intención defender la forma en la que se trabaja en la administración de justicia, pero es significativo que una persona bien informada, que conoce los juzgados, como Tristán, crea que los secretarios o los jueces dirigen las oficinas judiciales. Nada más lejos de la realidad. Voy a intentar hacer un resumen:
1) Los jueces. Dependen del CGPJ. Ni dirigen ni organizan nada, carecen de cualquier tipo de competencia -por pequeña que sea- sobre el personal de la oficina. Si hay un problema con un funcionario, no pueden hacer mucho más que enviar un escrito a la administración, que lo tirará a la papelera, en cuanto los sindicatos protesten un poquito.
2) Los secretarios. Dependen del ministerio de justicia. Ostentan lo que se llama la "dirección procesal", es decir, deben orientar e indicar a los funcionarios en cuanto a la tramitación de los asuntos. Sin embargo, sus facultades empiezan y acaban ahí, de manera que a un funcionario puede salirle completamente gratis no hacer ningún caso o incluso desobedecer abiertamente. Entonces, ¿quién es el "jefe" de los funcionarios? Lo veremos en el siguiente punto.
3) Las administraciones gestoras de los medios personales. Hay que ponerlo en plural, porque puede ser el ministerio o la comunidad autónoma en algunos casos (v. gr., en Madrid). Sea el ministerio o la consejería, estos sí tienen competencias "de verdad": potestad disciplinaria, concesión de permisos, retribuciones complementarias... El problema es que resulta imposible ejercer estas competencias sin estar presente en la oficina, y la administración responsable no lo está. A lo más que han llegado (algunas) es a obligar a los funcionarios a "fichar". Un elemento muy importante en este "puzzle" son los sindicatos, que aprovechan como nadie la debilidad estructural del sistema. La administración no da un paso sin contar con ellos.
4) Las administraciones gestoras de los medios materiales. Como en el caso anterior, puede ser el ministerio de justicia o la comunidad autónoma. Unos por otros, la casa sin barrer.
Aunque la realidad es aún más complicada, me parece que con lo dicho basta. Todos disponen y nadie manda. ¿Puede concebirse un sistema más absurdo? Cualquier iniciativa de cambio tiene que naufragar en tan procelosas aguas. Para dar el mínimo paso (por ejemplo, una informatización digna de ese nombre), hay que contar con todos esos organismos e instituciones. Esto suele hacerse a través de innumerables comisiones y de reuniones mixtas, que terminan por ser objetivo en sí mismas y por reemplazar a la acción: en vez de "hacer", nos reunimos para ver "qué hacer". Y así llevamos, al menos, treinta años.
La AEAT o la Diputación Foral pueden funcionar porque allí manda alguien y todo el mundo lo sabe. En la justicia no fallan la "dirección y organización", sino que no existen ni la una ni la otra. Es un barco sin timón y sin timonel y por eso cada juzgado es un mundo, en el que el ciudadano o el profesional está en manos de la buena o mala voluntad del funcionario concreto que le toque.
