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Compra-venta de acciones a nombre de personas fallecidas
De estos pormenores informáremos ampliamente, pero como muestra un botón: a través de una de esas cuentas, cuyo titular era la afectada, se realizaron compra-venta de acciones a nombre de personas fallecidas hace 20 y 25 años y las plusvalías generadas se derivaron a otra cuenta 'desconocida'. Todas estas 'actuaciones' sin conocimiento de la afectada.
Posteriormente, Banesto, a instancias de un Juzgado, certificaba, esta vez sí, que esa cuenta si existía. Con estos antecedentes, la mencionada S.G.C., cayó en las 'garras' de AUSBANC: pagó su cuota de alta como asociada, 580 euros, encargando la defensa de sus intereses a los servicios jurídicos de AUSBANC, así como las mensualidades de estos dos últimos años.
Ante el silencio tanto de AUSBANC como del propio Banesto, la afectada requirió respuesta de la Asociación de Luis Pineda. Su sorpresa fue mayúscula. Se realizaron gestiones extrajudiciales y, presuntamente, se alcanzaron una serie de 'acuerdos extrajudiciales', aún sin determinar, con la entidad de Ana Patricia Botín sin comunicárselo, ni el Banco ni la Asociación de Usuarios, a la afectada. La actitud de AUSBANC fue denunciada ante la Consejería de Consumo de la Comunidad Autónoma de Madrid ,que planteó un Arbitraje a Luis Pineda y que éste rechazó.
Muchas interrogantes por resolver
Ahora, un Juzgado de Guardia recibirá una denuncia por un presunto delito de estafa contra la mencionada asociación y su presidente, Luis Pineda Salido. La decisión de S.G.C., tras varios años de silencio por parte del Servicio de Atención al Cliente de Banesto, ha sido la de interponer la mencionada querella criminal contra Banesto. Al margen del daño moral, el económico se cifra en más de 500 millones de las antiguas pesetas.
25/01/2007
- Extraconfidencial.com únicamente se limita a transcribir la información que ha llegado a su poder. Una sociedad adquiere un local que, hasta la fecha de adquisición, fue propiedad del BBVA. Cuando los legítimos propietarios ocupan el inmueble se encuentran, para su sorpresa, y entre otros, los siguientes objetos y documentos: “Distintos sellos bancarios, bacaladera para tarjeta VISA, evaluación de empleados del año 2001, libros de registro de arqueo (1992-1999), datos efectos cartera, fichas de clientes, entre 700 y 800, cartones de cuentas con originales de firmas, originales de ingresos-trasferencias con nombres, número de cuenta corriente y NIF...”
¿Alguien da más? ¿Doble juego de la APD? Los legítimos propietarios del local, abrumados por la información supuestamente confidencial, se apresuran a contactar con el BBVA. Todo muy legal. Vía directa con el presidente Francisco González. Para su sorpresa, tras una reunión con un interlocutor designado por el BBVA, reciben una notificación de la Agencia de Protección de Datos (APD), en la que les requiere, incluso podríamos decir que se les conmina, a dar explicaciones del suceso y, más aún, se les requiere a entregar la referida documentación.
¿Y no debería ser al contrario? ¿No debería la APD reclamar al BBVA explicaciones del por qué de la pérdida de esa documentación? Como decíamos, llueve sobre mojado. Los supuestos portavoces del Banco requirieron, incluso vía notarial, la devolución de la información bancaria que la entidad de Francisco González, una vez más, despistó.
Lo más curioso del caso es que la figura de Luis Pineda Salido, presidente de AUSBANC, vuelve a emerger en este turbio asunto. Los denunciantes, que aseguran su única intención era devolver la delicada documentación al Banco, advirtieron a la entidad con denunciar los hechos ante las autoridades competentes: la CNMV, la APD, la Consejerías de Consumo de la Comunidades Autónomas...
Y de nuevo AUSBANC
Y cual fue su sorpresa que, ante el silencio del BBVA, y cuando se personan en las oficinas de AUSBANC, su presidente, se ofrece para, otra vez más, soluc