La tortura en España
En febrero pasado hizo 35 años de la muerte por torturas de Joxe Arregi. La imagen de su cuerpo inerte, lleno de cicatrices, erosiones y hematomas evidenciaba el ensañamiento a que había sido sometido durante su paso por comisaría. Tal y como certificó el titular del juzgado de instrucción número 13 de Madrid, José Antonio de la Campa, el militante abertzale había sufrido "un fallo respiratorio originada por un proceso broncopneumònic con un intenso edema pulmonar". De acuerdo con la autopsia, la muerte había sido causada por las "violencias físicas" que le habían propinado cinco funcionarios de la policía española adscritos a la Brigada Regional de Información. Meses más tarde, los dos únicos condenados fueron indultados por el gobierno de Adolfo Suárez.
Veinte años después de aquel episodio, unas nuevas imágenes estremecedoras saltaron a la palestra. Se trataba del rostro ensangrentado de Unai Romano, un joven de Vitoria arrestado como presunto colaborador de ETA en diciembre de 2001. Romano había pasado cinco días incomunicado en las dependencias de la Audiencia Nacional española en Madrid, donde un elevado número de guardias civiles lo sometió a un verdadero calvario de abusos físicos y psíquicos, a raíz de los cuales necesitó atención hospitalaria. Tras salir en libertad, dejó por escrito su periplo infernal en una carta: "Me cogen entre unos cuantos y me golpean más fuerte en la cabeza. Se relevante. Me ponen los electrodos con una porra eléctrica en los genitales, en la parte superior y detrás de las orejas. También me ponen la bolsa y me siguen golpeando ... ".
Los autores explican que se han analizado 22.000 documentos y se han recogido 900 testimonios en audio y vídeo a fin de "tener la convicción de que los casos están bien acreditados"
Las imágenes de Joxe Arregi y Unai Romano permanecen en la memoria colectiva por su crueldad. Al igual que la estampa del joven Igor Portu, entubado en una Unidad de Cuidados Intensivos tras ser detenido a raíz de la operación contra el comando Donosti de ETA en enero de 2008. Para las lesiones que sufrió, dos años después, cuatro guardias civiles fueron condenados por abusos y lesiones, lo que reveló nuevamente la existencia de la tortura en el Estado español.
La huella del horror
Arregi, Romano y Portu son la punta del iceberg de una práctica que ha tenido lugar de manera sistemática en el Estado. Así lo señala el reciente informe elaborado por el prestigioso antropólogo Paco Etxeberria, según el cual más de 4.000 personas han sufrido torturas en el País Vasco entre los años 1960 y 2013, el equivalente a uno y medio por semana.
A la izquierda, el antropólogo forense Paco Etxeberria, autor del estudio, con el secretario general de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco, Jonan Fernández / Irekia
El informe de Etxeberria, en el que ha colaborado el secretario general de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco Jonan Fernández, documenta hasta 4.009 casos, 3.577 de los cuales ya han sido homologados por la Comisión de Ética de la Universidad del País Vasco. Para llegar a este registro, los autores explican que se han analizado 22.000 documentos y se han recogido 900 testimonios en audio y vídeo a fin de "tener la convicción de que los casos están bien acreditados". A tal efecto, los expertos han aplicado los criterios que fija el Protocolo de Estambul de las Naciones Unidas, gracias al cual se ha podido confirmar que el 89% de las denuncias estudiadas ofrecían una gran consistencia y tan sólo se habían de descartar un 2%.
Según Etxeberria, puede que el censo definitivo sobrepase los 5.000 casos, ya que "mucha gente no ha dado su testimonio" por el temor de revivir los hechos
Con todo, el informe dirigido por el actual director del Instituto Vasco de Criminología advierte que los 4.009 casos sólo son un recuento provisional, que no incluye los que están en curso de investigación ni las personas que han sufrido torturas más de una vez (aproximadamente, un 17% de las denunciantes). Esto puede hacer, según Etxeberria, que finalmente el censo sobrepase los 5.000 casos, teniendo en cuenta que "todavía hay mucha gente que no ha dado su testimonio" por el temor de revivir el calvario sufrido. Hay que recordar que un 5% de las torturadas presentan secuelas psicológicas por las que serían necesarias "medidas asistenciales y específicas", asevera el estudio.
Paco Etxeberria, que ha contado con el asesoramiento de los expertos en resolución de conflictos Carlos Martín Beristain y Laura Pego, concluye que la tortura fue especialmente intensa durante la década de los 70 y los 80 y decreció durante los años 90 y el primer tramo del nuevo siglo, si bien el goteo de denuncias no se ha detenido. El número de personas afectadas sólo ha disminuido notablemente en los dos últimos años, en gran parte debido a la falta de arrestos bajo la ley antiterrorista.
En febrero pasado hizo 35 años de la muerte por torturas de Joxe Arregi. La imagen de su cuerpo lleno de cicatrices, erosiones y hematomas evidenciaba el ensañamiento a que había sido sometido
Sin embargo, el informe pone de manifiesto el uso habitual de la tortura en este medio siglo de análisis, especialmente en personas detenidas por la Guardia Civil y la Policía Nacional española, contra las que se han aplicado métodos de asfixia -caso del conocido como la bolsa- y de extenuación física, además de electrodos o la llamada bañera. Prácticas de ensañamiento que no han desaparecido por la desidia de las instituciones, que, lejos de poner remedio, han incumplido el protocolo relativo a los reconocimientos médicos y las recomendaciones adoptadas por el Comité para la Prevención de la Tortura o los preceptos establecidos la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Un tratado, este último, que el Gobierno firmó en 1985, pero que ha ignorado sistemáticamente, lo que ha permitido que se continuara practicando la tortura en los centros de detención, según el informe.
Luz en la impunidad
Pese al balance que dibuja el informe de Etxebarria, la tortura ha ido aflorando entre la opinión pública y, a medida que las denuncias han llegado a los despachos, España ha quedado en entredicho para intentar ocultarla. Una prueba de ello son las ocho las condenas que han recibido las autoridades españolas por no investigar los malos tratos cometidos por las fuerzas policiales.
La primera de las condenas tuvo lugar en 2004, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado español por inhibirse ante las denuncias de torturas de los independentistas catalanes detenidos en el marco de la operación Garzón , 1992. Un dictamen al que se añadieron, poco después, las condenas por no esclarecer las denuncias de los guipuzcoanos Mikel San Argimirio e Iker Beristain ni responder a la interpuesta por el ex director de Egunkaria, Martxelo Otamendi, que también denunciaron que habían sido víctimas de la tortura.
En 2004, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado español por inhibirse ante las denuncias de torturas de los independentistas catalanes detenidos durante la operación Garzón
En el capítulo de sentencias, hay que sumar las referidas a los activistas vascos Beatriz Etxebarria, Ohiana Ataun y Patxi Arratibel, además de la emitida en mayo de este 2016, en el que el TEDH hace responsable al Estado por no investigar los abusos de la que fue objeto Xabier Beortegi, arrestado en 2015 por la Guardia Civil y que, a raíz de su detención, recurrió a la justicia.
Al relato sobre la tortura, también han contribuido las películas sobre los militantes vascos Josean Lasa y Joxi Zabala, torturados y asesinados por los GAL en 1983, y el proyecto de documental Objetos perdidos, presentado este mes de junio con el propósito recordar el caso de Mikel Zabalza, torturado y muerto a manos de la Guardia Civil en 1985. en línea con esto, el informe de Paco Etxeberria abre el foco de la historia y la radiografía de esta práctica ignominiosa que, a pesar de los tímidos avances, subsiste en las tripas del Estado.