Dedicado a los independentistas catalanes

Fuga de empresas y de capitales. No hay día sin noticia de que una gran o mediana empresa se va de Cataluña ante la ausencia de estabilidad política y garantías jurídicas. El proceso separatista causa perjuicios ingentes en la economía de la comunidad; daños colaterales, según los nacionalistas, que no podrán detener el camino hacia la plena soberanía. Al derrumbe económico le acompaña el colapso financiero de la Generalidad, que ha vaciado las arcas propias y las del resto de España en fastos sobre la Guerra de Sucesión, propaganda contra los españoles, embajadas en el exterior, estructuras de Estado y otras delirantes mandangas a mayor gloria del nacionalismo pujolista y del despilfarro. La Generalidad tiene un comisionado para la transición nacional, un consejo de notables al efecto y hasta una comisionada para la transparencia, Núria Bassols, magistrada del TSJC en excedencia que se resiste a dimitir a pesar de que su propio marido, exalcalde convergente y constructor, está imputado por el 3%.

También tiene un jefe de la agencia tributaria propia que se pidió otra excedencia en la Agencia Tributaria para montar la hacienda catalana. Y ahí está el hombre, con una decena de inspectores del Estado fichados a golpe de talonario, también en excedencia, diseñando el IRPF catalán, como si esto fuera Hollywood en los tiempos de Xavier Cugat. Joan Iglesias Capellas es el jefe de los intocables tributarios de Mas con el cargo de asesor de la presidencia, una luminaria cienmileurista que declaró que en Cataluña hay contribuyentes "pero lo que nos falta es soberanía fiscal". Si lo del Estado propio no chuta, se puede volver a lo suyo sin problemas. España es asín, colega.

Así que tienen jefe de hacienda, hacienda y contribuyentes. Lo que no tienen en la Generalidad es vergüenza, razón por la que han recortado por lo social para insuflar morteradas de millones en el estragante procés. Los sueldos de ese probo funcionario (que tiene la moral de un profesional y juega donde más pagan), así como el del exvicepresidente del Tribunal Constitucional, y Gran Cruz de Isabel la Católica, Carles Viver Pi-Sunyer (el comisionado de la transición que dirigió los trabajos previos sobre los que se asienta la desconexión catalana), o el de la antedicha Núria Bassols proceden del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y son prioritarios. Nada de farmacias, residencias de ancianos, hospitales o dependencia. Aquí de lo que se trata es del Estado propio, de la justicia a la carta y el negocio del 3%. ¿Que el tejido industrial se deshace? Sin problemas. ¿Que huyen las empresas y se alejan las inversiones? Tanto da. ¿Qué está en riesgo del futuro de millones de personas, sus salarios, su convivencia, sus vidas, afectos y profesiones? Eso a Mas le deja frío. Él está a lo suyo, de rodillas ante la CUP para alargar su agonía y rematar el proceso. Tierra quemada tras la retirada de los Pujol y Convergencia. Han volado todos los puentes.

Con todo y a pesar de todo, Mas se queja de que Rajoy no le llama para lo del terrorismo. A él, que es el presidente de la Junta de Seguridad de Cataluña y, sobre todo, "representante ordinario del Estado en Cataluña", como dijo en su última rueda de prensa. ¡Representante ordinario del Estado en Cataluña! No tiene morro, no. Lo que tiene es un rostro de hormigón armado y el peligro de un primate con un hacha. Y ahí sigue, al frente de una institución en quiebra, un partido podrido y del Estado en Cataluña. Tiene su mérito. Compartido, eso sí, con el Gobierno de España.

ERC advierte a la CUP: «Sin Mas no habrá independencia»

El cabeza de lista de ERC en las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha advertido hoy a la CUP que "el adversario político es el PP, Ciudadanos y el PSOE" y no Artur Mas, porque sin este último "no habrá independencia".

Tras la liquidación de la declaración soberanista el pasado año, el Estado de Derecho ha ganado el segundo asalto del desafío independentista en Cataluña. Por unanimidad y de forma fulminante, el Pleno del Tribunal Constitucional anuló ayer la resolución del «Parlament» que proclamaba la «desconexión» de las instituciones y el inicio de un proceso constituyente situado al margen de la ley. Para el órgano de garantías, la iniciativa de la Cámara autonómica es nula desde el momento en que vulnera de forma unilateral el orden constitucional que sustenta su propia autoridad. Frente a la Carta Magna «se contrapone un poder que se reclama depositario de la soberanía» y desde el que lleva a cabo una negación del vigente ordenamiento constitucional. «Se trata de la afirmación de un poder que se pretende fundante de un nuevo orden político y liberado de toda atadura jurídica», dice.

Veinte días -frente a los cinco meses prorrogables que tenía de plazo para levantar o ratificar la suspensión-, han sido suficientes para que el Tribunal Constitucional haya liquidado la iniciativa independentista en una sentencia en la que no hay apercibimiento alguno a los 21 cargos que sí señaló hace un mes en la providencia de suspensión. Dado que la propia Constitución otorga a las sentencias del TC «plenos efectos frente a todos», los magistrados ni siquiera debatieron la posibilidad de señalar a personas concretas, señalaron fuentes del Tribunal.

Soberanía solo hay una
El camino hacia la nulidad ya lo había marcado hace apenas unos meses el propio TC con la declaración soberanista de Artur Mas. De ahí que las referencias a aquella sentencia sean continuas en el fallo notificado ayer, cuyo eje lo constituyen la soberanía nacional, la unidad de España y la Constitución como cumbre del ordenamiento jurídico. No hay legitimidad alguna al margen de la Carta Magna, recuerdan los magistrados, que recuerdan que todo es revisable, pero en el marco de una reforma constitucional. «Cuando se pretende alterar el orden constitucional de manera unilateral y se ignoran de forma deliberada los procedimientos expresamente previstos a tal fin en la Constitución, se abandona la única senda que permite llegar a ese punto, la del Derecho».

Tras justificar la «prioridad en la resolución de este recurso» en su «trascendencia constitucional», el Pleno asegura que la resolución impugnada contrapone el supuesto alcance del «mandato democrático» recibido por el Parlamento de Cataluña (en las elecciones del 27 de septiembre) o el «carácter legítimo y democrático» de esa Cámara a la legalidad y legitimidad de las instituciones del Estado, en particular de este Tribunal Constitucional, al que se considera directamente «carente de legitimidad y competencia», sostiene en referencia a la desobediencia a la que llama la resolución.

Los magistrados señalan que cuando el Parlamento de Cataluña aprobó esta resolución estaba excluyendo la utilización de los cauces constitucionales para la conversión de esa comunidad autónoma en un «estado independiente». Prueba de ello es que la Cámara autonómica proclama la apertura de un proceso constituyente «que no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español», un proceso en el que, además, insta al «futuro gobierno» catalán «a cumplir exclusivamente las normas o mandatos emanados de esta cámara».

Para el TC, la cuestión no es si unas u otras de las medidas anunciadas son compatibles o no con la Constitución. «El asunto de relieve jurídico-constitucional es ahora que tales medidas se requieren del futuro gobierno sobre la base de la proclamación que la Cámara hace de sí misma como depositaria de la soberanía y expresión del poder constituyente». En definitiva, son medidas a las que emplaza alguien (el Parlamento) desde una posición de «ajenidad al ordenamiento constitucional».

Los magistrados recuerdan que la soberanía de la nación conlleva necesariamente su unidad, «y así lo proclama, como es notorio, el artículo 2» de la Carta Magna. «La unidad del sujeto soberano es fundamento de una Constitución mediante la que la nación misma se constituye, al propio tiempo, en Estado social y democrático de Derecho. Se trata de un Estado también único o común para todos y en todo el territorio (...)».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aplaudió la decisión del TC, pues «alegra, y mucho, a la inmensa mayoría de los españoles que creemos en España, en la soberanía nacional y en la igualdad de los españoles».

Por su parte, desde la Generalitat, su consejero de Justicia, Germà Gordó, afirmó que «siempre se tiene que respetar todo, solo faltaría», y defendió buscar una «salida» desde la política.