17 empresas pagaron a Jordi Pujol Ferrusola ocho millones por servicios inexistentes
Un informe de la UDEF revela que el hijo mayor de Jordi Pujol cobraba a empresas contratistas de administraciones públicas de Cataluña a cambio de trabajos que no se realizaron, lo que apunta a que se trata de comisiones ilegales. Entre ellas se encuentra EMTE -propiedad de Carles Sumarroca Coixet, muy vinculado al ex presidente autonómico- y COPISA -relacionada con el presunto pago de comisiones ilegales a CDC a través del Palau de la Música-.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señala que tres empresas controladas por Jordi Pujol Ferrusola -hijo mayor del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol Soley- y por su esposa, Mercè Gironés Riera, recibieron en cuatro años más de ocho millones de euros procedentes de 17 empresas privadas -todas ellas contratistas de administraciones públicas de Cataluña- a cambio de servicios inexistentes, lo que apunta a que se trata de comisiones ilegales.
Según publica este miércoles El País, este informe es el resultado de cuatro meses de investigación y ya estaría en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que ha citado a declarar al matrimonio para el próximo 15 de septiembre como imputados por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública. Ruz también ha cursado una comisión rogatoria a Andorra en la que pide información sobre sus cuentas bancarias.
Los empresarios, incapaces de justificar los pagos
Para elaborar el informe la policía se ha entrevistado con decenas de empresarios que han intervenido en esas operaciones, y han comprobado que estos no aportaban documentación creíble sobre los supuestos tratos comerciales.
Entre los casos descubiertos se encuentran la empresa EMTE, propiedad de Carles Sumarroca Coixet, muy vinculado a Jordi Pujol Soley, y el Grupo COPISA. Esta última donó 60.000 euros a la Fundación Trias Fargas -vinculada a CDC- y participó, entre otras, en las obras del Palau de la Música, de la Ciudad de la Justicia y de la Línea 9 del Metro de Barcelona, todas ellas relacionadas con el presunto pago de comisiones ilegales a CDC según la instrucción del caso Palau de la Música.
Los investigadores de la UDEF muestran su extrañeza ante el hecho de que estas empresas pagasen a Jordi Pujol Ferrusola por asesorarles en materias tan variopintas como "la intermediación inmobiliaria en distintas zonas de España, el negocio de las refinerías petrolíferas, el desarrollo de plantas fotovoltaicas o la actuación como broker especialista en compraventa de participaciones de diversas sociedades mercantiles".
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