Y estos ¿a quien defienden?
Los defensores del pueblo autonómicos cuestan 8 veces más que el nacional
Amparar a todos los españoles, sin distinción de su lugar de procedencia dentro del país, sale mucho más barato, hasta ocho veces menos en algunos casos, que multiplicar la institución (actualmente existen otras 11) para adaptarse a las peculiaridades de cada comunidad autónoma.
Si el coste de un defensor del pueblo se mide poniendo en relación el dinero público que absorbe, según los Presupuestos Generales, con el uso que de él hacen los ciudadanos (que se traduce en número de quejas presentadas al año), Soledad Becerril, la exministra que ocupa ese cargo a escala nacional es todo un ejemplo de eficiencia, en relación con sus homólogos regionales.
En las cuentas del Estado para 2013, la partida correspondiente al departamento que encabeza Becerril apenas supera los 14 millones de euros. En un año como 2011 (el más reciente en el que casi todos los defensores tienen su memoria de actividad completada), los ciudadanos le hicieron llegar 23.875 quejas.
En otros términos, poner en marcha la maquinaria para proteger a un español frente a una supuesta acción arbitraria de alguna Administración supone aproximadamente 587,28 euros. Ese coste se dispara hasta más de 4.800 en el caso de la protectora de los asturianos, María Antonia Fernández. La procuradora general, como allí se la denomina, tuvo una asignación de 1,2 millones de acuerdo con los últimos presupuestos regionales; más que de sobra para atender las 244 quejas que llegaron a la mesa de Fernández en 2010.
Ni siquiera están cerradas las memorias de los años posteriores, pero no es de esperar una mayor confianza de los asturianos en su procuradora, dado que el número de apelaciones presentadas no deja de descender desde el pico (de 351) propio de 2007. Y eso que la crisis económica no ha hecho más que arreciar desde entonces.
"Desconocimiento general"
Pero, por apurada que sea la situación, de poco sirve un cargo al que rodea la "desconfianza" y "el desconocimiento generalizado" sobre sus funciones, según ha llegado a reconocer en sus propias evaluaciones internas la Diputación del Común de Canarias, ahora ocupada por el expolítico Jerónimo Saavedra.
Ese desapego de los canarios a quien se supone que los defiende ha hecho que, de 2.248 quejas presentadas en 2008, se haya pasado a 1.217 en 2011. Y mientras los costes se han disparado, hasta los 2.000 euros por queja; no en vano la asignación de recursos al diputado del común canario son generosas: 2,5 millones en 2012.
Es indudable que tener un defensor del pueblo propio tiene un precio que puede ser muy alto. En tiempos de vacas gordas, como en el año 2007, el síndic de greuges de Cataluña llegaba a percibir 13 millones de euros del erario público. Ahora, su asignación se ha reducido a 7 millones en 2013, pero sigue resultando caro en relación a su homólogo estatal.
En 2011, la institución que ahora encabeza Rafael Ribó recibió 8.065 quejas, lo que supone un coste por cada catalán desamparado de 867,8 euros, frente a los 587 de que puede presumir Becerril.
Un total de más de 31 millones
De hecho, sumando las partidas que recibirán durante este ejercicio todos los ombudsmen (así se denomina internacionalmente a este tipo de cargos) que ejercen en las comunidades autónomas el monto total supera los 31 millones de euros; dicho de otro modo, suficiente para garantizar el funcionamiento de dos departamentos como el del defensor estatal del pueblo y todavía sobraría dinero.
No es de extrañar, en consecuencia, que las réplicas autonómicas de Becerril atraviesen horas bajas y se hallen cuestionadas. Hasta el punto de que, ya en 2012, tanto Castilla La-Mancha como Murcia decidieron suprimir sus respectivos defensores, mientras en Navarra se planteaba el debate sobre al necesidad de hacerlo y, en La Rioja, el puesto quedaba vacante, tras la dimisión de su última titular, María Bueyo Díez Jalón.