¿Qué está pasando en España? Los datos lo muestran con toda claridad. Estos datos señalan un enorme desempleo, que va acompañado de una tasa de empleo bajísima (es decir, que el porcentaje de la población adulta que trabaja es muy, pero que muy bajo); un gran aumento de la pobreza (uno de los mayores en la Unión Europea); una bajada de salarios (también de los más bajos de la Unión Europea); una reducción del gasto público en servicios básicos como la sanidad, la educación o la vivienda; y así podríamos añadir más y más hechos que están afectando muy negativamente al bienestar y calidad de vida de las clases populares, que son la gran mayoría de la población. Todos estos hechos están causados en gran medida por el enorme dominio que el capital financiero (y muy en especial las instituciones bancarias) tiene sobre la gobernanza del sistema económico (y, a través de él, del sistema mediático y político del país), anteponiendo sus intereses económicos particulares a los intereses generales de la población. Una consecuencia de este enorme dominio es el escaso crecimiento económico que estamos experimentando resultado de que las instituciones bancarias quieren anteponer el control de la inflación (el enemigo número uno de la banca) al crecimiento económico, facilitando así la destrucción de empleo, la bajada de salarios y la reducción del consumo. Cualquier estudioso y conocedor del sistema económico puede ver que las políticas de austeridad (que están haciendo un enorme daño al bienestar de las clases populares) son parte de las políticas públicas impuestas por el Estado, siguiendo las instrucciones de las instituciones financieras, con el objetivo de optimizar sus beneficios (ver V. Navarro y J. Torres, Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero, 2012).
Ni que decir tiene que tales políticas son sumamente impopulares. Su aplicación es causa del gran deterioro de la legitimidad de las instituciones democráticas representativas, que de una manera creciente se perciben que no les representan y que no defienden sus intereses. En realidad, el aumento tan notable de las izquierdas radicales en las últimas elecciones al Parlamento Europeo es un claro ejemplo del rechazo popular a dichas políticas de austeridad, así como al intento del capital financiero de disminuir los salarios y la demanda de productos y servicios por parte de las clases populares.
Basado en lo dicho anteriormente, me parecería un profundo error que, inmediatamente después del resurgir de las izquierdas radicales, estas dijeran que este descenso del crecimiento económico y de la demanda es, después de todo, bueno para las clases populares, y que la austeridad es también algo que las beneficia. La utilización, con connotaciones positivas, de estos términos y conceptos, como decrecimiento y austeridad (que han sido promovidos por las derechas más reaccionarias que el país haya tenido durante la época democrática) me parece, además de un profundo error, un acto de suicidio político. Decirles a dichas clases populares que este descenso del crecimiento es bueno para ellas, pues tienen que reducir su consumo (ya muy limitado), aplaudiendo la austeridad con el argumento de que les irá bien para su bienestar, será visto y percibido como un signo de falta de sensibilidad hacia sus necesidades. De ahí que aplaudir el decrecimiento y saludar la austeridad me parecería, no solo un suicidio político, sino también una gran insensibilidad social y desconocimiento del drama que las clases populares están sufriendo.
Hay otras formas de crecimiento
Si en lugar de tener (como ocurre en España) una persona adulta de cada diez trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a personas con dependencias, y un largo etcétera) tuviéramos alrededor de una de cada cuatro (como en algunos países nórdicos en Europa, que han tenido históricamente movimientos progresistas, hegemonizados por las izquierdas -que han gobernado aquellos países durante la mayoría de años después de la II Guerra Mundial-), tendríamos seis millones más de trabajadores, eliminando el desempleo. Y si en lugar de trabajar cinco días a la semana lo hicieran cuatro, los nuevos puestos de trabajo serían nueve millones. Estos trabajadores no estarían consumiendo materias finitas, pues estarían proveyendo servicios personales, la parte de la actividad económica que es, por cierto, la menos desarrollada de la economía española, en parte como consecuencia del escaso poder, no solo de las clases populares, sino también de la mujer, que es la que está sobrecargada con este tipo de trabajos (como consecuencia, las mujeres españolas tienen tres veces más enfermedades causadas por el estrés que los hombres).
Se me dirá que, al tener seis o nueve millones de personas trabajando en lugar de estar parados, consumirán, por ejemplo, más recursos que son finitos. Y el caso que siempre aparece es el de las energías no renovables: el petróleo, el carbón, etc. Ahora bien, hay otras alternativas. La mayor fuente de energía hoy existente en el mundo es la energía solar, que, por cierto, está muy poco desarrollada, en parte por el enorme poder que tienen las empresas de energías no renovables sobre los Estados. Como bien indicó el padre del ecologismo progresista en EEUU, el profesor Barry Commoner (que criticó extensamente la visión maltusiana del ecologismo conservador de Paul Ehrlich, el autor más conocido en España, galardonado paradójicamente por el gobierno Tripartito en Catalunya), muchas veces en la historia de la humanidad la definición de finito se ha redefinido, encontrando alternativas (ver los trabajos de Commoner en mi blog).
http://www.vnavarro.org/?p=11148
Un saludo
