Afinsa- Forum. El Gobierno sube la cifra de afectados a 350.000

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ELMUNDO.ES | AGENCIAS
MADRID.- El Gobierno ha confirmado que hay 350.000 afectados en la operación judicial realizada hoy en las sedes de las sociedades de bienes tangibles Fórum Filatélico y Afinsa. Se trata de una "estafa masiva", dijo Fernando Moraleda, secretario de Estado de Comunicación, que tuvo lugar entre los años 1998 y 2001.

Sin embargo, el supuesto delito pasó desapercibido hasta que una inspección tributaria lo detectó en el año 2003. En ese momento, y al considerar que había materia delictiva, la agencia tributaria trasladó el caso a la fiscalía anticorrupción, que ha investigado la trama hasta la operación de hoy, que se ha saldado con el registro de varias oficinas de ambas sociedades en todo el país y nueve detenidos.

Moraleda admitió también que los afectados no están cubiertos ni por el fondo de garantía del Estado ni por el fondo de garantía de inversiones. Las compañías que invierten en bienes tangibles no tienen una regulación específica, aunque la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva les dedica una disposición adicional en la que, incluso, les prohíbe utilizar en su denominación o publicidad los términos "financiero" o "colectivo". Las competencias sobre la inversión en estos bienes recaen en el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo.

'Operación Atrio'
Los agentes han detenido a nueve personas y desalojado las sedes de ambas sociedades en las calles madrileñas de José Abascal -Fórum- y Génova -Afinsa-. Además, se han registrado sedes empresariales y domicilios particulares en Madrid, Barcelona, Vigo y Valladolid.

Las actuaciones, que han recibido el nombre de 'operación Atrio', responden a una querella de la Fiscalía Anticorrupción -tras una denuncia previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)- por presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental.

La supuesta estafa, de carácter 'piramidal', supone la utilización de las inversiones más recientes para pagar supuestos intereses a los inversores más antiguos, sin llegar realmente a realizar las operaciones ofertadas.

El sistema consistía en captar pequeños ahorradores que invertían en sellos, generalmente a partir de 300 euros, con la promesa de un interés de un 6% anual y de que sus productos se revalorizarían.

Los inversores nunca veían los sellos, sino que se limitaban a depositar las cantidades en esas entidades, explicaron fuentes de la Audiencia Nacional, que aseguraron que si los clientes exigieran la devolución de sus inversiones supondría la quiebra de las empresas ya que nunca podrían devolver el dinero. En estas dos sociedades podrían haber invertido cerca de 300.000 personas.

Fuentes de la Audiencia Nacional informaron de que el proceso habitual en este tipo de operaciones es el bloqueo de las cuentas bancarias de las dos entidades y la designación de un administrador judicial para gestionarlas.