INTERVIU
04/05/09
El agujero patrimonial de Fórum Filatélico y Afinsa es tan grande que con el dinero que falta se podría pagar durante un año todo el sistema sanitario español. 4.511 millones de euros faltan en las arcas de las dos sociedades, según los administradores judiciales. El 9 de mayo de 2006, agentes de la policía coordinados por la Audiencia Nacional intervinieron las sedes de las dos empresas, bajo la sospecha de que su negocio era en realidad una estafa piramidal. El problema es que las dos firmas dedicadas a la inversión filatélica llevaban 27 años operando. Y 460.000 españoles les habían confiado su dinero. Algunos, pequeñas cantidades. Otros, los ahorros de toda una vida.
En ambos casos perdieron la mayoría de su inversión. Cuando llegaron los agentes, el dinero ya no estaba.
El principal agujero económico, que llevó a ambas empresas a la quiebra, se generó por la valoración que las dos firmas hacían de sus sellos. Según los autos judiciales, el valor de la filatelia estaba hinchado hasta diez veces. Así, mientras las cuentas de Fórum aseguraban que tenían un patrimonio de 2.000 millones de euros en sellos, los administradores judiciales han tasado esa misma mercancía en cerca de 200. Un debate que todavía hoy está vivo, ante la necesidad de vender ese patrimonio para que los afectados puedan rescatar la mayor parte de sus ahorros. En cualquier caso, los clientes compraban los sellos al precio estipulado por Fórum, por lo que la empresa llegó a ingresar 60 millones de euros mensuales, según las estimaciones judiciales. Un dinero que tampoco aparece. Puede que se marchara por la puerta de atrás, en forma de pago a otros clientes cuando los depósitos vencían. Pero la mayoría de los ahorradores reinvertía el dinero de nuevo. Por eso, la tesis judicial mantiene que el grueso del agujero de Fórum –de 2.801 millones de euros– fue vaciado de la sociedad con operaciones de ingeniería financiera y desviado a paraísos fiscales. De hecho, tres años después de la intervención, la Audiencia Nacional sigue bloqueando cuentas relacionadas con el caso en Andorra o las Islas Vírgenes. Y los agentes encargados de la investigación buscan con ahínco al financiero prófugo Carlos Llorca, que escapó de España antes de la intervención y logró burlar in extremis a la policía en Venezuela el pasado año, tras sobornar a varios agentes locales para que le escoltaran hasta el aeropuerto.
Tres ramas judiciales
La intervención de Afinsa y Fórum Filatélico se ha desgranado en tres ramas judiciales. Por un lado, la quiebra de ambas empresas supuso la apertura de un concurso de acreedores en los juzgados mercantiles de Madrid. En el caso de Fórum, sus 289.000 afectados han comenzado a cobrar el 10 por ciento de sus ahorros tras la venta de los activos filatélicos de la empresa. Los anteriores gestores intentaron reflotar la entidad mediante un convenio de acreedores, que fue rechazado por su falta de viabilidad por el juzgado. En la actualidad, los afectados quedan pendientes de la venta del patrimonio inmobiliario de Fórum, valorado en 328,74 millones de euros. Y que se ha visto ralentizada por la crisis económica. Como ejemplo, el 28 de marzo de este año se puso a la venta el antiguo palacio de los condes de Ybarra, en Sevilla. El edificio, del siglo XVI, fue restaurado por Fórum como sede regional en 2006 y ha salido al mercado por diez millones de euros. El pasado mes, varias asociaciones de afectados por Afinsa presentaron también un convenio de acreedores para evitar la liquidación de la entidad. El proyecto fue rechazado por el juzgado, entre otras causas, por la falta de solvencia del avalista, como apuntó esta revista (ver recuadro de la página 36). Sin embargo, el proceso todavía no está cerrado y los responsables de la mesa pro convenio han presentado un nuevo recurso.
La Audiencia Nacional instruye las otras dos ramas del proceso. Por un lado, sendas salas de lo Penal investigan la responsabilidad de la treintena de gestores imputados por la presunta estafa de Fórum y Afinsa. Según fuentes cercanas al proceso, la investigación se puede demorar todavía por lo menos un año. Y siguen llegando nuevas pruebas. El mes pasado, el juez Baltasar Garzón llamó a declarar a tres ex directores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la entidad encargada de controlar a las empresas financieras en España. En el trasfondo de todas las pesquisas está la posible responsabilidad patrimonial del Estado. Si se demuestra que algún funcionario o entidad pública obró de forma negligente en el control de Fórum y Afinsa, los afectados tendrían una poderosa razón para exigir que sea la Administración Central la que responda por la pérdida de sus depósitos.
Esta opción, que se dirime también en el juicio administrativo que instruye la Audiencia Nacional –la tercera rama del proceso judicial–, parece la más solvente para que los 460.000 ahorradores recuperen la totalidad de su dinero, ante la merma manifiesta de capital de las empresas intervenidas y el fracaso de los convenios de acreedores. Sin embargo, el pago de los 4.511 millones de euros que se adeudan recaería sobre las arcas estatales.