Cuando pensamos invertir en una empresa se suelen estudiar sus estados contables para analizar si es una decisión acertada o no. Es más, Warren Buffet recomienda ver no sólo los resultados del último ejercicio sino la tendencia de los últimos años, igual que el endeudamiento de la firma y la posición de fuerza en el mercado.
Pero la contabilidad puede ser muchas veces algo subjetiva a la hora de clasificar una partida, o incluso, puede ser amañada para el beneficio a corto plazo de intereses particulares como pueden ser que los resultados sean los esperados por el mercado, obtener financiación o remuneración según resultados de los directivos. Ejemplos claros son los escándalos de Enron, Worldcom, AIG pero hay otros muchos casos que no han sido tan llamativos pero que, aún así, han perjudicado a la larga a sus accionistas, al valor de la compañía, a sus empleados, etc, teniendo repercusiones muy graves.
Hasta ahora, siempre se ha legislado y regulado para evitar esta contabilidad creativa en el ámbito de la empresa privada. Y es bueno y lógico que se penalice a quien falsea los datos contables, ya que las decisiones de inversión se toman, muy a menudo, en base a los datos facilitados en la contabilidad y si esta es falsa, puede provocar la ruina de muchas personas.
Pero ¿qué pasa cuando son los propios estados los que amañan las cuentas para generar confianza? ¿No están utilizando métodos de ingeniería financiera para aparentar que la deuda pública vale más de lo que realmente vale? Siempre se tacha a los especuladores como la lacra de la economía pero ¿no están maquillando los números? ¿aumentando la demanda con el dinero público para abaratar los precios de la deuda pública? ¿y el déficit? ¿y la Seguridad Social?
En el ámbito privado, cuando se maquillan los resultados se habla de estafa contable, de delitos financieros, de sanciones económicas y de penas de cárcel para los culpables, ¿porqué no en el sector público?
