Recientemente, Renfe Operadora, o Renfe, ha hecho efectiva una subida en los precios de los billetes vendidos en las taquillas. Ello hace que me vuelva a cuestionar la idoneidad de que una empresa esté en manos del Estado, en concreto, del Ministerio de Fomento. Y ello cuando se supone que las empresas públicas lo son para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios ofertados.
El caso de Renfe es controvertido por dos motivos: es una empresa con pérdidas, lo cual repercute negativamente sobre sus accionistas,y siendo una entidad pública, sobra decir quienes son sus accionistas; y por otro lado, en los últimos meses han habido tres subidas generalizadas de los precios de los billetes, lo cual repercute negativamente sobre los usuarios de este servicio.
Hasta la fecha, Renfe ha gozado de un monopolio en el transporte de viajeros por las vías ferroviarias de Adif, siendo la única operadora suministradora de este servicio. Parece razonable que el Estado suministre servicios como la sanidad o la educación, por ser no servicios, sino derechos universales, pero considero mucho más cuestionable que el Estado tenga el deber de suministrar servicios como el transporte ferroviario, y menos aún en forma de monopolio. Existen ejemplos positivos de gestión pública de empresas y de suministro de servicios públicos, como la sanidad, pero también existen casos muy negativos, como el sector de las telecomunicaciones. Basta pensar en el antiguo monopolio estatal de Telefónica, y como desde su desaparición hasta nuestros días, los costes y precios pagados por los servicios de telefonía se han abaratado de forma muy considerable, debido, sin duda, a la feroz competencia entre los distintos participantes en el mercado desde la liberalización del sector.
Las constantes subidas en los precios del transporte ferroviario son consecuencia de la ineficiente gestión del mismo, así como un intento desesperado por atajar el problema de las pérdidas. Sin embargo, en un sistema liberalizado, en el que tengan cabida varios operadores privados, la competencia generaría una tendencia abaratadora del servicio, de la misma forma que en el sector de las telecomunicaciones comentado, de forma que sólo las más eficientes y baratas sobrevivirían, beneficando así al consumidor y, en última instancia, al contribuyente, ya que no tendría que hacer frente nunca más al mantenimiento de una entidad pública de la talla de Renfe.
Todo ello, como siempre, bajo la supervisión de un regulador y un sancionador independientes, cuyas funciones serían asegurar la libre competencia en la industria, evitando cualquier eventual pacto o actividad que perjudicase al usuario.
En el caso de Adif, existen peculiaridades que la distiguen de Renfe Operadora, al tratarse de un monopolio natural. Adif es una entidad pública propietaria de todas las vías ferroviarias del Estado español. Las inversiones necesarias para desarollar una red ferroviaria son muy elevadas, y en el caso de recaer esa carga sobre una entidad privada, el coste para los usuarios sería extremadamente elevado. Por ello, podría justificarse, en este caso, la existencia de una empresa de titularidad pública como Adif.
Actualmente ya se ha regulado la liberalización del sector del transporte ferroviario. En el caso de las mercancías, desde 2006, y en el caso de viajeros, desde este mismo año. Sin embargo, todavía no se ha hecho efectiva, al no haber otros ofertantes de este servicio. Habrá que ver cómo afecta esta medida al sector ferroviario, y en todo caso, cómo se beneficia (o perjudica) al usuario.
