Con el suspenso de algunas CCAA en sus planes para reducir el déficit y la votación de ayer contra el Gobierno en el Senado, ya tiene la prensa anglosajona una buena excusa para colocar de nuevo a España en la pista de despegue para un rescate internacional. Sin embargo la realidad es que, a pesar de existir una enorme crisis financiera a nivel mundial en los últimos 3 años, el PIB no se ha contraído de forma drástica en términos absolutos y se mantiene en el orden del billón de euros. No en vano, España comenzó la crisis con superávit presupuestario y con el sistema bancario sin divisiones inmobiliarias (habían sido vendidas por la banca previamente) y con provisiones anticíclicas.
El problema de España no es de ingresos y deuda, sino de gasto excesivo.
Es en la partida de otras transferencias corrientes, donde se da dinero a fondo perdido, donde se ha disparado el gasto desde 2006, ascendiendo la deuda total de las Comunidades Autónomas a 115.000 millones de euros, concentrada en unas pocas comunidades especialmente indisciplinadas: Cataluña (31.886 millones y un 16.2% de déficit/PIB en el 4T2010), Comunidad Valenciana (17.600 millones y un 17.2% de déficit/pib), Castilla la Mancha (5.819 millones y 16.5% de déficit/pib) y Baleares (4064 millones y 15.3% déficit/pib), presentan los desequilibrios más importantes y donde la reducción del gasto es vital si España quiere reconducir el gasto. Son precisamente estas Comunidades las que no han presentado planes creíbles para reducir su déficit.
Respecto de la deuda de las empresas públicas autonómicas, que asciende a 17.000 millones de euros, también está especialmente concentrada en determinadas CCAA. Del total, 7.811 millones corresponden a empresas públicas de Cataluña.
Con estas cifras, en un hipotético caso de quiebra de todas las Comunidades Autónomas e Instituciones Públicas, el agujero total es de 132.000 millones (Portugal ha sido rescatado con 80.000 millones). Si sumamos las necesidades de capital del sistema financiero, que se cifra en 15.500 millones según Banco de España y 40.000 según algunos análisis de banca inglesa, el total necesario sería de 172.000 millones de euros.
Incluso en dicho supuesto, esta última cifra representa un 17% adicional de deuda/pib, cantidad que llevaría el déficit público a niveles del 75/80% del PIB, por debajo del nivel de los peores países del la UEM y en línea con los socios más grandes, que tienen cifras próximas al 100%.
Solamente un recorte drástico del gasto autonómico superfluo no productivo (y que no reduce o afecta sustancialmente al PIB, ya que no representa inversión), darán credibilidad a las cuentas autonómicas, aunque tendrá un coste político y electoral que nuestros representantes se resisten a aceptar.