Dispone el artículo 541.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil: “No se despachará ejecución frente a la comunidad de gananciales.” En este sentido, dispone el artículo 1373 del Código Civil que: “Cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias y, si sus bienes privativos no fueran suficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales …”, salvo el supuesto previsto en el artículo 1372 del citado cuerpo legal.

Este embargo deberá ser inmediatamente notificado al otro cónyuge, quién podrá exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución de aquélla - cfr. arts. 1699 y 1700.3.º del CC. En este caso, si se realizase la ejecución sobre bienes comunes, se reputará que el cónyuge deudor tiene recibido a cuenta de su participación el valor de aquéllos al tiempo en que los abone con bienes propios o al tiempo de liquidación de la propia sociedad de gananciales.

Hay dos excepciones a este supuesto, a saber, en primer lugar, cuando la ejecución se dirija a causa de deudas contraídas por uno de los cónyuges, pero de las que deba responder la sociedad de gananciales. En ese caso responden los bienes privativos del deudor y los gananciales, tal como dispone el artículo 1369 del CC: “De las deudas de un cónyuge que sean, además, deudas de la sociedad responderán también solidariamente los bienes de ésta”.

Siendo así, la demanda ejecutiva podrá dirigirse únicamente contra el cónyuge deudor y el embargo de bienes gananciales habrá de notificarse al otro cónyuge, dándole traslado de la demanda ejecutiva a fin de que pueda oponerse a la ejecución, con base en las mismas causas que correspondan a ejecutado y, en que los; bienes gananciales no deben responder de la deuda por la que se ha despachado ejecución. Si se alega esta última causa de oposición, será el acreedor en que deba probar la responsabilidad de los bienes gananciales, y si no se acreditara esta responsabilidad el cónyuge del ejecutado podrá pedir la disolución de la sociedad conyugal (art. 541.2 de la LEC).

En este sentido, la STS de 29 de abril de 1994 – “La situación jurídica de la mujer respecto a los bienes gananciales, es la propia de una propiedad en mano común de tipo germánico, que no permite la división en cuotas ideales, impidiendo que cualquiera de los esposos tenga la consideración de terceros; todo lo cual no es óbice pura que la mujer pueda en este caso disponer de otros procedimientos, para resarcirse de las consecuencias originadas por los actos cometidos por el marido en contra de la ley o de sus legítimos intereses”.

El procedimiento que contempla el art. 1.373 del Código Civil, es un remedio sustitutorio de la acción de tercería de dominio, puesto a disposición de la esposa en los casos que allí se contemplan. Ejercitado por la esposa cuando se le notifica el embargo de los bienes comunes, el derecho de opción que al cónyuge no deudor le reconoce el citado art. 1.373.1 .º, determina el ejercicio de la disolución de la sociedad de gananciales, sin necesidad de petición alguna al Juez que conoce de la ejecución, si bien ha de procederse a la posterior liquidación del patrimonio de la sociedad para determinar los bienes, o la parte de ellos que se atribuyen a cada uno de los cónyuges, y consecuentemente los bienes del cónyuge deudor que han de sustituir en la traba al bien ganancial inicialmente embargado (F.J. Tercero).

En segundo lugar, si la ejecución se insta por deudas propias de uno de los cónyuges y se persiguiesen bienes comunes a falta o por insuficiencia de los privativos, el embargo habrá de notificarse al cónyuge no deudor. En este caso, si éste optare por pedir la disolución de la sociedad conyugal, el Tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre la división del patrimonio y, en su caso, acordará que se lleve a efecto, suspendiéndose entre tanto la ejecución en lo relativo a los bienes comunes.

Así la STS de 22 de diciembre de 1995 – afirma que: “El art. 1.373 del Código Civil se refiere exclusivamente al supuesto de deudas propias de uno solo de los cónyuges de las que responden con sus bienes privativos y si por no ser éstos suficientes se embargasen bienes gananciales, habrá de notificarse el embargo inmediatamente al otro cónyuge para que el mismo pueda hacer uso de las facultades que dicho precepto le concede … ”

En el supuesto de acuerdo de los cónyuges sobre la liquidación, procederá la aprobación judicial de las operaciones divisorias por medio de auto (vid. arts. 806 y 810.4 de la LEC), siendo conveniente dar traslado previo del convenio al ejecutante, con el objeto de que pueda alegar lo que considere más conveniente. Si no mediare acuerdo la liquidación se efectuará conforme a lo previsto en los artículos 806 y ss. De la LEC.

Como afirma la STS de 29 de abril de 1994, arriba citada, “La falta de normas legales de carácter procesal acerca del ejercicio de este derecho de opción, y de la posterior liquidación de la sociedad, puesta de relieve por la doctrina científica, ha originado dudas sobre la forma en que ha de practicarse la liquidación, pronunciándose la mayor parte de los autores a favor de la forma convencional, de tal suerte que sólo ante la oposición del cónyuge deudor, o de los acreedores que se crean defraudados, sería necesario acudir a la liquidación judicial, debiendo señalarse en uno y otro caso un plazo para la práctica de la misma. Esta liquidación resulta indispensable, para la identificación del bien que el Juez ejecutor ha de utilizar en la sustitución que autoriza el debatido art. 1.373 ; pues si se entendiera que la sustitución del bien ganancial inicialmente embargado se podría hacer con la parte alícuota que el cónyuge deudor ostenta en la sociedad no liquidada, se estaría perjudicando al cónyuge no deudor, ya que en vez de conseguir la pretendida liberación de la primitiva traba, habría que extender ésta a lodo el caudal ganancial, aunque sólo fuera referida a la cuota abstracta de participación que sigue ostentando el cónyuge deudor sobre todos y cada uno de los bienes de tal patrimonio, mientras no se liquide la sociedad; identificación y atribución de propiedad al cónyuge deudor, que sólo se produce con la liquidación, a semejanza de lo que dispone el art. 1.068 , según la remisión del art. 1.410, todos del Código Civil" .

Cuando el ejercicio del derecho de opción, o la práctica de la liquidación, se hubieren efectuado extemporáneamente, es decir, fuera del plazo concedido, o del transcurso de uno prudencial, en el supuesto de que aquél no existiera, esta opción no afectaría a la ejecución para el abono de las responsabilidades contraídas, pues la desidia del cónyuge no deudor, o su mala fe, no pueden producir el efecto de impedir que el acreedor se vea totalmente frustrado en sus legítimas aspiraciones de hacer efectivo su crédito; nos encontraríamos entonces en el supuesto previsto en el párrafo 2.° del art. 1.373 , con lo cual no se impide la continuación de la ejecución sobre el bien ganancial embargado.

Fuente consultada.: Iuriscivilis

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