Cómo ya habíamos adelantado en un artículo anterior, los Presupuestos Generales del Estado contienen medidas fiscales que se enfrentan directamente al sector financiero y en particular a tres ejes fundamentales: inversores en bolsa y BME, grandes empresas digitales y SOCIMIs. Contra estos tres grandes grupos se contemplan medidas con un fin recaudatorio que aunque no han sido aprobadas legislativamente suponen un frenazo a su desarrollo.
Las primeras reacciones no han tardado en llegar, si primero fue Bolsas y Mercados Españoles alertando de lo que supondría una tasa a las transacciones financieras, ahora se suman nuevas voces en el sector contra las medidas. Compartimos la nota de prensa que han publicado desde EFE&ENE sobre los Presupuestos Generales del Estado.
INCERTIDUMBRE Y MALESTAR DE LA INDUSTRIA DE LA INVERSIÓN POR LAS NUEVAS MEDIDAS DEL EJECUTIVO
Las más afectadas de aprobarse la Ley de Presupuestos Generales de 2019 serán las Socimis, sociedades de inversión destinadas a la compra, promoción y rehabilitación de activos urbanos. Pretende el ejecutivo de Pedro Sánchez, que estas entidades, cuyo requisito principal es que el 80% de su actividad esté destinado al alquiler, gravar con un 15% los beneficios que no hayan sido distribuidos entre sus accionistas.
Esta novedad fiscal se suma a otras medidas de control como la obligatoriedad de, repartir el 80% de los beneficios obtenidos por rentas de alquiler, el 50% de las ganancias por ventas de activos y el 100% de lo obtenidos de otras socimis.
Para Alejandro Martínez, Director de Inversiones de la valenciana Efe&Ene la entrada en vigor de esta medida impactaría en la actividad del mercado inmobiliario. La función de estas sociedades de inversión, explica el experto, es la de crear valor en el mercado, ampliando la oferta, lo que va en beneficio del usuario final, ya sea inquilino o comprador.
Añade el CIO del Multi Family Office Efe&Eneque las ventajas fiscales de socimis – exenciones fiscales del pago del Impuesto de Sociedades y bonificación del 95% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados – garantizaban que se cumpliera su fin y asimilaban la figura a los REITs anglosajones. Con la nueva carga, se lamenta, verán reducida su capacidad de acción.
Coincide Martínez Fuster con las duras declaraciones que ha realizado Inverco , en el sentido de que las decisiones del ejecutivo en materia de inversión nos alejan de Europa, donde se garantiza más libertad para operar.
La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones aclara, además, que las socimis generan 340 millones de ingresos tributarios anuales y que inciden, junto con otras sociedades de inversión colectiva, en la generación directa o indirecta de 30.000 puestos de trabajo de alta cualificación.
Otro pretendido control fiscal, de las sicavs, ha suscitado las críticas de inversores y economistas. Sin embargo, nada va cambiar par las sociedades de inversión de capital variable a nivel tributario. No se incrementa la carga, explica el analista, a pesar de que ya no rendirán cuentas, como vienen haciendo en los últimos quince años a la CNMV, sino directamente al Ministerio de Hacienda. Detrás de esta decisión se encuentra la búsqueda de posibles irregularidades en la constitución de las sicavs, en concreto en la exigencia de estar formadaspor 100 inversores, con el fin de asegurar el umbral del ahorro. Lo contrario supondría multas, de las que se supone se obtendría una recaudación extra.
De nuevo, los afectados han expresado preocupación y una gran incertidumbre ante el futuro inmediato. Desde Efe&Ene se habla de demonización y se advierte las consecuencias que puede acarrear la inestabilidad jurídica: “ Nadie quiere sentirse en la cuerda floja, explica Alejandro Martínez, así que podría desaparecer toda una industria, sus empleos, los impuestos que genera y las inversiones que canaliza.”
Por último, y por lo que respecta al impuesto de patrimonio sobre las grandes fortunas, lo tributado equivaldrá, según el director financiero, a todo lo recaudado durante un año mediante el sistema de multas de tráfico. La pregunta es si su efectividad podría ser más mediática que económica.
