El otro día colocaba un post sobre la impresentable actuación de los fiscales, y curiosamente la publicación coincide con otro caso que deberíamos conocer. Resulta que el 24 de octubre de 2011, la comisión nacional de la competencia, hace pública la imposición de una sanción de 48 millones de euros a 47 empresas constructoras por acuerdos en los concursos públicos.
Los hechos que dan lugar a la supuesta sanción, incluyen repartos de las licitaciones para no competir, incluyendo hechos tan graves como el hecho de que la adjudicataria de los distintos concursos pagase a las demás una parte, por no bajar el precio de la subasta.
De esta forma, lo que está claro es que las empresas constructoras obtienen un beneficio, que a su vez es un sobrecoste para un erario público que está completamente saqueado. Debemos tener en cuenta que estos hechos ocurren en un momento en el que se está recortando todo tipo de gasto, mientras tenemos unos impuestos crecientes en un contexto de una crisis de deuda histórica.
Pues en esta situación, resulta que parece que la comisión nacional de la competencia, lanza una noticia de esta sanción, que no es más que puro marketing para tratar de demostrar que hace algo. La situación se comprueba muy fácilmente si atendemos a los siguientes detalles.
El primer punto que extraña es que cuando abrimos la nota de prensa de la comisión nacional de la competencia, es la diferencia con otras notas de prensa emitidas por la misma entidad para informar de la imposición de sanciones. Estas diferencias no son sencillas de ver, porque no se refieren a lo que hay en la nota de prensa, sino en las ausencias. Es mucho más difícil ver lo que falta a lo que dice, y a veces lo que no se pone dice mucho más que lo que se dice.
Lo primero que echamos de menos es que no consta ni el número de expediente, ni las empresas sancionadas en la nota de prensa. Respecto a lo relativo a las empresas sancionadas, podemos entender que incluir 47 empresas haría la nota de prensa un poco expesa, pero el número de expediente es algo que siempre aparece en las notas de las sanciones, (como se puede comprobar en cualquier otra). De esta forma se puede comprobar como la anterior noticia de sanciones en la web de la CNC es la siguiente sanción:
“La CNC impone sanciones por un acuerdo de fijación de precios en el mercado de la uva y mosto de Jerez
El Consejo de la CNC ha resuelto imponer multas por valor de 544.000 € a la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (FEDEJEREZ), la Asociación de Empresarios Viticultores de Cádiz (ASEVI-ASAJA), AECOVI, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Cádiz (UAGA-COAG CADIZ), la Asociación de Artesanos del Jerez y la Manzanilla (ARJEMAN) y el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez por haber llevado a cabo una práctica concertada para fijar los precios de la uva y el mosto de Jerez
Además, el Consejo de la CNC declara en su Resolución que la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía es responsable, junto a las asociaciones imputadas en este expediente, de una infracción de la normativa de competencia, por su participación en los acuerdos de fijación de precios de la uva y el mosto de Jerez, desde septiembre de 2002 hasta, al menos, julio de 2007”
En consecuencia, podemos comprobar que en otros casos, se identifica perfectamente a los implicados, (incluso en el caso de que la consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía está implicada). Por supuesto si abrimos la nota de prensa en PDF tenemos el número de expediente, (En este caso el S/0091/08); y con este número podemos seguir el link del pdf o usar el buscador de resoluciones para llegar a una pantalla desde la que tenemos acceso a toda la información del expediente, con los distintos pasos y distintos informes emitidos en cada momento. Podemos ver un pantallazo de una parte de la página para que se aprecie la información que aparece:
Esta es la razón por la que el número de expediente es un dato importante, y esta es la razón por la que me he dado cuenta de que este dato no estaba disponible. Sin embargo, el tema no acaba aquí; y a pesar de no tener número de expediente, he tirado del buscador y he encontrado el número de expediente, (haciendo una búsqueda introduciendo “conducta”, “sector construcción” y “colusión” en el nada intuitivo buscador de la página de la CNC).
Tras la búsqueda he encontrado el expediente S/0226/10, en el que aparecen relacionadas 47 empresas, que se refiere a una conducta de colusión en el sector de los asfaltos, por lo que todo parece indicar que se refiere al expediente que están publicitando. Sin embargo, la siguiente sorpresa es que al tratar de ir a echarle un vistazo al informe, nos encontramos con otra ausencia.
El historial recoge el acuerdo de incoación, y absolutamente nada más; ni tan siquiera la resolución que se publicita mediante la nota de prensa. De hecho curiosamente el expediente aparece en tramitación y no finalizado.
Por tanto, no tenemos más información que la recogida en la nota de prensa; lo cual parece un poco extraño si lo comparamos con el resto de los expedientes.
Sin embargo, y a falta de mayores datos, tendremos que conformarnos con lo establecido en esta nota y entender que si la CNC estima que procede una sanción por unos determinados hechos, debemos entender que la CNC estima que se han producido estos hechos. Y estos hechos es tratar de manipular concursos públicos para obtener un beneficio, de tal forma que las empresas se reparten las licitaciones e incluso se compensan entre ellas por unas actividades que desde luego no son ni de lejos legales.
Pues en este caso, la realidad es que no es muy difícil pensar que en este caso los fiscales tienen trabajo. Más allá de una investigación de la comisión nacional de la competencia, en este caso estaríamos hablando de unos hechos que entran en el código penal por la puerta grande. El código penal establece en el artículo 262, (del capítulo VIII relativo a la alteración de concursos y subastas públicas), lo siguiente:
“ Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio; los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales entre tres y cinco años. Si se tratare de un concurso o subasta convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá además al agente y a la persona o empresa por él representada la pena de inhabilitación especial que comprenderá, en todo caso, el derecho a contratar con las Administraciones públicas por un período de tres a cinco años.”
Pero es que además estamos hablando de un entorno en el que existen pagarés entre las empresas para pagar “las compensaciones de los acuerdos”. Evidentemente no puedo creer que estos pagarés (y las facturas que se supone sirven de soporte), reflejen esta realidad, por lo que en todo caso alguien tendría que investigar las falsedades contables que se originan de estas actuaciones, así como el comportamiento de unas auditorías que han dado por buenas estas contabilidades sin que hayan detectado salvedades.
Y ya que estaríamos tirando del hilo, supongo que deberíamos tratar de entender porque 13 de los 14 concursos amañados que se han detectado se concentran en la dirección general de carreteras del ministerio de fomento. Supongo que no es difícil extraer que, como poco, alguien debería investigar los procedimientos de esta dirección general y tirar del hilo que haya que tirar.
En definitiva, tenemos que se ha detectado un comportamiento absolutamente indefendible, con pagos y acuerdos entre las empresas para obtener un beneficio ilegal a cuenta del erario público; (estiman, vaya usted a saber cómo, el perjuicio en 14 millones de euros, aunque curiosamente nos cuentan que en 6 de las subastas no ha perdido dinero el erario público). Y aquí nadie ha investigado absolutamente nada, cuando desde luego lo mínimo es que alguien acabe en prisión.
