Estos días asistimos a uno de los casos en los que más claro se ve la incoherencia de las decisiones tomadas por los ejecutivos en relación a la forma de prestar los servicios que la sociedad demanda; la decisión de incrementar la seguridad en los atuneros, mediante seguridad privada subvencionada por el estado y las comunidades autónomas.
Ahora mismo, existe una necesidad que la sociedad debe solucionar. Creo que se debe hacer lo posible por garantizar en la medida de lo posible la seguridad de las personas y bienes de españoles, en las aguas del Índico. Una vez, tenemos clara esta premisa, y teniendo en cuenta que esto va a ocasionarnos unos costes, tenemos que analizar las distintas ópticas del problema, para tratar de hacerlo lo mejor posible al menor coste.
Existe pues una opción que es la de enviar soldados a los atuneros. Esta opción se ha descartado con el argumento de que no era lógico enviar soldados, que tienen su coste y por tanto usar fondos públicos para proteger bienes privados e intereses privados.
La primera crítica a este argumento es obvia, tanto que me sorprende que no la haya leído en ningún lado. Si nos invade alguien, (Dios no lo quiera), ¿nuestras fuerzas armadas protegerán las plazas públicas, carreteras o montes comunales, y dejarán nuestras viviendas, autopistas de peaje y demás?. Oiga, las fuerzas armadas, al igual que el resto de cuerpos de seguridad, deben proteger los bienes públicos y desde luego también los bienes privados que se encuentren amenazados. ¿O donde me equivoco?. ¿La policía no se ocupa de proteger a los negocios?. Yo no tengo ninguna duda de que es necesario proteger las personas y los barcos que estén en el índico, aunque si tengo alguna lagunilla en el tema de la bandera, bajo la que se cobijan; (aspecto este que tendría que arreglar alguien, porque no es posible que un barco sea panameño para unas cosas y español para otras).
Es evidente que destinar soldados al Índico para proteger buques privados es más caro que proteger una joyería en la Castellana. Pero, ¿es excusa el coste para proteger vidas y bienes?. En caso de que el coste sea una variable relevante, podrían ponernos una tabla y saber a que atenernos. Que nos digan hasta donde se van a comprometer recursos para protegernos y ya nos apañaremos. Por supuesto, luego no se extrañen de que esto se acabe convirtiendo en el salvaje oeste, con ejércitos a medida de los posibles de cada uno.
Pero, lo más curioso, es que después de llegar a la conclusión de que no vamos a enviar soldados a los atuneros, por no comprometer recursos públicos a la defensa de intereses privados, nos encontramos con que se adopta una solución que es la de permitir que se embarque seguridad privada, que se subvencionará al 50% de su coste.
Aquí ya no entiendo nada, porque si no enviamos soldados a los atuneros, porque no es normal comprometer fondos públicos para defender intereses privados, ¿Qué hacemos subvencionando eso?. Es simplemente de locos. Es un problema de coherencia, si el lunes defendemos que no se deben destinar recursos públicos a solucionar este problema, no puede ser que el martes destinemos recursos públicos a solucionar este problema.
En fin, lo triste del tema, es que por no enviar soldados, lo que hemos hecho es darles un cursillo Express a las personas que van a trabajar en la seguridad privada, (tiene su coste), les hemos facilitado el armamento pesado, (tiene su coste), los hemos llevado en avión de las fuerzas aéreas, (tiene su coste), y vamos a pagar el 50% del coste de las facturas.
Aún obviando los costes que antes he explicitado, nos encontramos ahora que según el diario el mundo, las facturas de la seguridad privada ascienden a 494.000 euros mensuales, o lo que es lo mismo 9.500 euros por agente desplegado, al mes.
Dicho de otra forma, cada agente le está costando al estado 4.750 euros y 4.750 euros a los armadores. Y esto simplemente me parece de locos.
No hemos enviado soldados, por básicamente criterios de costes y la sociedad acaba asumiendo un coste de 4.750 euros, y las empresas un coste de 4.750 euros, por agentes de seguridad privada con un cursillo Express, en lugar de soldados que apenas tendrían coste alguno para las arcas del estado, y que llevan una instrucción bastante mejor. Por supuesto, debería preguntarse a los empresarios de los atuneros si prefieren militares o agentes de seguridad privada, y desde luego, al que prefiera seguridad privada, siempre podría subvencionársele el coste de un soldado. Tienen la opción pública y privada; si quieren medios privados, se le da el coste público y fuera problemas. Sin embargo, yo estoy seguro que de poder elegir, la inmensa mayoría preferiría soldados.
Dicho de otra forma, hemos pagado más por menos, de tal forma, que si bien hemos generado un gran negocio entre las agencias de seguridad, el concepto “proteger a los atuneros”, nos sale a todos bastante más caro.
No es que sea un coste alto, ni una suma asumible, y desde luego, este pequeño detalle no va a retrasar nuestra salida de la crisis, ni sumirnos más en ella. Pero el problema es que esto es algo reiterado, es algo que se repite en muchísimos casos y es un análisis que nos deberíamos realizar para todos y cada uno de los gastos que debe asumir el estado.
A mi juicio, debemos cambiar el proceso de toma de decisiones de los fondos públicos y cambiarlo de forma profunda. Lo primero que debemos hacer es plantearnos, que es lo que el estado debe asumir y que es lo que no. ¿Debemos garantizar la seguridad?, ¿la sanidad?, ¿las infraestructuras?, ¿pensiones?. Esta es la primera fase. Realmente lo que estamos haciendo con el estado no es más que aportar entre todos fondos, dinero o sí se quiere ver de otra forma, un sacrificio, para sufragar unos bienes o servicios que debe mantener una sociedad.
Una vez determinado esto, lo que debe hacerse es de la forma más barata posible, para lo que quiera que hagamos. En este caso, debemos olvidarnos de argumentos acerca de si la gestión privada es mejor o peor; si la eficiencia o si los informes, y por supuesto, todos los dogmas que nos encontramos a diario en los periódicos económicos y los estudios, (por otra parte de parte interesado).
Entrar a discutir si las empresas privadas de seguridad privada gestionan mejor sus recursos que el ministerio de defensa, es simplemente alejarnos del punto de vista que considero que debemos tener en cuenta. Y desde luego, supone olvidarnos de las preguntas que nos debemos realizarnos:
¿Cómo se protege mejor a los atuneros?, ¿soldados o agentes privados?.
¿Qué es lo que nos sale más barato?. Aunque la gestión privada en este caso fuese mucho más eficaz, lo que está claro es que a mi lo que me importa es el coste en euros que debemos pagar los españoles. Por supuesto que no se entienda que esto signifique que da igual lo que haga el sector público; tanto el sector público como el sector privado tienen que avanzar constantemente para mejorar su eficiencia y lograr que el coste de lo que quiera que hagan sea menor, (en términos de recursos utilizados), y de esta forma quede más dinero en nuestras cuentas corrientes, para que podamos usarlo en demandar otros bienes y servicios que mejoren nuestra vida, a la vez que sean oportunidades de negocio para el mercado.
En el presente caso, se comprueba muy fácilmente, que lo que hacemos aquí es generar un negocio para las compañías de seguridad, negocio que pagaremos la mitad los españoles, y la mitad los compradores de atún, que curiosamente son también los españoles; de tal forma que esto no deja de ser una redistribución de la renta desde todos nosotros a los propietarios de estas empresas.
De esto ya he hablado en varios post anteriores, que habían desembocado en el post en el que trataba de rebatir el dogma que nos encontramos recurrentemente, que identifica privatizar con liberalizar, que en España parece lo mismo, pero que la triste realidad es que en la mayoría de las ocasiones, es un dogma que simplemente no tiene nada que ver.
