El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, que contiene 60 medidas antifraude (poco novedosas, todo hay que decirlo), quizás lo más descatable es que se han elaborado de forma conjunta entre la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, y que según rezan los titulares de turno tiene como objetivo tratar de “…dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia del nuevo contexto económico, especialmente en relación a la economía irregular (o informal que diría la ministra Salgado) y al trabajo no declarado”
Hasta ahí bien, por lo que parece uno de los objetivos propuestos es echarle el guante a todo el tema de la emisión de facturas falsas por parte de los moduleros (autónomos en tributación por módulos), que representa una fuente inagotable de generación de dinero negro, a más a más de servir para disminuir tanto la cuota en el Impuesto de Sociedades o IRPF (si se está en estimación directa) como del pago del IVA para las empresas receptoras de las facturas falsas. Ardua tarea tienen por delante los Inspectores para controlar todo este berenjenal de facturas falsas, si bien mucho me temo que han empezado la casa por el tejado, y es que el mencionado Plan no prevé ningún tipo de modificación legislativa del propio sistema de estimación por módulos para atajar el fraude existente hoy en día.
También el Plan Antifraude contiene un “catálogo de buenos deseos o intenciones”, entre ellos, destacamos un par que año tras año siguen apareciendo en el top ten de los buenos propósitos a realizar por el Gobierno de turno:
- Uno de largamente codiciado desde la Administración como es la creación de una base de datos conjunta entre Hacienda y Seguridad Social para cruzar datos y afinar la lucha contra el fraude. Tocará ver si esta vez es la buena, o el tema se acaba posponiendo una vez más.
- Extremar la vigilancia del fraude en la contratación laboral, con especial incidencia en los falsos autónomos y (ohh sorpresa) los becarios, todos ellos exentos de seguridad Social e IRPF mínimos. El tema de luchar contra la contratación temporal fraudulenta lo deben de dar ya por imposible, o en su defecto, no conveniente de tocarlo con casi 5 millones de parados.
Concluyendo, por lo que parece Hacienda esta cada vez más dispuesta a afinar cada día en ir desmantelado todas las tramas de emisión de facturas falsas, por tanto, mucho cuidadito a los descerebrados o valientes que se rinden a las presuntas bondades de esta práctica, muchas veces la consideración de delito penal está a la vuelta de la esquina.
