Desde hace tiempo, la economía y la sociedad se encuentran condicionados por el desarrollo tecnológico y la globalización, atribuyéndose a estos el incremento de desigualdad dentro de los países.
Es evidente que el desarrollo tecnológico ha influido sobre la actividad económica y ha dado lugar a una mayor importancia del capital en el proceso productivo recortando simultáneamente la importancia del factor trabajo en el PIB. Esto, a su vez, ha dado lugar a que los beneficios empresariales se hayan desplazado hacia el capital, ya sea como beneficios empresariales o como dividendos, siendo origen de una mayor desigualdad salarial y social.
En este contexto, sin embargo, deberíamos reconocer que el incremento de desigualdad no implica necesariamente peor calidad de vida, ya que una sociedad puede ser más desigual y más rica, correspondiéndole una mayor parte de pastel a cada ciudadano.
En cualquier caso, la situación de desigualdad ha dado pié para acusar a las grandes empresas de acumular beneficios de forma desproporcionada a costa de los trabajadores. En este sentido, se olvida frecuentemente que las empresas tienen ánimo de lucro y su función no es la de redistribución social de la riqueza.
Esta responsabilidad recae sobre la política, siendo la situación actual resultado de la falta de previsión y adopción de medidas al respecto por los responsables políticos. Lo que no excluye que posteriormente se hayan barajado distinto tipo de medidas para reducir la desigualdad social, como el establecimiento de una renta básica universal, salarios mínimos, impuestos negativos sobre la renta o distinto tipo de ayudas directas. Y en el medio laboral, incidiendo sobre las políticas activas de empleo que faciliten la adaptación del trabajador y la adquisición de habilidades que la economía necesita.
Es decir, son necesarias políticas que se preocupen en mayor medida del trabajador que del mantenimiento de un puesto de trabajo, evitando el mantenimiento de empleos empleos artificialmente a través de ayudas, creando empresas zombie que dificultan el crecimiento económico y la innovación.
Indudablemente, la globalización ha contribuido a la deslocalización empresarial, desplazando puestos de trabajo hacia terceros países, lo que no ha impedido que algunos países se encuentren en situación de pleno empleo. Situación que es inflacionista, y a pesar de ello, como muchos bienes son importados y más baratos, han contribuido a frenar las presiones sobre los precios ayudando a mantener el poder adquisitivo de los ciudadanos.
A pesar del efecto sobre los precios, los procesos de deslocalización empresarial no son deseables, ya que da lugar a una contracción del tejido empresarial nacional y el empleo, siendo origen de menor crecimiento económico.
En España, nos enfrentamos a este tipo de problemas por múltiples motivos. Gran parte del tejido empresarial español está compuesto por empresas de nacionalidad extranjera. Lo cual no quiere decir que sea malo, sino todo lo contrario, atraer inversión que cree puestos de trabajo es saludable. El problema radica en la excesiva dependencia de este tipo de multinacionales extranjeras existiendo regiones que dependen en gran medida de este tipo de empresas.
El problema radica en que estas empresas se ubican en función de donde encuentran las mejores condiciones económicas para desarrollar su actividad y generar beneficios.
Existen distintos factores que condicionan la localización geográfica de estas multinacionales. Entre estos se encuentran el capital humano de la región, las infraestructuras, los impuestos, la regulación y los costes laborales, o las ayudas que reciben de las administraciones públicas.
Situaciones de este tipo se están viviendo en la actualidad, como el caso Alcoa. En casos como este, en que una región depende de forma importante de una actividad económica, la política se vuelca sobre el problema, no se sabe si por la gente o por los votos, pero en definitiva, toma iniciativas para defender los puestos de trabajo.
La solución del problema pasa habitualmente por la concesión de ayudas para hacer más rentable la actividad en cuestión. El problema es que esas ayudas suponen en realidad un empobrecimiento de la sociedad, ya que implican un coste de oportunidad en el sentido de que esos fondos podrían ser destinados a inversión, gasto social o a bajar impuestos por ejemplo.
Siendo esta situación solo el reflejo de varios problemas subyacentes, que podríamos definir como internos y externos.
Los internos cabría ubicarlos en la carencia de diversidad empresarial regional, problema que puede tener muchos padres, como la falta de emprendimiento, carencia de fondos, de cultura emprendedora, de inversión en I+D, la fiscalidad, el tamaño empresarial, la burocracia, etc…. Pero quizá no nos damos cuenta de que el conjunto de estos problemas tiene otro padre, la política, que es la que condiciona el entorno económico que permitiría facilitar el emprendimiento, la actividad y crecimiento empresarial, ya que las empresas grandes invierten más en I+D, exportan más y remuneran mejor a sus empleados.
En cuanto a los problemas externos, los podríamos definir como la competencia entre países, la lucha por atraer empresas y generar trabajo. Competencia que beneficia a estas multinacionales, empujándolas a localizarse en el país que le proporcione mayores ventajas para su negocio.
Sin embargo, las ayudas de distinto tipo que reciben las empresas se produce a costa de sus ciudadanos. Ya que de la misma forma que antes, estas ayudas suponen un coste de oportunidad en forma de utilizaciones alternativas de dichos fondos; y en realidad suponen un sistema de extracción de rentas de las multinacionales a la sociedad; contribuyendo a alimentar la conciencia de los que piensan que la política está en manos del poder económico global.
Evitar este tipo de problemas, que se podrían resumir como el incremento del poder de mercado de las grandes multinacionales, podría tener solución a través del multilateralismo con el que algunos líderes actuales, como Trump, pretenden acabar. Es decir, haciendo uso de las instituciones internacionales a través de las cuales se coordinan las relaciones entre países, como la ONU, la OMC, etc… con el fin de llegar a acuerdos que impliquen que todos los países jueguen con las mismas reglas.
Un ejemplo claro de esta situación sería, en la Unión Europea, la existencia de un impuesto de sociedades diferente por país, ya que realmente supone una competencia entre países para acaparar la actividad económica. O por ejemplo, a nivel global, el establecimiento de tasas de CO2 comunes para todos los países, que evitaría la deslocalización de empresas intensivas en energía a aquellos países que carecen de ellas. Ya que esta situación supone una competencia desleal en el sentido de que esa ventaja competitiva se logra a costa de empeorar el medio ambiente y potenciar los efectos del cambio climático, que afecta a todo el mundo.
Indudablemente llegar a acuerdos de este tipo es muy complicado dado el elevado número de países y los intereses creados en cada uno de ellos, pero en cualquier caso parece posible que se podrían lograr más y mejores acuerdos.
Actualmente, lograr acuerdos de este tipo se ha vuelto más dificil, ya que el populismo avanza en muchos países y con ellos nuevas barreras proteccionistas, suponiendo un riesgo de desglobalización. Ejemplo de ello son las barreras arancelarias impuestas por U.S. a distintos productos importados, a China, o el reciente firmado acuerdo del UMSCA que sustituye al NAFTA y que es más restrictivo que este último.
El proteccionismo no se restringe a aspectos comerciales, ya que afecta también a la movilidad de personas y capitales, tratando de impedir la deslocalización de estos últimos, a través de límites a las salidas de capital o a través de tasas como la Tobin, que parece que tiene un fin más recaudatorio de disuasorio. Estas iniciativas atentan literalmente contra la libertad y derechos de los inversores de invertir “su” dinero en la zona geográfica que deseen bajo el pretexto de que se trata de dinero especulativo, sin moral que únicamente busca el beneficio.
Las medidas sobre los movimientos de capitales se toman sin considerar que los flujos de dinero pueden dirigirse a países con capacidad de crecimiento que realmente lo necesitan, dando empleo a gente que de otra forma no lo tendría. También es cierto que se indica habitualmente que estos fondos son ágiles y pueden huir del país en caso de que se produzca algún tipo de tensión regional o global, pero también es cierto que dichos flujos de inversión pueden contribuir al crecimiento del país y sanear las finanzas públicas al mismo tiempo que generan un superávit por cuenta corriente. En realidad, el resultado depende de cómo se empleen los flujos de inversión que entran en el país.
En cualquier caso, y a modo de resumen, podríamos decir que, a lo largo de la historia, el crecimiento económico ha venido de la mano del comercio, de la transferencia de conocimiento y de la competencia, que impulsaba la innovación, la eficiencia y la productividad. Motivo por el que restringir el comercio y la libertad de movimiento de capitales y personas, únicamente contribuye a restringir el crecimiento mundial y la calidad de vida.
Por este motivo se vuelve esencial esforzarse en conseguir, a través de las instituciones internacionales, unas pautas de comportamiento común que impliquen un comercio justo y preserven los derechos humanos dando lugar a un sistema competitivo honesto. Y para ello es necesario fomentar la multilateralidad, huyendo de posiciones populistas y proteccionistas que dificulten la cohesión global.
