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Blog de Consumerista

Reflexiones sobre consumo, responsabilidad civil, sanidad, medioambiente y ciudadanía.

Etiqueta "Tribunal Supremo": 26 resultados

Posibilidades de defensa en las ejecuciones ya tramitadas

En la actualidad existen aún muchas ejecuciones judiciales en trámite en que se están aplicando cláusulas abusivas sin que el Juez haya tenido la posibilidad de anularlas. En otros casos, se ha terminado la ejecución en las mismas condiciones, sin que el Juez haya podido anular las cláusulas abusivas que permitieron la ejecución o que influyeron en la determinación de la deuda reclamada. Vamos a examinar a continuación qué pueden hacer los consumidores afectados, porque en muchos casos aún van a poder defenderse e incluso recuperar lo que hayan pagado en exceso.

La redacción original de la LEC no permitía el control de las cláusulas abusivas conforme a lo exigido por la Directiva 93/13

En la redacción original de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no se preveía ninguna vía que permitiese al Juez depurar las posibles cláusulas abusivas que se encontraran en los contratos celebrados con consumidores cuando el profesional o empresa presentaba una demanda ejecutiva o de procedimiento monitorio; además, en la regulación del procedimiento ejecutivo tampoco se oponerse alegando que se estaban aplicando cláusulas abusivas. Esto dio lugar a que se planteasen al TJUE sendas cuestiones prejudiciales para que se pronunciase sobre la eventual incompatibilidad de la LEC con la Directiva 93/13, de cláusulas abusivas impuestas a los consumidores, puesto que numerosas sentencias del TJUE venían diciendo desde hacía años que la anulación de las cláusulas abusivas impuestas a consumidores es una cuestión de interés público europeo y que por ello los tribunales deben anularlas y eliminar todos sus efectos actuando incluso de oficio, es decir, que pueden y deben anularlas y suprimir sus consecuencias lesivas por su propia iniciativa, sin necesidad de que el consumidor se defienda.   Leer más

¿Están prohibidas las indemnizaciones a quienes compraron acciones del Banco Popular en Bolsa?

¿El art. 39.2 de la Ley 11/2015 impide que se pueda indemnizar a los titulares de acciones y otros productos de capital que los hubieran comprados confiando en una información sobre la situación financiera del emisor que se demuestre que no era veraz?

Acuerdo de la Audiencia Provincial de Oviedo

Los magistrados de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Oviedo han acordado recientemente que van a desestimar las demandas presentadas por quienes hubieran comprado acciones del Banco Popular Español en el mercado secundario -es decir, en Bolsa, no en una ampliación de capital- y soliciten una indemnización por la pérdida de su inversión tras la intervención del Banco por la JUR y la amortización de sus acciones. Aducen que la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, que desarrolla, que transpone la Directiva 2014/59, de 15 de mayo, y el Reglamento UE de 15 de junio de 2014, prohíbe las indemnizaciones a accionistas; consideran que las normas citadas imponen que sean los accionistas quienes soporten las consecuencias de la insolvencia del Banco intervenido, prohibiendo las aportaciones de capital público. Por consiguiente, tras la resolución del Banco y su venta a otro Banco (el Santander, en este caso), no subsiste ningún derecho a favor de sus accionistas.   Leer más

Sentencias que acuerdan la nulidad de las hipotecas multidivisa

En los años 2007 y 2008 varias entidades bancarias colocaron a numerosas personas que querían financiar la compra de vivienda, de locales u otras operaciones un préstamo multidivisa: habitualmente un préstamo en yenes, pero que también podía ser en francos suizos u otras divisas. Presentaban esta oferta como extraordinariamente ventajosa: los tipos de interés para el yen japonés eran mucho más baratos que los del euro, por lo que la cuota a pagar mensualmente era muy inferior y también se amortizaba antes el préstamo. Con frecuencia la información precontractual se limitaba a una presentación de cuánto supondrían las cuotas en yenes, francos suizos y euros, de forma tan expresiva de las economías que suponía contratar en yenes que parecía imposible rechazar esta oferta.

Pero en esa época la cotización del yen se encontraba en mínimos históricos y había previsiones de que esto había de cambiar, como efectivamente ocurrió a partir del otoño de 2008, con lo que estos préstamos hipotecarios se elevaron sustancialmente y muchas personas no pudieron pagar o debieron hacer grandes sacrificios, no previstos, para poder soportar el coste del préstamo; además el capital adeudado se elevaba en la misma proporción en que se encarecía el yen, de modo que las víctimas de estos préstamos tan ventajosos se encontraron con que después de estar pagando cuotas mensualmente durante años debían una cantidad en euros superior al capital que habían solicitado en su día.   Leer más

Cuestiones de importancia en las conclusiones del Abogado General sobre el IRPH

Las conclusiones que ha presentado el Abogado General en la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE sobre el IRPH incluye varios pasajes y razonamientos que son muy relevantes para este caso y, en algún caso, también para la defensa de los consumidores en general; también existe alguna carencia llamativa y contradicciones o incoherencias significativas. Lo examino todo ello a continuación.

La postura del Estado español.

Una primera cuestión que llama la atención es que el Estado español haya presentado alegaciones en defensa de la banca y en contra de los consumidores. Es decir, el Estado no sólo no ha actuado en defensa de la parte más débil en la posición contractual (fundamento de la existencia de una rama relativamente nueva del Derecho como es el Derecho del Consumo; y que el TJUE viene considerando como cuestión de orden público); mucho menos ha adoptado una postura neutral ni ha hecho alegaciones objetivas tratando de aclarar al TJUE los antecedentes del caso en el Derecho y la jurisprudencia españoles: por el contrario, sus alegaciones tratan de eludir la cuestión jurídica que verdaderamente centra la problemática del IRPH (cómo se ha impuesto a los prestatarios, de una forma engañosa) sobre la que ha de dictaminar el TJUE, partiendo de la realidad social, para desviar la atención a otra cuestión marginal que es irrelevante en cuanto al fondo (aunque es la que utilizó el Tribunal Supremo para dar la razón a la banca en su sentencia de 14 de diciembre de 2017: que el IRPH es un índice aprobado y regulado por una norma y supervisado por el Banco de España). El Estado español ha demostrado una vez más que está capturado por los grandes poderes económicos, cuyos intereses sirve incluso con un Gobierno como el actual, que se presenta como progresista.   Leer más

La Sentencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de anular la compra de acciones en Bolsa contradice al TJUE

Hace unos días comenté sucintamente la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2019 que declaró que no se puede dirigir una demanda de anulación de una compra de acciones en Bolsa contra el emisor (Bankia, en ese caso) de las acciones porque se trata de una operación compleja en que intervienen una serie de personas físicas y jurídicas: comprador y vendedor, sociedad cotizada, sociedad que gestiona el mercado bursátil, las sociedades que intervienen en nombre del vendedor y el comprador. Esa sentencia mantiene la posibilidad de demandar al emisor reclamándole el resarcimiento de las pérdidas que el inversor haya sufrido como consecuencia de la información no veraz que publicase sobre su situación financiera (art. 124 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores).

Esta cuestión, sin embargo, había sido ya resuelta en sentido opuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de diciembre de 2013 en el asunto C-174/12, de la que también di noticia en este blog. El propio Tribunal Supremo citó esta sentencia cuando resolvió por primera vez el caso Bankia en sus sentencias de 3 de febrero de 2016 a las que me referí aquí.   Leer más

Sentencia sobre el canje de preferentes y subordinadas de Bankia por acciones, de interés también para el caso Popular

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia con fecha 2 de julio de 2019 que resuelve la demanda de indemnización de daños y perjuicios que presentó una sociedad que había comprado participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de Bancaja por importe de algo más de 1.600.000 euros. En el curso de las sucesivas actuaciones que se siguieron para intentar recapitalizar las cajas de ahorro que se integraron en Bankia y luego al propio Bankia, en marzo de 2012 éste ofreció a la sociedad canjear esos títulos por acciones, a las que atribuyó un valor unitario de 3,10 €, partiendo de que afirmaba que el Banco cumplía sobradamente con las exigencias de capitalización y solvencia y tenía beneficios, tal como había afirmado ya con ocasión de la OPS de su salida a Bolsa, el mes de julio de 2011; posteriormente, la sociedad vendió las acciones en Bolsa por un precio total de poco más de 115.000 €, por lo que reclamó que el Banco le indemnizase en las pérdidas sufridas.   Leer más

Sentencia del Tribunal Supremo sobre la anulación de una compra de acciones en Bolsa

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 27 de junio de 2019 en que resuelve un recurso de casación relativo a la pretensión de anular una compra de acciones de Bankia realizada no en la oferta pública de suscripción sino en la Bolsa. El motivo de la nulidad que se pretendía era la falta de veracidad de la información sobre la situación financiera de Bankia. Puede presumirse que la resolución de esta cuestión tiene transcendencia no sólo para el caso de las acciones de Bankia, también para las del Banco Popular Español y cualesquiera otras en que también se pueda defender que hubo información no veraz sobre la situación de la empresa cotizada (¿Abengoa, Pescanova, DIA...?)

La cuestión era polémica porque hubo muchas sentencias estimatorias de las demandas por el caso de Bankia pero también las hubo desestimatorias; y lo mismo estaba empezando a ocurrir con las del Banco Popular.   Leer más

Gastos de constitución de la hipoteca: la solución final

Después de meses de suspense, el jueves 24 de enero el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó cinco sentencias (recopiladas aquí) en que resuelve definitivamente quién tiene que pagar cada uno de los gastos relativos a la constitución de la hipoteca que garantiza los préstamos a consumidores, además de la comisión de apertura. La cuestión queda de esta forma:

-La comisión de apertura no es abusiva y no adolece de falta de transparencia ya que el Tribunal Supremo afirma que es parte del precio del préstamo. Al ser una parte del precio no es susceptible del control de abusividad, sólo del de transparencia, pero sí es transparente porque se cobra una única vez, en el momento de la entrega del préstamo, y se define claramente su importe.

-En cuanto a los honorarios del notario, se reparten a medias entre prestamista y prestatario los correspondientes a la matriz (el concepto de importe más elevado) de la escritura de constitución del préstamo, su modificación o novación, ya que ambos están interesados en el préstamo hipotecario. Los honorarios correspondiente a las copias, se pagarán por quienes las soliciten.   Leer más

Apuntes tras las sentencias del Pleno del Tribunal Supremo sobre el impuesto AJD

La lectura de las tres sentencias del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre la cuestión de quién es el sujeto pasivo en el impuesto sobre los actos jurídicos documentos en su aplicación a las escrituras de préstamo hipotecario provocan desazón para cualquier ciudadano responsable, más aún para cualquier profesional del Derecho. La forma en que se ha tramitado el procedimiento y su resultado creo que provocan aún más dudas e inseguridad jurídica que las que había en la situación anterior. Sobre ello y la proyección de la sentencia sobre las reclamaciones que los consumidores puedan realizar al banco prestamista sobre el reembolso de gastos de constitución de la hipoteca hago los siguientes apuntes:

-En primer lugar, y sobre todo, hay que lamentar el tono hostil de las sentencias. La redacción de las sentencias se manifiesta de forma insólitamente agresiva y descalificatoria hacia los componentes de la Sección Segunda de la propia Sala, la especializada en asuntos tributarios que dictó las sentencias del pasado mes de octubre que declararon que el sujeto pasivo del impuesto es el prestamista y anularon el precepto del Reglamento del impuesto que decía lo contrario. Utiliza además argumentos insostenibles, que sorprenden en magistrados del más alto Tribunal español, como que la jurisprudencia no puede cambiarse sin que haya cambios legislativos u otras circunstancias similares que lo justifiquen o que el hecho de que haya controversia doctrinal es motivo para no revisar esa jurisprudencia; la realidad es que la jurisprudencia se ha revisado en muy numerosos casos por las distintas salas del Tribunal Supremo sin que hubiese cambios legislativos, simplemente por la evolución de la doctrina sobre las cuestiones analizadas; la revisión se hace de forma motivada, explicando por qué es pertinente cambiar la jurisprudencia establecida, y así lo hizo la Sección Segunda en sus sentencias del mes de octubre. En cambio, la propia sentencia está revisando la nueva jurisprudencia establecida en el mes de octubre sin exponer los motivos por los que la considera errónea o superada, simplemente mediante la defensa apodíctica (palabra que se repite a lo largo de la sentencia y los votos particulares y que significa, según la RAE: “Incondicionalmente cierto, necesariamente válido”) de su validez, sin más argumentación.   Leer más

Y ahora, ¿se puede reclamar al banco prestamista que reembolse la cuota del impuesto AJD?

El pasado mes de octubre, tras la publicación de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que anuló el precepto del Reglamento del impuesto sobre los actos jurídicos documentados que atribuía al prestatario la condición de sujeto pasivo respecto a las escrituras de préstamo hipotecario, me pronuncié favorablemente sobre la posibilidad de que se pudiera reclamarse al prestamista el reembolso de la cantidad pagada por la cuota de tal impuesto. Desde entonces se han producido importantes novedades:

1.- El Presidente de la misma Sala Tercera convocó un Pleno del tribunal para decidir si ratificaba la nueva doctrina o volvía a la doctrina tradicional que consideraba que el sujeto pasivo era el prestatario. Tras una larga deliberación, se decidió volver a la doctrina tradicional: se interpretaba que según la Ley del impuesto, el sujeto pasivo es el prestatario. La deliberación fue controvertida: según la información que ha transcendido, parece ser que la cuestión se decidió por un solo voto de diferencia; voto que además podría haberse manifestado en sentido contrario ya que según esa información el Presidente de la Sala habría defendido durante la deliberación la posición de que el sujeto pasivo era el prestamista, pero luego votó lo contrario para evitar el empate. La sentencia no se ha publicado cuando escribo este comentario, por lo que no se conocen los argumentos completos en un sentido y otro; con seguridad la sentencia tendrá votos particulares que expresen los argumentos contrarios a los que obtuvieron la mayoría. El estrecho margen por el que se decidió el sentido de la sentencia y sus antecedentes evidencian la falta de claridad de la Ley y las dificultades para su interpretación, con opiniones diferentes sobre argumentos consistentes en un sentido y el contrario; y muestran también la falta de seguridad jurídica sobre quién debía soportar el impuesto, que dio lugar a una litigiosidad considerable.   Leer más

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Autor del blog
  • Consumerista

    Soy abogado especialista en Derecho del Consumo, sobre todo bancario y de seguros.

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