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Blog de Consumerista

Reflexiones sobre consumo, responsabilidad civil, sanidad, medioambiente y ciudadanía.

Etiqueta "sentencia": 23 resultados

Reclamaciones de gastos de constitución de la hipoteca, incluido el impuesto de actos jurídicos documentados

El Tribunal Supremo ha dado un vuelco a las reclamaciones de reintegro de los gastos de constitución de la hipoteca. La Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, ha dictado una sentencia de fecha 16 de octubre de 2018 en que rectifica su anterior doctrina sobre quién es el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados: en sentencias anteriores, que además fueron respaldadas por el Tribunal Constitucional, afirmó que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario, en una interpretación que supeditaba lo dispuesto en la regulación del impuesto AJD a la del de transmisiones patrimoniales, y por entender que el interesado era en todo caso el prestatario; y además utilizaba como criterio de interpretación de la Ley del impuesto lo que establecía el Reglamento.

Ahora la Sala Tercera ha revisado esa doctrina y en una sentencia con unos fundamentos muy completos, en que examina los argumentos a favor de una y otra interpretación, concluye que el sujeto pasivo ha de ser el prestamista en cuyo interés se constituye la hipoteca y además anula el artículo del Reglamento del impuesto que establecía que el sujeto pasivo es el prestatario.   Leer más

Usura y prácticas fraudulentas en tarjetas de crédito y pagos a plazos

Ya expliqué en esta entrada del blog que el Tribunal Supremo estableció doctrina sobre el carácter usurario de los créditos revolving, los de las tarjetas de crédito; y que la Audiencia Provincial y los Juzgados de Asturias (y de casi toda España) están estimando sentencias que obligan a las financieras a devolver lo que los clientes han pagado de más: aquí, aquí y aquí. También informé aquí sobre sentencias ganadas por la falta de transparencia en la información sobre los costes que tienen estas tarjetas. Presento ahora una colección de sentencias ganadas a distintas financieras y bancos y a fondos buitre que compraron paquetes de créditos (véase la relación al final de esta entrada, con enlace a cada una de ellas).

Las sentencias recayeron en procedimientos que se iniciaron en distintas situaciones: en unos casos presentamos la demanda reclamando la nulidad del contrato en nombre del cliente; en otros casos es la financiera o fondo buitre quien inició un procedimiento monitorio tratando de cobrar al cliente la supuesta deuda pendiente de pago, una vez que éste dejó de pagar los incesantes recibos mensuales, monitorio al que nos oponemos y luego se continúa con el juicio que corresponda por la cuantía de la reclamación.   Leer más

Primera sentencia de Audiencia Provincial que anula compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de 2016

La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado la sentencia de 3 de octubre de 2018 que confirma la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Oviedo de 2 de mayo de 2018 que anuló una compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital de 2016.

La sentencia entiende que la evolución de resultados publicados por el Banco, con beneficios declarados hasta el primer trimestre de 2016 y que pasa a pérdidas reducidas en el segundo trimestre y que se disparan en las cuentas del ejercicio 2016 y del primer semestre de 2017 no resultan verosímiles; que forzosamente tenía que haber pérdidas desde períodos anteriores a los declarados y que la intervención del Banco no pudo deberse únicamente a su falta de liquidez sino que tenía que haber también falta de solvencia.   Leer más

Anulación de la compra de bonos convertibles de BMN, hoy Bankia

A finales de 2011 Banco Mare Nostrum (BMN) realizó una emisión de bonos convertibles en acciones, con un nominal de 150.000 € por bono. Como en el caso de las demás cajas de ahorros y bancos que emitieron participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y bonos convertibles, la razón era que la entidad debía mejorar sus ratios de capitalización y solvencia, muy dañadas tras el estallido de las burbujas inmobiliarias y de crédito y de la crisis financiera. Ahora bien, mientras el resto de entidades dirigieron directamente sus emisiones a sus clientes minoristas, BMN dirigió su emisión a inversores profesionales; esta decisión, que en principio es correcta porque se trata de productos que sólo se deberían vender a profesionales, sin embargo parece sorprendente en el marco del esperpento que fueron estos años de crisis porque los mercados mayoristas estaban prácticamente cerrados para las entidades financieras españolas, ya que los inversores profesionales conocían la delicada situación en que se encontraban y no querían arriesgar su capital en ellas. Por ello, BMN no pudo completar la venta de los bonos que había emitido y se tuvo que quedar con los bonos sobrantes, que a continuación colocó a sus clientes con las mismas prácticas seguidas por el resto de entidades: incumplimiento de la obligación previa de evaluar a sus clientes (test de idoneidad); no se entrega información precontractual; recomendación de inversión fundamentada en la elevada retribución del bono, con ocultación de que con su compra se pasaba de ser acreedor ordinario de la entidad a garante de su solvencia ya que se estaban aportando los ahorros de los clientes a sus reservas de capital.   Leer más

Tercera sentencia que anula la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular Español

El Juzgado de 1ª Instancia de Cangas de Onís ha dictado sentencia de 5 de julio de 2018 por la que anula la compra de obligaciones subordinadas por un matrimonio; es la tercera sentencia que obtengo sobre este producto del Banco Popular, tras la de 5 de diciembre de 2017 y la de 23 de febrero de 2018, ambas del Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo.

La sentencia constata una vez más las malas prácticas del Banco al colocar estos productos, con infracción descarada de las normas de protección al cliente. No sólo no hay una información clara y veraz sobre el riesgo del producto, particularmente en una situación de crisis financiera en que los ahorros de los clientes se destinan a garantizar la solvencia del Banco, cuando éste tiene los mercados mayoristas en que habitualmente se financiaba cerrados y sus emisiones están calificadas como “bono basura”; sino que además se crea un documento en que se dice que el Banco evaluó la conveniencia de la contratación (no la idoneidad, a pesar de que la iniciativa de la contratación partió del Banco) y resultó negativa, a pesar de lo cual se continúa con la operación; sin embargo, no existe el test por el que supuestamente se habría realizado esa evaluación y el director de la oficina ni siquiera conoce a uno de los contratantes, y respecto al otro ignora cuestiones elementales que deberían haber sido objeto de ese test.   Leer más

Sentencia que anula compras de acciones del Banco Popular Español

El Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo ha dictado la primera sentencia, de fecha 23 de marzo de 2018, acordando la nulidad de cuatro compras de acciones del Banco Popular Español: una compra realizada en junio de 2016, en el marco de la ampliación de capital que se produjo en esas fechas; y otras tres realizadas por la misma persona entre octubre y noviembre de 2016. Anula también la compra de obligaciones subordinadas que el Banco le había colocado en 2011.

Ya teníamos anteriormente otras dos sentencias que anulaban compras de obligaciones subordinadas, casualmente del mismo Juzgado: una de 5 de diciembre de 2017, que comenté aquí; y otra de 23 de febrero de 2018, que comenté aquí. La que ahora comento reproduce literalmente los argumentos de las anteriores en cuanto a las obligaciones subordinadas; y a continuación enjuicia el caso de las acciones.   Leer más

Nueva sentencia que anula la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular

El pasado mes de diciembre informaba de que había obtenido la primera sentencia que anulaba la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular, estimando una demanda presentada tras la intervención de dicho Banco que dio lugar a la pérdida de las cantidades invertidas en acciones y en estas obligaciones subordinadas. Esa sentencia ya es firme.

Y ya he obtenido una segunda sentencia, de 23 de febrero de 2018, del mismo Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo, en el mismo sentido.

Esta sentencia además deja claro que no se ha producido la caducidad de la acción de nulidad, como pretendía el Banco, ya que el plazo para ejercitarla comienza precisamente con la intervención del Banco en junio de 2017.

Conviene aclarar que, en contra de lo que algunos han entendido, la intervención del Banco con la consiguiente amortización de las obligaciones subordinadas no impide reclamar la nulidad de la compra sino todo lo contrario: es el evento que pone de manifiesto el error en la contratación (lo que se vendió como un producto seguro, de renta fija, sin ningún riesgo, en realidad era un producto de capital con riesgo de perder la inversión si el Banco entraba en crisis, riesgo muy elevado porque se encontraba en pésima situación financiera y los inversores institucionales no le financiaban) y, por ello, es el hecho que hace nacer la acción de nulidad por error: mientras no se conoce el error no se puede denunciar.   Leer más

Nulidad de tarjeta de crédito emitida por entidad bancaria: Liberbank

 

Reiteradamente me he referido en este blog a la nulidad de tarjetas de crédito emitidas por distintas financieras por ser usurarias (aquí, aquí, aquí) o porque sus condiciones financieras, al incluirse en el clausulado general en lugar de aparecer como elementos esenciales del contrato, no se consideraron incorporadas al contrato por falta de transparencia (aquí).

Pues bien, la nulidad no sólo afecta a las tarjetas emitidas por financieras, también a las emitidas por entidades bancarias, como es el caso de la sentencia de 27 de diciembre de 2017 del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Gijón, que anula una tarjeta de Liberbank (anteriormente, Caja de Ahorros de Asturias), al amparo de la doctrina de la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015.

No hay razón admisible para que las financieras, bancos o cajas cobren intereses que duplican los habituales en el crédito al consumo. No es admisible que se pretenda justificar la imposición de tipos tan elevados en la facilidad para obtener el crédito, en la falta de garantías hipotecarias o de otros fiadores o en el elevado número de impagados: la entidad debe comprobar la solvencia de cualquier persona a la que facilita crédito para evitar el sobreendeudamiento familiar; y en el crédito al consumo, en general, no hay garantía hipotecaria y no tiene que haber, necesariamente, otros fiadores o garantes. Tampoco es justificación que la generalidad de las entidades cobren intereses en torno al 20% o más: lo que se demuestra es que pueden hacerlo porque no hay competencia en este sector del mercado y las entidades pueden imponer condiciones extremadamente onerosas.   Leer más

Más tarjetas de crédito anuladas, incluso tras cesión a los conocidos como “fondos buitre”

Ya me referí anteriormente en este blog a la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2015 que estableció una doctrina sobre el llamado “crédito revolving”, el propio de las tarjetas de crédito, que consiste en que se considerará usurario si su coste, medido por el TAE, es injustificadamente superior al promedio del mercado; que hay que considerar como tipo de interés del mercado el promedio del tipo de interés de los créditos al consumo de la fecha en que se contrató el crédito o tarjeta (o préstamo, puesto que la doctrina es perfectamente válida también para los préstamos en general), que publica periódicamente el Banco de España en sus estadísticas; las entidades financieras defienden que el tipo de interés de las tarjetas de crédito ha de ser más elevado que el de los créditos al consumo en general porque el acceso al crédito por esa vía es muy sencillo y rápido, sin controles de solvencia, por lo que se producen muchos impagos, de modo que hay que compensar éstos y los consiguientes costes con tipos de interés más elevados. El Tribunal Supremo contesta que esto es inaceptable: en todo caso el prestamista tiene que comprobar si el potencial acreditado es solvente; si concede crédito sin evaluación de solvencia se incrementa el grave problema social del sobreendeudamiento familiar, exacerbado por la imposición de tipos de interés elevados, y con la consecuencia adicional de que se encarece injustamente el crédito a las personas solventes. Sólo debe concederse crédito a quien lo puede asumir y reintegrar, y debe hacerse a un precio competitivo, no usurario.   Leer más

Crítica a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el IRPH y su falta de transparencia

Entre los innumerables problemas que ha causado a los consumidores españoles la actuación de la banca en los últimos años se encuentra el de las familias que solicitaron un préstamo para su vivienda o cualquier otra necesidad económica y éste se lo concedió estableciendo un tipo variable indexado al IRPH en cualquiera de sus modalidades (de Cajas, de Bancos o del conjunto de entidades); estas familias se han encontrado con que sus préstamos son mucho más caros que los de quienes tienen sus préstamos referenciados al euribor. Se han presentado algunas demandas con resultado dispar, unas ganadas, otras perdidas; existía una gran expectación sobre lo que diría el Tribunal Supremo y que pudiera establecer un criterio claro sobre la validez del índice o la forma en que se comercializaron esos préstamos que pudiera permitir reconducir la situación de quienes están sometidos a este índice. Finalmente se ha publicado la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, que tiene fecha de 14 de diciembre de 2017, y ha resultado en una gran decepción para los consumidores, sus asociaciones y los profesionales de este sector.   Leer más

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Autor del blog

  • Consumerista

    Soy abogado especialista en Derecho del Consumo, sobre todo bancario y de seguros.

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