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Blog de Consumerista

Reflexiones sobre consumo, responsabilidad civil, sanidad, medioambiente y ciudadanía.

Etiqueta "sentencia": 37 resultados

Sentencias ganadas sobre acciones y obligaciones del Banco Popular y Banco Pastor

Seguimos con la defensa de quienes tenían acciones y otros productos de capital del Banco Popular y antes del Banco Pastor; en otras entradas anteriores del blog ya di cuenta de algunos casos ganados de acciones en los Juzgados y en la Audiencia Provincial y de obligaciones subordinadas, e incluso de obligaciones convertibles ya de antes de la intervención del Banco; y de las dificultades que han surgido por una sentencia del Tribunal Supremo y otras sentencias y un acuerdo de la Audiencia Provincial de Oviedo. Ahora publico las sentencias conseguidas en los últimos meses, con otros muchos procedimientos en trámite:

-Sentencia de 2 de enero de 2020 del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Siero que anula la compra de derechos y acciones en la ampliación de capital del Banco Popular de 2016, por importe de 20.239 euros.   Leer más

Posibilidades de defensa en las ejecuciones ya tramitadas

En la actualidad existen aún muchas ejecuciones judiciales en trámite en que se están aplicando cláusulas abusivas sin que el Juez haya tenido la posibilidad de anularlas. En otros casos, se ha terminado la ejecución en las mismas condiciones, sin que el Juez haya podido anular las cláusulas abusivas que permitieron la ejecución o que influyeron en la determinación de la deuda reclamada. Vamos a examinar a continuación qué pueden hacer los consumidores afectados, porque en muchos casos aún van a poder defenderse e incluso recuperar lo que hayan pagado en exceso.

La redacción original de la LEC no permitía el control de las cláusulas abusivas conforme a lo exigido por la Directiva 93/13

En la redacción original de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no se preveía ninguna vía que permitiese al Juez depurar las posibles cláusulas abusivas que se encontraran en los contratos celebrados con consumidores cuando el profesional o empresa presentaba una demanda ejecutiva o de procedimiento monitorio; además, en la regulación del procedimiento ejecutivo tampoco se oponerse alegando que se estaban aplicando cláusulas abusivas. Esto dio lugar a que se planteasen al TJUE sendas cuestiones prejudiciales para que se pronunciase sobre la eventual incompatibilidad de la LEC con la Directiva 93/13, de cláusulas abusivas impuestas a los consumidores, puesto que numerosas sentencias del TJUE venían diciendo desde hacía años que la anulación de las cláusulas abusivas impuestas a consumidores es una cuestión de interés público europeo y que por ello los tribunales deben anularlas y eliminar todos sus efectos actuando incluso de oficio, es decir, que pueden y deben anularlas y suprimir sus consecuencias lesivas por su propia iniciativa, sin necesidad de que el consumidor se defienda.   Leer más

Sentencia del TJUE de 3 de octubre de 2019 sobre la hipoteca multidivisa y la protección contra cláusulas abusivas

La sentencia del TJUE de 3 de octubre de 2019 resuelve cuatro cuestiones planteadas por un tribunal polaco a propósito de una hipoteca referenciada en una divisa extranjera de forma que su planteamiento y respuestas tienen interés en varios sentidos para la defensa de consumidores y usuarios.

La imposición de un mayor coste por el cambio de divisa es abusiva.

Una primera cuestión se suscita no por la respuesta del TJUE sino por el punto de partida de las cuestiones que plantea el tribunal polaco, que es la existencia de una cláusula abusiva, cuya nulidad ha de tener unas consecuencias sobre las que consulta al TJUE.

Pues bien, se parte de que el contrato de préstamo en divisa extranjera contiene unas cláusulas abusivas, en concreto las que regulan que el capital del préstamo se va a entregar en moneda nacional, en la cifra correspondiente al precio de compra del franco suizo; mientras que las cuotas mensuales tendrán un importe a calcular en función del precio de venta de la misma divisa. El hecho de que en un caso se remita al precio de compra de la divisa y en otro al de venta origina un margen de beneficio para el prestamista/un mayor coste para el consumidor que es indeterminado, queda a la discreción del propio prestamista, y el consumidor no puede preverlo ni calcularlo, además de que, con toda seguridad, el prestamista no le habrá advertido de este mayor coste y el consumidor no será consciente de él.   Leer más

Sentencias que acuerdan la nulidad de las hipotecas multidivisa

En los años 2007 y 2008 varias entidades bancarias colocaron a numerosas personas que querían financiar la compra de vivienda, de locales u otras operaciones un préstamo multidivisa: habitualmente un préstamo en yenes, pero que también podía ser en francos suizos u otras divisas. Presentaban esta oferta como extraordinariamente ventajosa: los tipos de interés para el yen japonés eran mucho más baratos que los del euro, por lo que la cuota a pagar mensualmente era muy inferior y también se amortizaba antes el préstamo. Con frecuencia la información precontractual se limitaba a una presentación de cuánto supondrían las cuotas en yenes, francos suizos y euros, de forma tan expresiva de las economías que suponía contratar en yenes que parecía imposible rechazar esta oferta.

Pero en esa época la cotización del yen se encontraba en mínimos históricos y había previsiones de que esto había de cambiar, como efectivamente ocurrió a partir del otoño de 2008, con lo que estos préstamos hipotecarios se elevaron sustancialmente y muchas personas no pudieron pagar o debieron hacer grandes sacrificios, no previstos, para poder soportar el coste del préstamo; además el capital adeudado se elevaba en la misma proporción en que se encarecía el yen, de modo que las víctimas de estos préstamos tan ventajosos se encontraron con que después de estar pagando cuotas mensualmente durante años debían una cantidad en euros superior al capital que habían solicitado en su día.   Leer más

Cuestiones de importancia en las conclusiones del Abogado General sobre el IRPH

Las conclusiones que ha presentado el Abogado General en la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE sobre el IRPH incluye varios pasajes y razonamientos que son muy relevantes para este caso y, en algún caso, también para la defensa de los consumidores en general; también existe alguna carencia llamativa y contradicciones o incoherencias significativas. Lo examino todo ello a continuación.

La postura del Estado español.

Una primera cuestión que llama la atención es que el Estado español haya presentado alegaciones en defensa de la banca y en contra de los consumidores. Es decir, el Estado no sólo no ha actuado en defensa de la parte más débil en la posición contractual (fundamento de la existencia de una rama relativamente nueva del Derecho como es el Derecho del Consumo; y que el TJUE viene considerando como cuestión de orden público); mucho menos ha adoptado una postura neutral ni ha hecho alegaciones objetivas tratando de aclarar al TJUE los antecedentes del caso en el Derecho y la jurisprudencia españoles: por el contrario, sus alegaciones tratan de eludir la cuestión jurídica que verdaderamente centra la problemática del IRPH (cómo se ha impuesto a los prestatarios, de una forma engañosa) sobre la que ha de dictaminar el TJUE, partiendo de la realidad social, para desviar la atención a otra cuestión marginal que es irrelevante en cuanto al fondo (aunque es la que utilizó el Tribunal Supremo para dar la razón a la banca en su sentencia de 14 de diciembre de 2017: que el IRPH es un índice aprobado y regulado por una norma y supervisado por el Banco de España). El Estado español ha demostrado una vez más que está capturado por los grandes poderes económicos, cuyos intereses sirve incluso con un Gobierno como el actual, que se presenta como progresista.   Leer más

La Sentencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de anular la compra de acciones en Bolsa contradice al TJUE

Hace unos días comenté sucintamente la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2019 que declaró que no se puede dirigir una demanda de anulación de una compra de acciones en Bolsa contra el emisor (Bankia, en ese caso) de las acciones porque se trata de una operación compleja en que intervienen una serie de personas físicas y jurídicas: comprador y vendedor, sociedad cotizada, sociedad que gestiona el mercado bursátil, las sociedades que intervienen en nombre del vendedor y el comprador. Esa sentencia mantiene la posibilidad de demandar al emisor reclamándole el resarcimiento de las pérdidas que el inversor haya sufrido como consecuencia de la información no veraz que publicase sobre su situación financiera (art. 124 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores).

Esta cuestión, sin embargo, había sido ya resuelta en sentido opuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de diciembre de 2013 en el asunto C-174/12, de la que también di noticia en este blog. El propio Tribunal Supremo citó esta sentencia cuando resolvió por primera vez el caso Bankia en sus sentencias de 3 de febrero de 2016 a las que me referí aquí.   Leer más

Sentencia sobre el canje de preferentes y subordinadas de Bankia por acciones, de interés también para el caso Popular

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia con fecha 2 de julio de 2019 que resuelve la demanda de indemnización de daños y perjuicios que presentó una sociedad que había comprado participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de Bancaja por importe de algo más de 1.600.000 euros. En el curso de las sucesivas actuaciones que se siguieron para intentar recapitalizar las cajas de ahorro que se integraron en Bankia y luego al propio Bankia, en marzo de 2012 éste ofreció a la sociedad canjear esos títulos por acciones, a las que atribuyó un valor unitario de 3,10 €, partiendo de que afirmaba que el Banco cumplía sobradamente con las exigencias de capitalización y solvencia y tenía beneficios, tal como había afirmado ya con ocasión de la OPS de su salida a Bolsa, el mes de julio de 2011; posteriormente, la sociedad vendió las acciones en Bolsa por un precio total de poco más de 115.000 €, por lo que reclamó que el Banco le indemnizase en las pérdidas sufridas.   Leer más

Sentencia del Tribunal Supremo sobre la anulación de una compra de acciones en Bolsa

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 27 de junio de 2019 en que resuelve un recurso de casación relativo a la pretensión de anular una compra de acciones de Bankia realizada no en la oferta pública de suscripción sino en la Bolsa. El motivo de la nulidad que se pretendía era la falta de veracidad de la información sobre la situación financiera de Bankia. Puede presumirse que la resolución de esta cuestión tiene transcendencia no sólo para el caso de las acciones de Bankia, también para las del Banco Popular Español y cualesquiera otras en que también se pueda defender que hubo información no veraz sobre la situación de la empresa cotizada (¿Abengoa, Pescanova, DIA...?)

La cuestión era polémica porque hubo muchas sentencias estimatorias de las demandas por el caso de Bankia pero también las hubo desestimatorias; y lo mismo estaba empezando a ocurrir con las del Banco Popular.   Leer más

Informe de técnicos del Banco de España sobre el Banco Popular y últimas sentencias

Resumen del Informe del BdE

Este mes de abril se ha conocido por fin el informe que dos técnicos del Banco de España elaboraron a petición del Juzgado Central de Instrucción nº 4 sobre la veracidad o no de las cuentas del Banco Popular Español. El informe no resulta todo lo esclarecedor que sería de desear porque la Audiencia Nacional limitó su alcance: el Juzgado Central había solicitado inicialmente que informasen sobre la veracidad o no de las cuentas desde el inicio de la crisis, pero los investigados recurrieron esa decisión y la Audiencia Nacional estimó el recurso para limitarlo a las cuentas de 2015 y siguientes, por lo que no podemos saber a ciencia cierta el origen de las desviaciones contables que se describen en el informe.

Efectivamente, el informe expone, a lo largo de sus 299 páginas, que el Banco Popular se apartó voluntariamente de las directrices contables del Banco Central Europeo y del Banco de España en el año 2014, de modo que en ese año contestó negativamente los requerimientos que se le venían haciendo incluso desde 2013. En consecuencia, mientras el resto de la banca saneó sus cuentas en ese año 2014, el Banco Popular decidió prolongar el saneamiento durante varios años más, lo que llevó a que presentase unos resultados mejores de los que debería mostrar si hubiese hecho los saneamientos, provisiones, retasaciones, etc., que tenía pendientes, pero que demoró hasta 2016 y 2017, en que las hizo forzado por las circunstancias. Incluso en el momento de la intervención del Banco en junio de 2017 aún le quedaban importantes saneamientos que realizar, que exigirían provisiones adicionales y una nueva ampliación de capital.   Leer más

Gastos de constitución de la hipoteca: la solución final

Después de meses de suspense, el jueves 24 de enero el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó cinco sentencias (recopiladas aquí) en que resuelve definitivamente quién tiene que pagar cada uno de los gastos relativos a la constitución de la hipoteca que garantiza los préstamos a consumidores, además de la comisión de apertura. La cuestión queda de esta forma:

-La comisión de apertura no es abusiva y no adolece de falta de transparencia ya que el Tribunal Supremo afirma que es parte del precio del préstamo. Al ser una parte del precio no es susceptible del control de abusividad, sólo del de transparencia, pero sí es transparente porque se cobra una única vez, en el momento de la entrega del préstamo, y se define claramente su importe.

-En cuanto a los honorarios del notario, se reparten a medias entre prestamista y prestatario los correspondientes a la matriz (el concepto de importe más elevado) de la escritura de constitución del préstamo, su modificación o novación, ya que ambos están interesados en el préstamo hipotecario. Los honorarios correspondiente a las copias, se pagarán por quienes las soliciten.   Leer más

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Autor del blog
  • Consumerista

    Soy abogado especialista en Derecho del Consumo, sobre todo bancario y de seguros.

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