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Blog de Consumerista

Reflexiones sobre consumo, responsabilidad civil, sanidad, medioambiente y ciudadanía.

Etiqueta "Préstamo hipotecario": 5 resultados

Sentencia del Tribunal Supremo sobre una hipoteca multidivisa y control de transparencia

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, se pronunció recientemente sobre esta modalidad de préstamo hipotecario, en una sentencia que ya comenté en este blog; el mismo día en que se dictó aquella sentencia el Tribunal Supremo español tenía fijada la deliberación para resolver un recurso de casación relativo también a una hipoteca multidivisa (HMD), por lo que acordó suspender la deliberación, dar oportunidad a las partes para que formulasen alegaciones sobre cómo influye en su caso la sentencia del TJUE y, finalmente, resolver el caso teniendo en cuenta ese antecedente, dado que el TJUE es el intérprete último de la normativa europea, y al respecto era relevante tanto la normativa MiFID como la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas impuestas a los consumidores. Finalmente, el TS ha dictado la sentencia de fecha 15-11-2017 que resuelve el caso en la forma que voy a comentar a continuación.   Leer más

El TJUE vuelve a pronunciarse sobre los intereses de demora y el vencimiento anticipado de los préstamos

El TJUE ha dictado un nuevo Auto de 8-7-2015 en que resuelve otra cuestión prejudicial sobre la misma materia que traté en la anterior entrada del blog: la interpretación de la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 que ordena que cuando los intereses de demora reclamados en una ejecución hipotecaria sobre la vivienda superen tres veces el interés legal del dinero se requiera al ejecutante para que los calcule conforme al interés legal del dinero; y si la nueva redacción del art. 693 LEC excluye el enjuiciamiento de la abusividad teniendo en cuenta las circunstancias del préstamo y del incumplimiento y en qué condiciones el banco resuelve el contrato. Este nuevo Auto insiste en la misma doctrina del que comenté anteriormente, incluso con mayor claridad.

Así, reitera su doctrina relativa a que el Juez debe enjuiciar la abusividad de la cláusula suelo "teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato en cuestión y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración", por lo que no está sujeto en  este sentido a los límites legales establecidos por la nueva Ley; y luego, en cuanto a los efectos de la nulidad de la cláusula, si se estima que es abusiva, dice que "los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. En efecto, el contrato debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, ese mantenimiento del contrato sea jurídicamente posible"; que "si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13. En efecto, la mencionada facultad contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores, en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar tales cláusulas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos profesionales"; por ello, "la Directiva 93/13 se opone a una norma de Derecho nacional que atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva"; lo que lleva a la conclusión de que la disposición que ordena recalcular los intereses de demora conforme al interés legal del dinero no es contraria a la Directiva en tanto permita al Juez nacional declarar su abusividad, en su caso, y dejar sin efecto alguno la cláusula de intereses de demora.   Leer más

Auto TJUE de 11-6-2015: abusividad de las cláusulas sobre interés moratorio y vencimiento anticipado del préstamo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una nueva resolución sobre las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario en que, una vez más, da un severo varapalo al legislador español.
Se trata del Auto de 11 de junio de 2015 de la Sala sexta que resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Santander relativa a dos cuestiones distintas, ambas de gran relevancia y que ya he tratado anteriormente en este blog.
Llama la atención que se resuelva la cuestión por Auto y no por Sentencia como es habitual; probablemente es así porque sobre la primera pregunta que plantea el Juez ya hubo otra sentencia de 21-1-2015, que resolvió una cuestión similar, y que comenté aquí. Sin embargo, no existen antecedentes de respuesta a la segunda pregunta en el sentido en que fue planteada, aunque sí en cuanto al enjuiciamiento de la abusividad de esa cláusula, por lo que parece más dudosa la procedencia de resolver por auto en lugar de por sentencia.   Leer más

No incorporación de cláusula suelo al contrato de préstamo y devolución de lo pagado

Desde que el Tribunal Supremo dictó su sentencia de 9-5-2013 la generalidad de las sentencias de los diferentes Juzgados y Audiencias que se están pronunciando sobre las reclamaciones que tratan de invalidar la cláusula suelo (o suelo-techo) de las escrituras de préstamo hipotecario de algunos bancos y cajas lo hacen siguiendo las razones en que dicha sentencia fundamentó su nulidad: la cláusula no se incorporó al contrato de forma transparente porque, aunque es lícita y puede tener sentido desde el punto de vista financiero, se oculta que tiene un carácter esencial en la naturaleza y economía del tipo de préstamo; esto es así porque se negociaba un préstamo a tipo variable y en realidad, debido a esta cláusula, va a ser un préstamo con tipo de interés mínimo fijo y variable únicamente al alza; lo cual introducía un desequilibrio en el contrato sorprendente para el consumidor. La cláusula se introduce en el contrato como si regulase una cuestión secundaria, sin transcendencia en la economía del contrato, cuando regula un elemento esencial y, debido a las onerosas consecuencias que iba a producir, exigía una información específica, clara, transparente.   Leer más

Cómo reducir la deuda de los préstamos: retracto y negociación de préstamos problemáticos

A continuación publico (ampliada y más elaborada) la segunda parte de mi exposición en la mesa redonda que las asociaciones Adabankia y Asuapedefin organizaron en Gijón el pasado 28 de noviembre de 2013 sobre la cláusula suelo y otras cláusulas y prácticas bancarias abusivas, cuya primera parte puede leerse aquí.

 

La crisis del sistema financiero español que ha llevado a operaciones de recapitalización de bancos y cajas de ahorros ha tenido un resultado perverso como consecuencia de que esa recapitalización se haya efectuado con dinero aportado por el Estado español, es decir, por todos los españoles; esas aportaciones de dinero público han incrementado el nivel de la deuda pública y, como consecuencia de la carga que el pago de esa deuda impone, del déficit público; lo cual a su vez ha conllevado un recorte de prestaciones sociales y del Estado de bienestar, y una reducción de la actividad pública que supone menor contratación de obra pública, de suministros y de empleados públicos. Por el lado de la banca, a pesar de que se recapitaliza con el dinero de todos los españoles para cubrir sus operaciones fallidas y dudosas, ninguna entidad ha condonado o procedido a quitas en los créditos que tiene contra sus clientes, salvo que no tuviera ya otra posibilidad en el marco de procedimientos de concurso de acreedores o de liquidación de empresas insolventes. Es decir, por un lado todos aportamos dinero para que la banca cubra sus operaciones fallidas o dudosas; pero la banca sigue exigiendo el pago de esas operaciones, con intereses de demora, comisiones de reclamación de impagados, de exceso de saldo y/o de descubierto, por lo que los deudores, que han aportado dinero (a través del erario público) para reflotar la banca, haya visto mejorada su situación contractual (es más, está en mayores dificultades para afrontar su deuda por el deterioro de las economías familiares por las reducciones de salarios, el paro galopante y los recortes del Estado del bienestar).   Leer más

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Autor del blog

  • Consumerista

    Soy abogado especialista en Derecho del Consumo, sobre todo bancario y de seguros.

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