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Blog de Consumerista

Reflexiones sobre consumo, responsabilidad civil, sanidad, medioambiente y ciudadanía.

Etiqueta "nulidad": 25 resultados

Usura y prácticas fraudulentas en tarjetas de crédito y pagos a plazos

Ya expliqué en esta entrada del blog que el Tribunal Supremo estableció doctrina sobre el carácter usurario de los créditos revolving, los de las tarjetas de crédito; y que la Audiencia Provincial y los Juzgados de Asturias (y de casi toda España) están estimando sentencias que obligan a las financieras a devolver lo que los clientes han pagado de más: aquí, aquí y aquí. También informé aquí sobre sentencias ganadas por la falta de transparencia en la información sobre los costes que tienen estas tarjetas. Presento ahora una colección de sentencias ganadas a distintas financieras y bancos y a fondos buitre que compraron paquetes de créditos (véase la relación al final de esta entrada, con enlace a cada una de ellas).

Las sentencias recayeron en procedimientos que se iniciaron en distintas situaciones: en unos casos presentamos la demanda reclamando la nulidad del contrato en nombre del cliente; en otros casos es la financiera o fondo buitre quien inició un procedimiento monitorio tratando de cobrar al cliente la supuesta deuda pendiente de pago, una vez que éste dejó de pagar los incesantes recibos mensuales, monitorio al que nos oponemos y luego se continúa con el juicio que corresponda por la cuantía de la reclamación.   Leer más

Primera sentencia de Audiencia Provincial que anula compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de 2016

La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado la sentencia de 3 de octubre de 2018 que confirma la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Oviedo de 2 de mayo de 2018 que anuló una compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital de 2016.

La sentencia entiende que la evolución de resultados publicados por el Banco, con beneficios declarados hasta el primer trimestre de 2016 y que pasa a pérdidas reducidas en el segundo trimestre y que se disparan en las cuentas del ejercicio 2016 y del primer semestre de 2017 no resultan verosímiles; que forzosamente tenía que haber pérdidas desde períodos anteriores a los declarados y que la intervención del Banco no pudo deberse únicamente a su falta de liquidez sino que tenía que haber también falta de solvencia.   Leer más

Anulación de la compra de bonos convertibles de BMN, hoy Bankia

A finales de 2011 Banco Mare Nostrum (BMN) realizó una emisión de bonos convertibles en acciones, con un nominal de 150.000 € por bono. Como en el caso de las demás cajas de ahorros y bancos que emitieron participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y bonos convertibles, la razón era que la entidad debía mejorar sus ratios de capitalización y solvencia, muy dañadas tras el estallido de las burbujas inmobiliarias y de crédito y de la crisis financiera. Ahora bien, mientras el resto de entidades dirigieron directamente sus emisiones a sus clientes minoristas, BMN dirigió su emisión a inversores profesionales; esta decisión, que en principio es correcta porque se trata de productos que sólo se deberían vender a profesionales, sin embargo parece sorprendente en el marco del esperpento que fueron estos años de crisis porque los mercados mayoristas estaban prácticamente cerrados para las entidades financieras españolas, ya que los inversores profesionales conocían la delicada situación en que se encontraban y no querían arriesgar su capital en ellas. Por ello, BMN no pudo completar la venta de los bonos que había emitido y se tuvo que quedar con los bonos sobrantes, que a continuación colocó a sus clientes con las mismas prácticas seguidas por el resto de entidades: incumplimiento de la obligación previa de evaluar a sus clientes (test de idoneidad); no se entrega información precontractual; recomendación de inversión fundamentada en la elevada retribución del bono, con ocultación de que con su compra se pasaba de ser acreedor ordinario de la entidad a garante de su solvencia ya que se estaban aportando los ahorros de los clientes a sus reservas de capital.   Leer más

Tercera sentencia que anula la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular Español

El Juzgado de 1ª Instancia de Cangas de Onís ha dictado sentencia de 5 de julio de 2018 por la que anula la compra de obligaciones subordinadas por un matrimonio; es la tercera sentencia que obtengo sobre este producto del Banco Popular, tras la de 5 de diciembre de 2017 y la de 23 de febrero de 2018, ambas del Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo.

La sentencia constata una vez más las malas prácticas del Banco al colocar estos productos, con infracción descarada de las normas de protección al cliente. No sólo no hay una información clara y veraz sobre el riesgo del producto, particularmente en una situación de crisis financiera en que los ahorros de los clientes se destinan a garantizar la solvencia del Banco, cuando éste tiene los mercados mayoristas en que habitualmente se financiaba cerrados y sus emisiones están calificadas como “bono basura”; sino que además se crea un documento en que se dice que el Banco evaluó la conveniencia de la contratación (no la idoneidad, a pesar de que la iniciativa de la contratación partió del Banco) y resultó negativa, a pesar de lo cual se continúa con la operación; sin embargo, no existe el test por el que supuestamente se habría realizado esa evaluación y el director de la oficina ni siquiera conoce a uno de los contratantes, y respecto al otro ignora cuestiones elementales que deberían haber sido objeto de ese test.   Leer más

Sentencia que anula compras de acciones del Banco Popular Español

El Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo ha dictado la primera sentencia, de fecha 23 de marzo de 2018, acordando la nulidad de cuatro compras de acciones del Banco Popular Español: una compra realizada en junio de 2016, en el marco de la ampliación de capital que se produjo en esas fechas; y otras tres realizadas por la misma persona entre octubre y noviembre de 2016. Anula también la compra de obligaciones subordinadas que el Banco le había colocado en 2011.

Ya teníamos anteriormente otras dos sentencias que anulaban compras de obligaciones subordinadas, casualmente del mismo Juzgado: una de 5 de diciembre de 2017, que comenté aquí; y otra de 23 de febrero de 2018, que comenté aquí. La que ahora comento reproduce literalmente los argumentos de las anteriores en cuanto a las obligaciones subordinadas; y a continuación enjuicia el caso de las acciones.   Leer más

Sobre los distintos plazos para reclamar

Una duda que plantean recurrentemente los afectados por diferentes productos financieros o por cláusulas abusivas o no transparentes (y también por cualquier otro tipo de problema con diferentes sociedades) es el plazo que tienen para reclamar; es una cuestión compleja que mucho profesionales de la justicia no tienen claro. A continuación me propongo dar unas orientaciones al respecto basadas en la normativa y la jurisprudencia, sin perjuicio de que en algún caso mis conclusiones puedan ser polémicas.

El primer punto a tener claro es que hay diferentes plazos dependiendo de qué es lo que se reclame o de la acción que se ejercita (es decir, de cómo se plantee la reclamación); pero además los plazos corren en distinta forma según sean de caducidad o de prescripción; por ello, lo primero que voy a hacer es explicar la diferencia entre la caducidad y la prescripción.   Leer más

Nueva sentencia que anula la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular

El pasado mes de diciembre informaba de que había obtenido la primera sentencia que anulaba la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular, estimando una demanda presentada tras la intervención de dicho Banco que dio lugar a la pérdida de las cantidades invertidas en acciones y en estas obligaciones subordinadas. Esa sentencia ya es firme.

Y ya he obtenido una segunda sentencia, de 23 de febrero de 2018, del mismo Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo, en el mismo sentido.

Esta sentencia además deja claro que no se ha producido la caducidad de la acción de nulidad, como pretendía el Banco, ya que el plazo para ejercitarla comienza precisamente con la intervención del Banco en junio de 2017.

Conviene aclarar que, en contra de lo que algunos han entendido, la intervención del Banco con la consiguiente amortización de las obligaciones subordinadas no impide reclamar la nulidad de la compra sino todo lo contrario: es el evento que pone de manifiesto el error en la contratación (lo que se vendió como un producto seguro, de renta fija, sin ningún riesgo, en realidad era un producto de capital con riesgo de perder la inversión si el Banco entraba en crisis, riesgo muy elevado porque se encontraba en pésima situación financiera y los inversores institucionales no le financiaban) y, por ello, es el hecho que hace nacer la acción de nulidad por error: mientras no se conoce el error no se puede denunciar.   Leer más

Sentencia que anula la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular

El Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo ha dictado una sentencia de fecha 5 de diciembre de 2017 que anula la compra por parte de un matrimonio de obligaciones subordinadas del Banco Popular. Probablemente es la primera en España que resuelve un caso planteado tras la intervención del Banco el mes de junio pasado, que dio lugar a la pérdida total de la inversión. La anulación de la compra da lugar a que los demandantes recuperen el importe invertido en las subordinadas más sus intereses legales desde la fecha de la inversión, si bien han de reintegrar los cupones cobrados también con sus intereses legales.

El fundamento de la anulación es el mismo que dio lugar a la anulación de las compras de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de las Cajas de Ahorros y también de las obligaciones convertibles del propio Banco Popular, del Sabadell o del Santander (que éste denominó engañosamente “Valores Santander”), entre otros emisores: estos productos se colocaron a los clientes ocultando que se trataba de híbridos de capital, es decir, de aportaciones al capital de la sociedad para garantizar su solvencia; son productos complejos con riesgo de pérdida de la inversión en el caso de que el emisor incurriera en crisis de solvencia y/o liquidez, como ha ocurrido con el Banco Popular; a lo que se añade que se colocaron a personas sin los conocimientos ni la experiencia financiera necesarios para poder tener conocimiento por ellos mismos de ese riesgo ni, por lo tanto, poder asumirlo. Las entidades financieras deben desarrollar una conducta activa, diligente, para proteger los intereses de los clientes como si fueran los suyos propios, a cuyo efecto deben valorar la idoneidad de cada producto para cada cliente según sus conocimientos, experiencia, situación y objetivos financieros, de modo que no le pueden recomendar un producto de riesgo a una persona con perfil conservador o un producto complejo a una persona sin los conocimientos o la experiencia que le permitan entender el funcionamiento y riesgo del producto, asumir ese riesgo y, en su caso, manejarlo y poder soportar las eventuales pérdidas; y, en segundo término, una vez comprobado que el producto es idóneo para el cliente, para que éste pueda decidir si invierte en él debe facilitarle la información necesaria para que conozca perfectamente sus características, cómo funciona y qué riesgos puede entrañar; información que debe facilitar de forma expresa, comprensible y activa, con la suficiente antelación para que el cliente pueda tener tiempo de reflexionar y decidir con conocimiento de causa. Por eso no es correcta la práctica habitual de cubrir un test con tres o cuatro preguntas superficiales y genéricas en el mismo acto en que se firma la orden de compra que simule el análisis de la idoneidad y, una vez firmada la orden de compra, entregar el resumen o triptico del folleto. Esta práctica es lo que permite anular la operación.   Leer más

Sentencia del Tribunal Supremo sobre una hipoteca multidivisa y control de transparencia

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, se pronunció recientemente sobre esta modalidad de préstamo hipotecario, en una sentencia que ya comenté en este blog; el mismo día en que se dictó aquella sentencia el Tribunal Supremo español tenía fijada la deliberación para resolver un recurso de casación relativo también a una hipoteca multidivisa (HMD), por lo que acordó suspender la deliberación, dar oportunidad a las partes para que formulasen alegaciones sobre cómo influye en su caso la sentencia del TJUE y, finalmente, resolver el caso teniendo en cuenta ese antecedente, dado que el TJUE es el intérprete último de la normativa europea, y al respecto era relevante tanto la normativa MiFID como la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas impuestas a los consumidores. Finalmente, el TS ha dictado la sentencia de fecha 15-11-2017 que resuelve el caso en la forma que voy a comentar a continuación.   Leer más

Ineficacia de acuerdos extrajudiciales lesivos para los consumidores

Guión de la charla impartida en el Colegio de Abogados de Madrid el 7 de noviembre de 2017 en la jornada organizada por la Sección de Consumo, dirigida por Miguel Ángel Hortelano.

 

En los últimos años estamos asistiendo a una consecuencia paradójica, positiva, de la crisis económica y financiera que se desencadenó en el año 2007: se ha producido un cambio en la valoración de la actuación de la banca, desde su antigua consideración como entidades con conducta profesional y seria, digna de la mayor consideración, que en el ámbito jurídico motivaba que muy pocos supuestos de reclamaciones contra un banco tuviesen perspectivas de éxito; hasta la constatación de que fue su conducta irresponsable en la elaboración y comercialización de productos de ingeniería financiera y en la creación de una enorme burbuja inmobiliaria y crediticia, motivada por la codicia de sus directivos y gestores, lo que produjo tal crisis; y que en su relación con la clientela viene presidida por la prepotencia, el menosprecio de la ley y de los derechos de los consumidores y clientes en general, que se someten al afán de lucro desmedido, de mejorar trimestre tras trimestre los objetivos comerciales y de beneficios. Este cambio de perspectiva permite un enjuiciamiento más equilibrado de los casos que la clientela presenta contra la banca.   Leer más

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Autor del blog

  • Consumerista

    Soy abogado especialista en Derecho del Consumo, sobre todo bancario y de seguros.

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