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Blog de Consumerista

Reflexiones sobre consumo, responsabilidad civil, sanidad, medioambiente y ciudadanía.

Etiqueta "Bancos": 99 resultados

Apuntes tras las sentencias del Pleno del Tribunal Supremo sobre el impuesto AJD

La lectura de las tres sentencias del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre la cuestión de quién es el sujeto pasivo en el impuesto sobre los actos jurídicos documentos en su aplicación a las escrituras de préstamo hipotecario provocan desazón para cualquier ciudadano responsable, más aún para cualquier profesional del Derecho. La forma en que se ha tramitado el procedimiento y su resultado creo que provocan aún más dudas e inseguridad jurídica que las que había en la situación anterior. Sobre ello y la proyección de la sentencia sobre las reclamaciones que los consumidores puedan realizar al banco prestamista sobre el reembolso de gastos de constitución de la hipoteca hago los siguientes apuntes:

-En primer lugar, y sobre todo, hay que lamentar el tono hostil de las sentencias. La redacción de las sentencias se manifiesta de forma insólitamente agresiva y descalificatoria hacia los componentes de la Sección Segunda de la propia Sala, la especializada en asuntos tributarios que dictó las sentencias del pasado mes de octubre que declararon que el sujeto pasivo del impuesto es el prestamista y anularon el precepto del Reglamento del impuesto que decía lo contrario. Utiliza además argumentos insostenibles, que sorprenden en magistrados del más alto Tribunal español, como que la jurisprudencia no puede cambiarse sin que haya cambios legislativos u otras circunstancias similares que lo justifiquen o que el hecho de que haya controversia doctrinal es motivo para no revisar esa jurisprudencia; la realidad es que la jurisprudencia se ha revisado en muy numerosos casos por las distintas salas del Tribunal Supremo sin que hubiese cambios legislativos, simplemente por la evolución de la doctrina sobre las cuestiones analizadas; la revisión se hace de forma motivada, explicando por qué es pertinente cambiar la jurisprudencia establecida, y así lo hizo la Sección Segunda en sus sentencias del mes de octubre. En cambio, la propia sentencia está revisando la nueva jurisprudencia establecida en el mes de octubre sin exponer los motivos por los que la considera errónea o superada, simplemente mediante la defensa apodíctica (palabra que se repite a lo largo de la sentencia y los votos particulares y que significa, según la RAE: “Incondicionalmente cierto, necesariamente válido”) de su validez, sin más argumentación.   Leer más

Y ahora, ¿se puede reclamar al banco prestamista que reembolse la cuota del impuesto AJD?

El pasado mes de octubre, tras la publicación de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que anuló el precepto del Reglamento del impuesto sobre los actos jurídicos documentados que atribuía al prestatario la condición de sujeto pasivo respecto a las escrituras de préstamo hipotecario, me pronuncié favorablemente sobre la posibilidad de que se pudiera reclamarse al prestamista el reembolso de la cantidad pagada por la cuota de tal impuesto. Desde entonces se han producido importantes novedades:

1.- El Presidente de la misma Sala Tercera convocó un Pleno del tribunal para decidir si ratificaba la nueva doctrina o volvía a la doctrina tradicional que consideraba que el sujeto pasivo era el prestatario. Tras una larga deliberación, se decidió volver a la doctrina tradicional: se interpretaba que según la Ley del impuesto, el sujeto pasivo es el prestatario. La deliberación fue controvertida: según la información que ha transcendido, parece ser que la cuestión se decidió por un solo voto de diferencia; voto que además podría haberse manifestado en sentido contrario ya que según esa información el Presidente de la Sala habría defendido durante la deliberación la posición de que el sujeto pasivo era el prestamista, pero luego votó lo contrario para evitar el empate. La sentencia no se ha publicado cuando escribo este comentario, por lo que no se conocen los argumentos completos en un sentido y otro; con seguridad la sentencia tendrá votos particulares que expresen los argumentos contrarios a los que obtuvieron la mayoría. El estrecho margen por el que se decidió el sentido de la sentencia y sus antecedentes evidencian la falta de claridad de la Ley y las dificultades para su interpretación, con opiniones diferentes sobre argumentos consistentes en un sentido y el contrario; y muestran también la falta de seguridad jurídica sobre quién debía soportar el impuesto, que dio lugar a una litigiosidad considerable.   Leer más

Estructurados, CFAs, Contratos de compra-venta de opciones

Entre los muchos productos e instrumentos financieros diseñados por la banca para que sus clientes inviertan sus ahorros se encuentran una amplia gama de depósitos y bonos estructurados, y los contratos financieros atípicos (CFAs), que luego han pasado a denominarse contratos de compra-venta de opciones.

Son una serie de productos o instrumentos financieros que tienen su primer diseño en 1998 y después se han desarrollado de forma extraordinariamente sofisticada, con diferentes formatos: una inversión en que parte del capital se destina a una imposición a plazo con una remuneración determinada y otra parte a la variedad del estructurado que haya diseñado el banco para el caso; en otros casos la totalidad del capital se destina al estructurado. Puede configurarse como una especie de depósito a plazo, como un bono del emisor o, con más corrección, como un CFA, al que luego la CNMV ha denominado contrato de compra-venta de opciones.   Leer más

Primera sentencia de Audiencia Provincial que anula compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de 2016

La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado la sentencia de 3 de octubre de 2018 que confirma la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Oviedo de 2 de mayo de 2018 que anuló una compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital de 2016.

La sentencia entiende que la evolución de resultados publicados por el Banco, con beneficios declarados hasta el primer trimestre de 2016 y que pasa a pérdidas reducidas en el segundo trimestre y que se disparan en las cuentas del ejercicio 2016 y del primer semestre de 2017 no resultan verosímiles; que forzosamente tenía que haber pérdidas desde períodos anteriores a los declarados y que la intervención del Banco no pudo deberse únicamente a su falta de liquidez sino que tenía que haber también falta de solvencia.   Leer más

Sentencias sobre la compra de acciones del Banco Popular

Una nueva sentencia, del 3 de septiembre de 2018, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Gijón, anula una compra de acciones realizada en el marco de la ampliación de capital de 2016. A la vista de la amplia documental presentada con la demanda y en la audiencia previa, en particular el informe pericial de Prosper Lamothe (además de una mención a los hechos que son de público conocimiento), considera probado que la información que el Banco publicó con ocasión de la ampliación de capital no era veraz y que las expectativas de obtener beneficios y pagar dividendos que anunciaba no podían ser ciertas.

En contraste con ello, la sentencia de 16 de julio de 2018 de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Oviedo ha revocado la primera de las sentencias que obtuve sobre esta materia, la de 23 de marzo de 2018, de modo que considera válida la compra de las acciones, aunque sí mantiene la nulidad de la compra de obligaciones subordinadas. Considera esta sentencia que no existen pruebas definitivas de la falta de veracidad de las cuentas del Banco Popular como las que existieron en el caso de Bankia y aduce que el declive del Banco pudo deberse a las razones que aducía éste en su defensa. Curiosamente, la sentencia “olvida” mencionar o examinar los numerosos documentos presentados con la demanda y rechaza el valor de la pericial por el simple hecho de que no se hubiese ratificado en el acto del juicio, ratificación que viene siendo rechazada por muchos jueces por considerarla innecesaria; y a pesar de que el Juez de instancia sí había admitido la prueba y la tuvo en cuenta, con menciones relevantes, en su sentencia.   Leer más

Sentencia que anula compras de acciones del Banco Popular Español

El Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo ha dictado la primera sentencia, de fecha 23 de marzo de 2018, acordando la nulidad de cuatro compras de acciones del Banco Popular Español: una compra realizada en junio de 2016, en el marco de la ampliación de capital que se produjo en esas fechas; y otras tres realizadas por la misma persona entre octubre y noviembre de 2016. Anula también la compra de obligaciones subordinadas que el Banco le había colocado en 2011.

Ya teníamos anteriormente otras dos sentencias que anulaban compras de obligaciones subordinadas, casualmente del mismo Juzgado: una de 5 de diciembre de 2017, que comenté aquí; y otra de 23 de febrero de 2018, que comenté aquí. La que ahora comento reproduce literalmente los argumentos de las anteriores en cuanto a las obligaciones subordinadas; y a continuación enjuicia el caso de las acciones.   Leer más

Sobre los distintos plazos para reclamar

Una duda que plantean recurrentemente los afectados por diferentes productos financieros o por cláusulas abusivas o no transparentes (y también por cualquier otro tipo de problema con diferentes sociedades) es el plazo que tienen para reclamar; es una cuestión compleja que mucho profesionales de la justicia no tienen claro. A continuación me propongo dar unas orientaciones al respecto basadas en la normativa y la jurisprudencia, sin perjuicio de que en algún caso mis conclusiones puedan ser polémicas.

El primer punto a tener claro es que hay diferentes plazos dependiendo de qué es lo que se reclame o de la acción que se ejercita (es decir, de cómo se plantee la reclamación); pero además los plazos corren en distinta forma según sean de caducidad o de prescripción; por ello, lo primero que voy a hacer es explicar la diferencia entre la caducidad y la prescripción.   Leer más

Nueva sentencia que anula la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular

El pasado mes de diciembre informaba de que había obtenido la primera sentencia que anulaba la compra de obligaciones subordinadas del Banco Popular, estimando una demanda presentada tras la intervención de dicho Banco que dio lugar a la pérdida de las cantidades invertidas en acciones y en estas obligaciones subordinadas. Esa sentencia ya es firme.

Y ya he obtenido una segunda sentencia, de 23 de febrero de 2018, del mismo Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo, en el mismo sentido.

Esta sentencia además deja claro que no se ha producido la caducidad de la acción de nulidad, como pretendía el Banco, ya que el plazo para ejercitarla comienza precisamente con la intervención del Banco en junio de 2017.

Conviene aclarar que, en contra de lo que algunos han entendido, la intervención del Banco con la consiguiente amortización de las obligaciones subordinadas no impide reclamar la nulidad de la compra sino todo lo contrario: es el evento que pone de manifiesto el error en la contratación (lo que se vendió como un producto seguro, de renta fija, sin ningún riesgo, en realidad era un producto de capital con riesgo de perder la inversión si el Banco entraba en crisis, riesgo muy elevado porque se encontraba en pésima situación financiera y los inversores institucionales no le financiaban) y, por ello, es el hecho que hace nacer la acción de nulidad por error: mientras no se conoce el error no se puede denunciar.   Leer más

Nulidad de tarjeta de crédito emitida por entidad bancaria: Liberbank

 

Reiteradamente me he referido en este blog a la nulidad de tarjetas de crédito emitidas por distintas financieras por ser usurarias (aquí, aquí, aquí) o porque sus condiciones financieras, al incluirse en el clausulado general en lugar de aparecer como elementos esenciales del contrato, no se consideraron incorporadas al contrato por falta de transparencia (aquí).

Pues bien, la nulidad no sólo afecta a las tarjetas emitidas por financieras, también a las emitidas por entidades bancarias, como es el caso de la sentencia de 27 de diciembre de 2017 del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Gijón, que anula una tarjeta de Liberbank (anteriormente, Caja de Ahorros de Asturias), al amparo de la doctrina de la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015.

No hay razón admisible para que las financieras, bancos o cajas cobren intereses que duplican los habituales en el crédito al consumo. No es admisible que se pretenda justificar la imposición de tipos tan elevados en la facilidad para obtener el crédito, en la falta de garantías hipotecarias o de otros fiadores o en el elevado número de impagados: la entidad debe comprobar la solvencia de cualquier persona a la que facilita crédito para evitar el sobreendeudamiento familiar; y en el crédito al consumo, en general, no hay garantía hipotecaria y no tiene que haber, necesariamente, otros fiadores o garantes. Tampoco es justificación que la generalidad de las entidades cobren intereses en torno al 20% o más: lo que se demuestra es que pueden hacerlo porque no hay competencia en este sector del mercado y las entidades pueden imponer condiciones extremadamente onerosas.   Leer más

Sentencia del Tribunal Supremo sobre una hipoteca multidivisa y control de transparencia

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, se pronunció recientemente sobre esta modalidad de préstamo hipotecario, en una sentencia que ya comenté en este blog; el mismo día en que se dictó aquella sentencia el Tribunal Supremo español tenía fijada la deliberación para resolver un recurso de casación relativo también a una hipoteca multidivisa (HMD), por lo que acordó suspender la deliberación, dar oportunidad a las partes para que formulasen alegaciones sobre cómo influye en su caso la sentencia del TJUE y, finalmente, resolver el caso teniendo en cuenta ese antecedente, dado que el TJUE es el intérprete último de la normativa europea, y al respecto era relevante tanto la normativa MiFID como la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas impuestas a los consumidores. Finalmente, el TS ha dictado la sentencia de fecha 15-11-2017 que resuelve el caso en la forma que voy a comentar a continuación.   Leer más

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  • Consumerista

    Soy abogado especialista en Derecho del Consumo, sobre todo bancario y de seguros.

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