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Blog de Consumerista

Reflexiones sobre consumo, responsabilidad civil, sanidad, medioambiente y ciudadanía.

Etiqueta "Bancos": 102 resultados

Comisión de reclamación de impagados: improcedente aunque el cliente no sea consumidor

El Tribunal Supremo dictó una sentencia de fecha 25 de octubre de 2019 por la que confirma la estimación de una demanda presentada por una asociación de consumidores y declara la nulidad por ser abusiva de la condición general incluida con carácter general en los contratos de préstamo y crédito y en los de cuenta corriente o depósito a la vista que permite al Banco cobrar una comisión en concepto de reclamación de impagados cada vez que se produce un impago.

Es práctica habitual, absolutamente generalizada, que los bancos cobren esta comisión cada vez que pasen al cobro un recibo y no existan fondos en la cuenta del cliente, o cuando ésta queda en descubierto. Anotan en la cuenta el importe de la comisión, y se la cobran en cuanto existen fondos, de forma automática, con independencia de que haya habido realmente reclamación. Y la anotan reiteradamente, mes tras mes, aunque la situación sea la misma y sin distinción en razón de los días en que se mantenga el impago; un ejemplo típico, muy extendido, es el caso de la concesión de un préstamo cuyos recibos se pasan al cobro unos días antes del ingreso en la cuenta de la nómina del cliente; se produce un descubierto cada mes por el período que media entre el cargo del recibo del préstamo y el abono de la nómina. El banco sabe que el cliente va a pagar tan pronto cobre la nómina, pero se niega a retrasar la fecha de cargo de la mensualidad del préstamo y se cobra, en consecuencia, la comisión de reclamación de impagados, además de los intereses de demora.   Leer más

Cuestiones de importancia en las conclusiones del Abogado General sobre el IRPH

Las conclusiones que ha presentado el Abogado General en la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE sobre el IRPH incluye varios pasajes y razonamientos que son muy relevantes para este caso y, en algún caso, también para la defensa de los consumidores en general; también existe alguna carencia llamativa y contradicciones o incoherencias significativas. Lo examino todo ello a continuación.

La postura del Estado español.

Una primera cuestión que llama la atención es que el Estado español haya presentado alegaciones en defensa de la banca y en contra de los consumidores. Es decir, el Estado no sólo no ha actuado en defensa de la parte más débil en la posición contractual (fundamento de la existencia de una rama relativamente nueva del Derecho como es el Derecho del Consumo; y que el TJUE viene considerando como cuestión de orden público); mucho menos ha adoptado una postura neutral ni ha hecho alegaciones objetivas tratando de aclarar al TJUE los antecedentes del caso en el Derecho y la jurisprudencia españoles: por el contrario, sus alegaciones tratan de eludir la cuestión jurídica que verdaderamente centra la problemática del IRPH (cómo se ha impuesto a los prestatarios, de una forma engañosa) sobre la que ha de dictaminar el TJUE, partiendo de la realidad social, para desviar la atención a otra cuestión marginal que es irrelevante en cuanto al fondo (aunque es la que utilizó el Tribunal Supremo para dar la razón a la banca en su sentencia de 14 de diciembre de 2017: que el IRPH es un índice aprobado y regulado por una norma y supervisado por el Banco de España). El Estado español ha demostrado una vez más que está capturado por los grandes poderes económicos, cuyos intereses sirve incluso con un Gobierno como el actual, que se presenta como progresista.   Leer más

Fraude en la liquidación de estructurados

En un reciente artículo de este blog expliqué las características básicas de los depósitos estructurados, contratos financieros atípicos o contratos de compra-venta de opciones, así como una serie de aspectos sobre los que los bancos que los comercializan deberían informar para que los potenciales inversores puedan valorar correctamente su riesgo y las probabilidades de éxito, pero que con frecuencia se omiten. Ahora voy a plantear otra vertiente de la problemática que presentan estos productos financieros, cuando el Banco no cumple con las condiciones de su emisión, a partir del caso resuelto por la sentencia de 17 de enero de 2019 del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Fuengirola.

A diferencia del planteamiento de la inmensa mayoría de los juicios sobre productos financieros, aquí no se demandó con carácter principal la nulidad del contrato porque se hubiese engañado al cliente ni la indemnización de los perjuicios o pérdidas sufridas, sino que se reclamó que se condenase a Bankinter a cumplir correctamente con el contrato, que se trataba de un estructurado denominado “Depósito Valor Financiero Concierto”   Leer más

Apuntes tras las sentencias del Pleno del Tribunal Supremo sobre el impuesto AJD

La lectura de las tres sentencias del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre la cuestión de quién es el sujeto pasivo en el impuesto sobre los actos jurídicos documentos en su aplicación a las escrituras de préstamo hipotecario provocan desazón para cualquier ciudadano responsable, más aún para cualquier profesional del Derecho. La forma en que se ha tramitado el procedimiento y su resultado creo que provocan aún más dudas e inseguridad jurídica que las que había en la situación anterior. Sobre ello y la proyección de la sentencia sobre las reclamaciones que los consumidores puedan realizar al banco prestamista sobre el reembolso de gastos de constitución de la hipoteca hago los siguientes apuntes:

-En primer lugar, y sobre todo, hay que lamentar el tono hostil de las sentencias. La redacción de las sentencias se manifiesta de forma insólitamente agresiva y descalificatoria hacia los componentes de la Sección Segunda de la propia Sala, la especializada en asuntos tributarios que dictó las sentencias del pasado mes de octubre que declararon que el sujeto pasivo del impuesto es el prestamista y anularon el precepto del Reglamento del impuesto que decía lo contrario. Utiliza además argumentos insostenibles, que sorprenden en magistrados del más alto Tribunal español, como que la jurisprudencia no puede cambiarse sin que haya cambios legislativos u otras circunstancias similares que lo justifiquen o que el hecho de que haya controversia doctrinal es motivo para no revisar esa jurisprudencia; la realidad es que la jurisprudencia se ha revisado en muy numerosos casos por las distintas salas del Tribunal Supremo sin que hubiese cambios legislativos, simplemente por la evolución de la doctrina sobre las cuestiones analizadas; la revisión se hace de forma motivada, explicando por qué es pertinente cambiar la jurisprudencia establecida, y así lo hizo la Sección Segunda en sus sentencias del mes de octubre. En cambio, la propia sentencia está revisando la nueva jurisprudencia establecida en el mes de octubre sin exponer los motivos por los que la considera errónea o superada, simplemente mediante la defensa apodíctica (palabra que se repite a lo largo de la sentencia y los votos particulares y que significa, según la RAE: “Incondicionalmente cierto, necesariamente válido”) de su validez, sin más argumentación.   Leer más

Y ahora, ¿se puede reclamar al banco prestamista que reembolse la cuota del impuesto AJD?

El pasado mes de octubre, tras la publicación de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que anuló el precepto del Reglamento del impuesto sobre los actos jurídicos documentados que atribuía al prestatario la condición de sujeto pasivo respecto a las escrituras de préstamo hipotecario, me pronuncié favorablemente sobre la posibilidad de que se pudiera reclamarse al prestamista el reembolso de la cantidad pagada por la cuota de tal impuesto. Desde entonces se han producido importantes novedades:

1.- El Presidente de la misma Sala Tercera convocó un Pleno del tribunal para decidir si ratificaba la nueva doctrina o volvía a la doctrina tradicional que consideraba que el sujeto pasivo era el prestatario. Tras una larga deliberación, se decidió volver a la doctrina tradicional: se interpretaba que según la Ley del impuesto, el sujeto pasivo es el prestatario. La deliberación fue controvertida: según la información que ha transcendido, parece ser que la cuestión se decidió por un solo voto de diferencia; voto que además podría haberse manifestado en sentido contrario ya que según esa información el Presidente de la Sala habría defendido durante la deliberación la posición de que el sujeto pasivo era el prestamista, pero luego votó lo contrario para evitar el empate. La sentencia no se ha publicado cuando escribo este comentario, por lo que no se conocen los argumentos completos en un sentido y otro; con seguridad la sentencia tendrá votos particulares que expresen los argumentos contrarios a los que obtuvieron la mayoría. El estrecho margen por el que se decidió el sentido de la sentencia y sus antecedentes evidencian la falta de claridad de la Ley y las dificultades para su interpretación, con opiniones diferentes sobre argumentos consistentes en un sentido y el contrario; y muestran también la falta de seguridad jurídica sobre quién debía soportar el impuesto, que dio lugar a una litigiosidad considerable.   Leer más

Estructurados, CFAs, Contratos de compra-venta de opciones

Entre los muchos productos e instrumentos financieros diseñados por la banca para que sus clientes inviertan sus ahorros se encuentran una amplia gama de depósitos y bonos estructurados, y los contratos financieros atípicos (CFAs), que luego han pasado a denominarse contratos de compra-venta de opciones.

Son una serie de productos o instrumentos financieros que tienen su primer diseño en 1998 y después se han desarrollado de forma extraordinariamente sofisticada, con diferentes formatos: una inversión en que parte del capital se destina a una imposición a plazo con una remuneración determinada y otra parte a la variedad del estructurado que haya diseñado el banco para el caso; en otros casos la totalidad del capital se destina al estructurado. Puede configurarse como una especie de depósito a plazo, como un bono del emisor o, con más corrección, como un CFA, al que luego la CNMV ha denominado contrato de compra-venta de opciones.   Leer más

Primera sentencia de Audiencia Provincial que anula compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de 2016

La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado la sentencia de 3 de octubre de 2018 que confirma la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Oviedo de 2 de mayo de 2018 que anuló una compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital de 2016.

La sentencia entiende que la evolución de resultados publicados por el Banco, con beneficios declarados hasta el primer trimestre de 2016 y que pasa a pérdidas reducidas en el segundo trimestre y que se disparan en las cuentas del ejercicio 2016 y del primer semestre de 2017 no resultan verosímiles; que forzosamente tenía que haber pérdidas desde períodos anteriores a los declarados y que la intervención del Banco no pudo deberse únicamente a su falta de liquidez sino que tenía que haber también falta de solvencia.   Leer más

Sentencias sobre la compra de acciones del Banco Popular

Una nueva sentencia, del 3 de septiembre de 2018, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Gijón, anula una compra de acciones realizada en el marco de la ampliación de capital de 2016. A la vista de la amplia documental presentada con la demanda y en la audiencia previa, en particular el informe pericial de Prosper Lamothe (además de una mención a los hechos que son de público conocimiento), considera probado que la información que el Banco publicó con ocasión de la ampliación de capital no era veraz y que las expectativas de obtener beneficios y pagar dividendos que anunciaba no podían ser ciertas.

En contraste con ello, la sentencia de 16 de julio de 2018 de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Oviedo ha revocado la primera de las sentencias que obtuve sobre esta materia, la de 23 de marzo de 2018, de modo que considera válida la compra de las acciones, aunque sí mantiene la nulidad de la compra de obligaciones subordinadas. Considera esta sentencia que no existen pruebas definitivas de la falta de veracidad de las cuentas del Banco Popular como las que existieron en el caso de Bankia y aduce que el declive del Banco pudo deberse a las razones que aducía éste en su defensa. Curiosamente, la sentencia “olvida” mencionar o examinar los numerosos documentos presentados con la demanda y rechaza el valor de la pericial por el simple hecho de que no se hubiese ratificado en el acto del juicio, ratificación que viene siendo rechazada por muchos jueces por considerarla innecesaria; y a pesar de que el Juez de instancia sí había admitido la prueba y la tuvo en cuenta, con menciones relevantes, en su sentencia.   Leer más

Sentencia que anula compras de acciones del Banco Popular Español

El Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo ha dictado la primera sentencia, de fecha 23 de marzo de 2018, acordando la nulidad de cuatro compras de acciones del Banco Popular Español: una compra realizada en junio de 2016, en el marco de la ampliación de capital que se produjo en esas fechas; y otras tres realizadas por la misma persona entre octubre y noviembre de 2016. Anula también la compra de obligaciones subordinadas que el Banco le había colocado en 2011.

Ya teníamos anteriormente otras dos sentencias que anulaban compras de obligaciones subordinadas, casualmente del mismo Juzgado: una de 5 de diciembre de 2017, que comenté aquí; y otra de 23 de febrero de 2018, que comenté aquí. La que ahora comento reproduce literalmente los argumentos de las anteriores en cuanto a las obligaciones subordinadas; y a continuación enjuicia el caso de las acciones.   Leer más

Sobre los distintos plazos para reclamar

Una duda que plantean recurrentemente los afectados por diferentes productos financieros o por cláusulas abusivas o no transparentes (y también por cualquier otro tipo de problema con diferentes sociedades) es el plazo que tienen para reclamar; es una cuestión compleja que mucho profesionales de la justicia no tienen claro. A continuación me propongo dar unas orientaciones al respecto basadas en la normativa y la jurisprudencia, sin perjuicio de que en algún caso mis conclusiones puedan ser polémicas.

El primer punto a tener claro es que hay diferentes plazos dependiendo de qué es lo que se reclame o de la acción que se ejercita (es decir, de cómo se plantee la reclamación); pero además los plazos corren en distinta forma según sean de caducidad o de prescripción; por ello, lo primero que voy a hacer es explicar la diferencia entre la caducidad y la prescripción.   Leer más

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¿Cómo saber si tengo un vale vista?

Sofiast. Un vale vista, o vale a la vista, es un documento representativo de dinero en efectivo depositado en una cuenta vista y que puede ser emitido a nombre del mismo titular de la cuenta o de un tercero, y puede ser nominativo (a la orden) o endosable.

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  • Consumerista

    Soy abogado especialista en Derecho del Consumo, sobre todo bancario y de seguros.

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