En Banco Sabadell se han encendido las alarmas por el cariz que está tomando el conflicto soberanista en Cataluña.
Este viernes, el consejero delegado de la entidad, Jaume Guardiola, fue preguntado en rueda de prensa por el potencial traslado de la sede del banco a Madrid en caso de una declaración unilateral de independencia por parte del presidente de la Generalitat, Artur Mas. El directivo no quiso valorar esta hipótesis, pero su discurso de advertencia a los soberanistas subió un peldaño.
En tono de exigencia, Guardiola aseguró que "reclamamos [a los políticos] que se agoten todas las vías de diálogo" posibles que permitan buscar una solución consensuada al proceso soberanista catalán. También recordó que hasta el momento el banco se había limitado a hablar de "esperar" a que se agotasen las vías de diálogo y que ahora la entidad va un poco más allá. En su opinión, los políticos tienen la obligación de construir "marcos que permitan a entidades" financieras, como el Sabadell, "desarrollar su actividad bancaria con normalidad".
Pese a todo, recordó que el objetivo del banco es crear valor para los accionistas y dar un servicio de primera calidad a los clientes, por lo que no entra a opinar de política, más allá de apelar, una vez más, al diálogo entre los gobiernos español y catalán. "Mucho más no puedo ni quiero decir de todo el tema político, que está muy emocionante", declaró.
Junto al frente independentista, otro de los flancos que preocupan al banco que preside Josep Oliu es el social. Guardiola reveló que los responsables del banco se han reunido estas últimas semanas con las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y Manuela Carmena, respectivamente, para abordar el tema de los desahucios y la falta de vivienda social.
Tras estas conversaciones, el consejo de administración del banco ha aprobado la creación de una "unidad de vivienda social" que se encargará de colaborar con aquellas fundaciones que trabajan en el ámbito de la exclusión. "El Sabadell ha tenido siempre una política un poco adelantada y hemos sido un jugador que ha hablado mucho con plataformas y ayuntamientos", indicó ayer Guardiola.
El consejero delegado no quiso ofrecer muchos más datos sobre esta nueva unidad de negocio, ya que sus detalles se darán a conocer en una próxima presentación.
"Va a ser una idea que recoge la inquietud que tienen la sociedad y los bancos de hacer un poco de pedagogía y de hacer entender" que las entidades financieras que no han costado "ni un duro a los contribuyentes" han "hecho las cosas bien" y no viven "alejadas para nada del problema social", argumentó Guardiola.
La nueva unidad tendrá como objetivo ayudar a las familias en dificultades a mantener su vivienda y a afrontar el pago de las hipotecas. En este sentido, reconoció que cuando las plataformas y ayuntamientos intervienen "son mucho menores". Por este motivo, el banco considera que "todo lo que sea profesionalizar la manera de enfocar" esta problemática "es muy importante".
Cobro en cajeros ajenos
Ya en el ámbito estricto del negocio bancario, Guardiola admitió que Banco Sabadell está estudiando cobrar una comisión a los usuarios de sus cajeros que no sean clientes propios. Según explicó, la decisión de CaixaBank y BBVA de empezar a cobrar ha provocado un terremoto en el sector financiero y "nosotros estamos analizando las nuevas reglas".
El Sabadell cuenta con un parque de 3.600 cajeros, de los que ha decidido renovar 800, lo que supondrá un importante desembolso. El cobro de comisiones podría ayudar a amortizar la inversión. Sin embargo, la entidad también ha comercializado una cuenta corriente en la que se comprometía a pagar las posibles comisiones que le cobraran a un cliente del banco en cajeros de otras entidades.
La generalización del cobro de comisiones en cajeros ajenos podría hacer inviable el cumplimiento de esta cláusula de esa cuenta denominada Expansión.
Otro de los datos que aportó Guardiola en rueda de prensa es que el 2015 será el primer año en el que el Sabadell reclame el sistema de protección de activos (EPA) de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, una vez agotadas las provisiones que se constituyeron en el momento de la adjudicación y que ascendían a 3.890 millones de euros. "Esas provisiones se habrán consumido durante este año", apuntó.
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