El Gobierno cambia de rumbo antes del Debate sobre el Estado de la Nación
A una semana vista para el Debate sobre el Estado de la Nación, el Gobierno está tratando de recoger la casa lo máximo posible para evitar tropezar con algunos de sus proyectos que han quedado atravesados en su camino. Nada debe estorbar la actuación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su primera cita desde que llegó a Moncloa.
Así el PP ha iniciado esta semana un plan para rectificar unas cuantas de sus propuestas electorales.
Para empezar, y haciendo el menor ruido posible, Alberto Ruiz-Gallardón anunció ayer que dará marcha atrás en su proyecto de aplicación de tasas judiciales. Siguiendo las advertencias de la Defensora del Pueblo, el Ministerio de Justicia aplicará la reducción de la cuantía de las tasas en la primera instancia civil y en la contencioso administrativa; modulará la cuantía de las tasas de acuerdo con la capacidad económica de las personas jurídicas y moderará en general todas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos. El acceso a la Justicia ya no será solo para ricos.
[Relacionado: Gallardón hace retroceder la Ley a 1959 desautorizando a su padre]
A continuación, y no menos importante, el Ejecutivo en pleno decidió ayer cambiar el signo de su voto durante la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular sobre los desahucios presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Se trata de un brindis al sol porque la aprobación de la ILP no va a alterar la tramitación de la ley sobre este tema que, a iniciativa del Gobierno, ya se está tramitando en el Congreso. Pero es una nueva rectificación.
A esto hay que añadir que el Gobierno se ha mostrado "dispuesto a modificar la ley que regula el indulto" para incorporar la doctrina que sobre el ejercicio del derecho de gracia ha fijado el Tribunal Supremo en la sentencia con la que ha anulado el indulto que el Ejecutivo anterior concedió al exconsejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz.
Estos movimientos se produjeron al día siguiente de que el PP despidiera a Jesús Sepúlveda, ex marido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, imputado en la trama Gürtel desde 2009. Casualmente justo horas antes de que Sepúlveda se negara a declarar hoy ante la Audiencia. Siguiendo con los movimientos, los populares publicaron el pasado viernes su contabilidad de 2008-2011, y al día siguiente Rajoy difundió sus declaraciones de la renta de 2003-2011 y un avance de la de 2012, en un intento de acallar las acusaciones de corrupción en el partido, intensificadas por el descubrimiento de las cuentas suizas de su ex tesorero Luis Bárcenas y por la publicación de la supuesta contabilidad B de este, que refleja el pago continuado de sobresueldos a la cúpula popular, Rajoy incluido.
Pero antes hubo otras rectificaciones, como mantener la legislación vigente sobre el matrimonio homosexual, o cambios menos drásticos de los prometidos, como sucedió con la Ley del aborto. Parece que al PP se le ha atragantado la frase que abanderó tras su mayoría absoluta por la que "la mayoría social española había cambiado". La realidad es que la mayoría social a día de hoy está muy molesta con su clase política. El millón y medio de firmas que avalaron a Ada Colau en su comparecencia en el Congreso lo demuestran, como el drama de los suicidios por desahucio -aunque moleste en algunos sectores- y las manifestaciones en la calle que se repiten un día sí y otro también.
Pero lo que verdaderamente ha hecho cambiar de opinión al Gobierno es el resultado de las encuestas de intención de voto. La ciudadanía le empieza a dar la espalda, al igual que hace con el PSOE, y las señales de alarma ya se han encendido en Génova. Nueva orden: mostrar una imagen más humana del Gobierno.