Estoy de acuerdo en que el sistema, en cuanto a seguridad jurídica, funciona aceptablemente. Pero yo quiero destacar las sombras:
-Es carísimo (en tiempo y dinero).
-Es injustificable que se convierta a ciertos funcionarios en millonarios con el dinero de los contribuyentes (cierto que son usuarios, pero de forma coactiva).
-La denostada Administración es capaz de certificar electrónicamente a millones de contribuyentes; notarios y registros ni siquiera son capaces de certificarse entre sí, para poder enviarse electrónicamente documentos con validez juridica.
-El sistema es, literalmente, decimonónico. Saber manejar el caos de un registro en papel o tener un conocimiento enciclopédico de la ley eran habilidades muy útiles, que la tecnología ha dejado (o dejará en breve) obsoletas.
-En compraventas de inmuebles, la presencia obligada de notarios y registradores no impide el fraude masivo que es el dinero negro.
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La idea de IU me parece bien en principio (con perdón) y no creo que suponga ir al modelo americano. Para la administración sería más caro, pero para individuos y empresas más barato.
Saludos
