Hola Echevarri, soy un usuario moderado de notarías y registros (entre 10 y 20 veces al año).
Un par de ejemplos:
-Solicitud de certificación negativa de denominación social. Cuesta unos 14 euros y tarda una semana. No es mucho dinero ni mucho tiempo, hasta que nos ponemos pensar en el trabajo que va detrás. Básicamente introducir el nombre deseado en una base de datos y que nos diga si ya está o no (y si no es así debería serlo).
Tiempo estimado: 30 segundos
Coste estimado: 0,05 euros (tirando por alto).
-Administrador de SL al que se da de baja en el cargo; acta de manifestaciones en que se da por enterado. Una hora de espera (pese a cita previa), llega el notario, mira el DNI, lee por encima el acta (totalmente estándar,página y media), se firma y adiós. Como la SL es de otra ciudad, hace falta obtener una copia para mandar al registro (la notaría no está conectada con el registro ni con la otra notaría en la ciudad de origen que lleva el caso). Nos hacen el favor de hacer la copia "en el acto" (tres cuartos de hora) para que podamos mandarla nosotros por correo urgente. En total, 2 horas y algo y ciento y pico euros.
Alternativa: burofax con todos los extras (acuse de recibo, certificado...). Veintipico euros, menos de la cuarta parte del tiempo. ¿Qué seguridad jurídica se habría perdido?
Estoy de acuerdo en que la retribución de jueces, fiscales, etc es ridícula por lo baja, como la de notarios y registradores ridícula por lo alta.
Lo del XIX: en mi opinión las tecnologías de la información convierten en obsoletas muchas de las razones tradicionales de la situación preeminente de notarios y registradores (conocimiento enciclopédico del derecho, gestión de complicados registros...). Queda, eso sí, su calidad jurídica pero no creo que sea suficiente para justificar la diferencia con otros funcionarios cualificadísimos (abogados del estado, jueces...)
Pensaba que una de las justificaciones de estos señores era asegurar el cumplimiento de la legalidad en las transacciones,¿acaso la legislación fiscal no forma parte del ordenamiento?
En cuanto al coste, quería decir que aunque a la Administración le podría resultar gravoso hacerse cargo directamente, supondría en la práctica una disminución de la presión fiscal que estimularía la actividad. Además de que considero que una integración plena de los Registros en la Administración produciría muchas economías de escala y sinergias.
Eso sí, repito que el sistema actual funciona razonablemente bien. Pero es caro y muy injusto.
Saludos
