Efectivamente la situación es como la describe Tristán. Comparto la idea de limitar estas ayudas a la concesión de viviendas de alquiler y en caso de urgente necesidad. Aunque debemos de recordar que los Ayuntamientos también utilizan las VPO con un cierto aire especulativo.
Una solución para evitar estos fraudes sería un control ferreo de los servicios de inspección de cada Ayuntamiento, como parece ser que ha sucedido en Madrid.
El ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, realizó en 2007 más de 15.000 visitas a sus inmuebles y en 2008 se han llevado a cabo casi 16.000 inspecciones. Como resultado, se han abierto 467 expedientes y se han ejecutado más de 170 desahucios de ocupantes de viviendas de las que no eran ocupantes legítimos. El Ivima ultima la creación de un protocolo de actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para agilizar la lucha contra las ocupaciones ilegales en su patrimonio (http://www.elpais.com/articulo/economia/Guerra/fraude/VPO/elpepueco/20090206elpepueco_4/Tes).
Un cordial saludo.
