Tiene toda la pinta de ser el plan B de los bancos para deshacerse de la morralla inmobiliaria, con la complicidad de nuestros queridos legisladores. Ventajas fiscales a tutiplén para atraer incautos, pero por mucha ventaja fiscal que haya la clave de la rentabilidad estará en los precios de adquisición de los inmuebles.
¿Tenemos que creernos que la gestora de la SOCIMI, que pertenecerá al banco, va a negociar duramente con su matriz para obtener los mejores precios de los inmuebles que le comprará?
En fin, casi estoy tentado de pensar que realmente esto no puede ser tan tramposo como parece, es demasiado descarado.
Supongo que habría que mirar los detalles de la ley, a ver si recoge los casi seguros conflictos de intereses y cómo los trata. Ahí estará la clave para saber si se trata de una estafa a gran escala perpretada por los bancos con la cooperación necesaria de los partidos, o tan sólo de un intento más o menos inocente, de rescatar el sector inmobiliario a base de subvenciones y exenciones fiscales.
Espero que cuando se lancen las primeras nos podamos hacer una idea más clara, y voces autorizadas nos orienten sobre el tema.
