Leyendo las noticias y tratando de ver hacia donde se dirige la economía mundial, tengo la sensación de que esta crisis va a ser menos grave de lo que se está considerando.
Nos jugamos demasiado y, si es necesario, todos arrimaremos el hombro para que esto siga funcionando. Y, de entre todos nosotros, los que más pueden hacer en una situación así son, sin ninguna duda, los políticos. Los que están en el gobierno tienen una capacidad de decisión muy importante. La oposición, aunque puede hacer menos, también pone su grano de arena, criticando las malas políticas y ofreciendo alternativas, que al principio no se tienen en cuenta (el gobierno debe defender a capa y espada la validez de sus decisiones, sean acertadas o no), pero más tarde terminan por influir en las decisiones del gobierno.
Si la gestión pública tiende a ser ineficiente es porque el político persigue el voto más que la eficiencia. Y el voto de los ciudadanos no siempre se logra con políticas que mejoren la economía del país. Muchos prefieren una sociedad justa, o libre, o culta, o sostenible, antes que una rica. Eso hace que los gobiernos tengan siempre un oído en los medios de comunicación, tratando de reaccionar deprisa ante cualquier descontento que pueda erosionar su imagen y la cantidad de votos que recibirán en las próximas elecciones.
En este momento el tema de actualidad es, sin ninguna duda, la crisis económica. Casi todos dependemos de nuestros ingresos mensuales para pagar la hipoteca, los recibos, y comprar todo lo que necesitamos para realizar nuestra vida con normalidad. Si se destruyen 200.000 empleos al mes, si cada día nuevas empresas deben cerrar sus puertas, muchos, tanto trabajadores como empresarios, están viendo como esos ingresos peligran. Y son algo imprescindible para sobrevivir. Podemos olvidar de momento la justicia social, el medio ambiente y otras cuestiones menos relevantes, si está en peligro poder pagar nuestros gastos necesarios.
En este momento, la política económica es el tema de actualidad en todos los países desarrollados y cualquier medida tomada por el gobierno se comenta en familia, con los amigos o en el trabajo, porque el futuro de todos está en juego. Los políticos, conscientes de esa preocupación ciudadana, van a hacer todo lo que puedan para salvar la economía, porque hay muchos votos en juego. El que nos salve, el que rescate al sistema de la gran amenaza que planea sobre él, será nuestro héroe, y pasará a la historia como un buen presidente, que supo lidiar adecuadamente con un problema de los graves, de los que suceden sólo tres o cuatro veces cada siglo.
De momento, las medidas que se han tomado no parecen demasiado meditadas. No está claro si van a ser suficientes y mucho menos si van a tener efectos secundarios poco deseados. Pero todos seguiremos con expectación lo que va ocurriendo y, si no se logran los objetivos, nuestros gobiernos pondrán más carne en el asador, hasta que todo se resuelva. La solución no va a ser sencilla, habrá fracasos, costará tiempo, veremos dimisiones, ministros que perderán sus puestos, castigos electorales a partidos en el poder… Pero se terminará dando con una solución adecuada.
Y esa solución deberá tener tres etapas:
1.- Salvar al sistema financiero
2.- Recuperar los puestos de trabajo que se pierdan en la crisis y reactivar la economía.
3.- Tomar medidas para robustecer el sistema bancario y que no vuelva a ocurrir algo parecido.
De momento la primera no se ha completado (me temo que veremos más entidades en problemas, y el interbancario va a tardar aún en reactivarse) y la segunda está aún en fase de debate, únicamente se han anunciado algunas medidas a tomar, pero hasta que se pongan en marcha y se compruebe si resuelven el problema va a pasar algún tiempo aún.
Habría una cuarta etapa, que sería preventiva y garantizaría un futuro mucho más sólido para todos nosotros: tomar medidas para corregir ciertas ineficiencias estructurales que amenazan el futuro de las grandes economías del planeta. Pero eso ya es más complicado, y ahí es difícil que lleguen nuestros políticos, porque, en cuanto este problema deje de ser actualidad, ya no dará votos, y el gobierno se centrará en cuestiones que preocupen más al ciudadano medio, aunque se descuiden otros aspectos que provocarán nuevas crisis en el futuro.

Para reactivar el empleo hay que aumentar el gasto público. Ese será el motor que reactivará la economía. A costa de endeudar al país, se crearán puestos de trabajo, las empresas lograrán nuevos contratos y el dinero volverá a circular, fomentando la inversión privada y haciendo que todo vuelva a ponerse en marcha. Esa es la teoría, al menos. El problema será conseguir fondos para gastar, en una época en la que la recaudación de impuestos va a disminuir a tasas más que considerables.

La idea que propongo en este artículo costaría poco dinero, proporcionaría ingresos a los estados, que podrían financiar mejor las políticas de reactivación económica y, lo más importante, sería muy justa socialmente. De hecho, me cuesta entender el motivo por el que esa decisión no se ha tomado aún.

En el mundo existen multitud de paraísos fiscales. Son pequeñas islas, países ridículamente pequeños, o territorios de ultramar, que gozan de privilegios fiscales (en teoría para que la población residente quiera, a toda costa, seguir perteneciendo a su generosa metrópoli). En ellos, las mayores fortunas del planeta permanecen depositadas, de forma anónima, sin pagar ningún tipo de impuesto por los rendimientos obtenidos y sin que las agencias tributarias de los países de donde procede ese dinero tengan la menor idea de que ese capital existe.
Esos lugares ofrecen la posibilidad a muchos de no pagar impuestos. Y, como no es una solución al alcance de cualquiera, porque trasladar el capital hasta allí sin que Hacienda siga el rastro requiere de cierta dosis de ingeniería financiera, son pocos los que se benefician de la existencia de estos paraísos. Menos del 0,1% de la población se está beneficiando, mientras que el 99,9% restante estamos sosteniendo las finanzas públicas por entero. Pero ese puñado de afortunados son los más ricos de todos, y, a pesar de ser pocos, sus fortunas juntas suman una cantidad fabulosa, equivalente al patrimonio de muchos millones de ciudadanos corrientes.
El que más tiene es el que menos paga. ¿Eso es justo?¿No vivimos en países democráticos?¿Por qué no se impone la voluntad de la mayoría y ese puñado de personas pagan impuestos, igual que hacemos todos?
Las cotizaciones sociales que paga una empresa por sus empleados son de casi un 40%. El IRPF puede costar, al trabajador medio, entre un 10 y un 40% de sus ingresos totales (no somos conscientes por que nos retienen ese dinero en la nómina y no llegamos a verlo, pero viviríamos unos meses de cada año con él). Pagamos un 16% de IVA por la mayor parte de los productos que consumimos. Un 7% del coste de nuestra vivienda va a parar a las arcas públicas. La gasolina, el alcohol y el tabaco tienen impuestos especiales, que terminan multiplicando su precio. Así, entre un 50 y un 70% del dinero que ganaremos en nuestra vida, se lo quedará Hacienda. Me parece aceptable, porque recibimos mucho a cambio. Pero, ¿por qué no pagamos todos? ¿Por qué los más ricos del planeta no pagan impuestos? No lo entiendo. Si los políticos defienden nuestros intereses, que terminen con esa lacra, con esa vergüenza para todos los contribuyentes del planeta.
Tendemos a pensar que los hombres más ricos del mundo son Bill Gates, Warren Buffett o Carlos Slim. Pero lo cierto es que esas son sólo las mayores fortunas conocidas. Son empresarios e inversores que mantienen su dinero (al menos buena parte de él) en países que pagan impuestos, y donde su patrimonio se puede controlar. Pero muchos otros no lo hacen. Si una persona o una familia tiene 500.000 millones de dólares repartidos entre 20 paraísos fiscales, a nombre de diferentes sociedades y en cuentas numeradas, ¿quién puede saber que ese dinero les pertenece? Evidentemente, sólo ellos. Ese capital goza de un completo anonimato, y con él se puede hacer lo que se desee sin dejar rastro. Se pueden manipular precios de acciones, de bonos, del petróleo o del maíz sin que nadie tenga la menor idea de que los precios están siendo manipulados. Se podrían incluso financiar acciones terroristas, o comprar a los políticos de medio mundo, sin dejar el menor rastro de que eso se ha hecho.
Si la democracia existe en muchos países desde hace tanto tiempo, y es el pueblo quien manda, ¿cómo es posible que se permita a los más adinerados no pagar impuestos? Parece una herencia del Antiguo Régimen, en el que la nobleza no pagaba tributos simplemente por tener sangre noble. Me cuesta entenderlo, y la única explicación posible es que esos capitales financian campañas electorales o compran a políticos, para que sigan permitiendo esas exenciones tan antidemocráticas.
Evidentemente, el gobierno español poco puede hacer para que los paraísos fiscales desaparezcan, pero una decisión del G20 sería suficiente para eliminarlos de un plumazo. Debería promulgarse una ley internacional que obligara a un país a adoptar una política fiscal más o menos similar a la de los países adyacentes, o a la de los estados que están en su ámbito de influencia económica. Es justo que un gobierno pueda bajar el impuesto de sociedades del 35 al 20%. Eso es justo, porque permite margen de maniobra para reactivar la economía de un país. Pero, por ejemplo, fijar un impuesto de sociedades de 50 euros al año, independientemente de los beneficios que tenga la empresa, no debería permitirse.
El secreto bancario debería también ser declarado ilegal. Ningún estado debería poder ocultar a otro donde está el dinero de los ciudadanos de éste último. Si yo defraudo cien millones a la hacienda española y los deposito en las islas Caimán, los inspectores de Hacienda y la policía española deberían tener todo el derecho del mundo a saber donde está ese dinero. Las cuentas numeradas, las que permitan ocultar la identidad del titular, los testaferros, deberían ser declarados ilegales desde este mismo momento. ¿Por qué se ha de poder ocultar el dinero? Si el 99% de la población pagamos impuestos y no podemos ocultar nuestro dinero a la Hacienda Pública, ¿por qué lo hacen los más ricos del planeta?
Si, aprovechando la crisis internacional, se prohibieran los paraísos fiscales, obligándoles a adoptar una política fiscal similar a la de Europa o EEUU, y se prohibiera el secreto bancario, muchos miles de millones ingresarían en el sistema financiero y comenzarían a pagar impuestos. Los estados recaudarían una buena parte de lo que necesitan reactivar la economía y, una vez reactivada, todos podríamos pagar menos impuestos, o recibir mejores servicios públicos de los que recibimos ahora, durante el resto de nuestra vida. Además, se desincentivarían las actividades ilícitas y el cobro de comisiones ilegales, porque no habría donde ocultar el dinero obtenido. Sería una medida justa y democrática. En cambio, lo que sucede ahora, es una tomadura de pelo.
Se han hecho intentos de mejorar esta situación, pero tan débiles y tan lentos que no creo que hayan inquietado demasiado a las grandes fortunas, que, a este paso, parece que tendrán garantizada su exención fiscal durante décadas, puede que siglos.
Si unos cuantos países quisieran, es una medida que podría adoptarse en cuestión de meses. Si alguno de estos estados o territorios se negara a acatar la legalidad internacional, se podrían tomar medidas diplomáticas, incluso militares, para hacer cumplir la ley. No creo que ninguno se atreviera a ir en contra de EEUU, la Unión Europea, Japón y el resto de las principales economías del planeta, si éstas actúan de forma conjunta.
Aunque la idea parece más que razonable, nuestras esperanzas son pequeñas. Parece difícil que un presidente de EEUU, cuya campaña electoral se financia en parte con dinero de personas que tienen parte de su fortuna en paraísos fiscales, vaya a mover un dedo para acabar con algo tan vergonzoso. Pero se podría hacer. Es más, si este sistema de gobierno fuera una democracia de verdad, y el gobierno defendiera los intereses de la mayoría, mañana mismo se debería tomar esta medida.