Cabe aproximarse a la "perversión" territorial del sistema electoral español de una forma muy simple pero que pone de manifiesto los sesgos que impone al principio democrático de "un ciudadano, un voto" el amparo que la actual Constitución presta a una herencia del pasado histórico como es la división espacial por provincias, y su agrupación en autonomías o comunidades más o menos "históricas". La actual división provincial tiene su origen en la reforma de Javier del Burgo en 1833 en la que, junto a la tradición histórica, se hacía jugar un gran papel a criterios más racionales como la extensión (de forma que la distancia entre cualquier población de una provincia y la capital no durarse más que un día) o poblacionales (que la población de cada provincia oscilase entre las 100.000 y las 400.000 personas). Ni qué decir tiene que esos criterios de hace 170 años y sus resultados están ya más que obsoletos, de modo que una nueva reforma provincial podría quizás ser aconsejable por eficiente, si bien resulta patente la dificultad de tal proceder a tenor de las mínimas experiencias de cambio de adscripción provincial de algunos municipios interesados por alguna razón (cercanía a algún hospital ha sido un motivo aducido varias veces) en hacerlo. El peso del pasado, o lo que hoy se llama en jerga más intelectual "path-dependency", convierte frecuentemente en inviables los saltos a equilibrios más eficientes en los "juegos de coordinación" como es el caso de una división territorial. Pero lo que con certeza carece de sentido es usar esa división territorial como una de las bases para la representación parlamentaria pues a tenor de las grandes y crecientes divergencias poblacionales entre los diferentes zonas geográficas el resultado es que el voto de algunos ciudadanos que viven en algunos territorios vale mucho más a la hora de reflejarse en la representación parlamentaria que el de otros. Frente al argumento de que ello es razonable para "compensar" el despoblamiento territorial o la mera extensión geográfica, "razonamiento" al que es francamente difícil hallarle un sentido, la respuesta es obvia: el principio democrático exige que cada ciudadano tenga un voto y no hay nada que establezca que tal principio haya de cualificarse en términos de que una hectárea (u otra medida de extensión o de densidad de población) valga también votos.   Leer más