En el post sobre la trampa de trasladar la prueba de la improcedencia de los contratos a los trabajadores, dejé en el aire la cuestión de que los trabajadores puedan contratar a expertos en el análisis económico o los mejores abogados para tratar de tener la mínima posibilidad de ganar en un juicio.

Por supuesto, el problema está en el punto sobre las indemnizaciones por despido improcedentes, que a veces la gente olvida que son máximos. La mera existencia de unos máximos impone unos límites claros al importe que los trabajadores arriesgarán al intentar a ir a juicio a tratar de demostrar la improcedencia de un despido.

Por otra parte, debemos recordar que un despido no es más que una ruptura de un contrato y que en caso de que este sea declarado improcedente, lo que significa es que no existían motivos validos para finalizarlo. Estaríamos por tanto ante un incumplimiento de las condiciones por parte de la empresa.   Leer más

En la reforma laboral se ha colado una medida que va a traer mucha cola y muchos problemas, y no es otra que trasladar la carga de la prueba al trabajador desde la empresa en los litigios sobre la procedencia de un despido. La diferencia es sustancial y supone pasar de la obligación de la empresa de probar la procedencia a la situación de que sea el trabajador el que debe probar la improcedencia.

Por supuesto, nadie en los medios criticará esta medida, por los beneficios (clarísimos) que obtiene la empresa, pero esta medida es un disparate y un atentado contra el sistema difícil de calibrar. Por muchas y por variadas razones que voy a tratar de resumir en estas líneas.

Para centrarnos, debemos entender que un contrato de trabajo es en definitiva un contrato, en el que dos partes se ponen de acuerdo y acuerdan unas prestaciones y contraprestaciones mutuas. A veces lo olvidamos pero es exactamente lo mismo que un contrato del móvil, el del adsl, la hipoteca y tantos otros que se firman con (se supone) la intención de ser cumplidos y con cierta buena fe.   Leer más