La FEMP acaba de sacar una estimación sobre la demanda de vivienda protegida para los próximos cuatro años. La verdad es que hay que echarle un par. El informe está elaborado a base de datos tan heterogéneos como organismos autonómicos y municipales hay dedicados a la materia -unos cuantos, os lo juro- y de noticias de prensa. Sospecho que los grandes números salen, en origen, de los registros de demandantes que manejan los ayuntamientos y, por lo tanto, no creo que sean muy precisos. Aún así, le concedo al informe una doble utilidad: enviar información al mercado libre y alertar a todos sobre el factor suelo disponible.

La información que llega a los agentes económicos a través de estas publicaciones puede no ser muy veraz pero permite marcar el terreno a unos y a otros. A los que no se pueden permitir adquirir una vivienda al precio actual les parecerá imposible, al ritmo que llevamos, acceder a una VPO o similar en los próximos diez años. Qué esperamos con ese goteo de mini-promociones a razón de 30 pisucos cada una. Ni siquiera las grandes Operaciones Campamento, Chamartín o Remonta consiguen mejorar las expectativas de la gente. Por el lado de los vendedores, no creo que estén muy preocupados por una eventual inundación de oferta fresca, que sin duda les haría pupita: ¿os imagináis el efecto sobre los precios si de verdad se construyeran en España 190.000 viviendas nuevas al año a precio asequible? En el caso de Cantabria, se estima una necesidad de 15.000 viviendas para los próximos cuatro años. Pues la realidad es que ni la oferta ni la demanda se creen que el equilibrio se vaya a producir en ese punto.

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