La semana pasada toda la prensa se puso de acuerdo para sacar a relucir el tema de las
balanzas fiscales, ya saben, ese ranking de comunidades autónomas en el que se compara lo que da y lo que recibe cada región de la hucha financiero-territorial. Me parece bien que se publiquen, faltaría más. En nombre de la transparencia, oiga. A pesar de que los datos sean incompletos y sólo reflejen una parte de la verdad, porque no incluyen variables relacionadas con el comercio interregional, se basan en una división administrativa de las regiones -cuando la economía funciona por ejes o zonas de desarrollo- y se apropian descaradamente del trabajo de propios y extranjeros, que son los que realmente ponen los euros en la balanza.
Lo cierto es que el melón territorial lleva ya demasiado tiempo abierto y está a punto de echarse a perder. Y no me refiero a cuestiones nacional-sentimentales, sino al problema financiero tanto de comunidades autónomas como de ayuntamientos. Parte del batacazo inmobiliario que sufrimos se ha debido a la necesidad que tienen estos últimos de sostenerse. Y la solución integral última no pasa por una idea etérea de solidaridad, sino por reforzar los mecanismos de corresponsabilidad y autogestión.
