Una vez que hemos ajustado las cuentas con la especulación y nos olvidamos de fijar precios máximos o mínimos, no nos queda otra que convencernos de que nuestro problema es la sobreoferta. De hecho siempre lo ha sido. Y el mercado, si le dejamos a su aire y las administraciones públicas no meten la manaza, resolverá el problema él solito con una bajada de precios.
De acuerdo, admitamos que los ajustes en economía son lentos y, para muestra, ahí tenemos un incipiente mercado de alquiler en el que la demanda ha crecido más rápido que la oferta, más que nada porque los propietarios todavía tienen miedo al malvado inquilino. Pero no hay duda de que el alquiler será una salida muy honrosa para el exceso de viviendas vacías con que cuenta el parque inmobiliario español. Lo que ocurre es que nuestras administraciones públicas están dirigidas por políticos asesorados por expertos de titulación desconocida -por favor, no confundamos economista con experto- y siempre acaban metiendo la pata debido a la presión. En concreto, los planes de salvamento vía VPO pueden convertirse en un gran error de política económica si bloquean el sistema de vasos comunicantes entre propiedad y alquiler libre. No hace falta hacer muchos números, sólo echemos un vistazo a la pirámide poblacional y estimemos el número de pisos vacíos que van a ser transmitidos por herencia en los próximos diez años. Seguir construyendo viviendas por encima de la demanda potencial puede ser el clavo ardiendo para mantener a las constructoras haciendo algo, pero sólo consigue trasladar el problema a la siguiente legislatura, como mínimo.
