Me refería en mi decálogo a que la intervención para fijar precios máximos o mínimos no es precisamente un buen homenaje a la libertad económica, además de servir de poco. A estas alturas casi todo el mundo ha entendido que no era buena idea ponerle un tope artificial al precio del gasóleo. Por otro lado, agricultores y ganaderos se lamentan de que no cuentan con un precio mínimo que les garantice el básico sustento. Todos lamentamos que sea necesaria la existencia de especulación sobre las materias primas para poner las cosas en su sitio cuando hace tiempo que el regulador tenía que haber dado un serio toque a los intermediarios, que son los que, al fin y al cabo, falsean el funcionamiento del mercado con sus márgenes abusivos y sus técnicas de marketing.

Así que no, intervenir el precio de la vivienda -aunque sea protegida- no me parece una idea muy liberal, y menos viniendo del Gobierno de Madrid que se las da de ídem. Y no lo digo por ninguna cuestión ideológica sino porque veremos, de nuevo, lo inútil que resulta la VPO tradicional para solucionar el problema de la vivienda. Cuestión de tiempo. Me remito a la siguiente entrada de mi serie liberal, sobre la sobreoferta.

Me imagino que, a estas alturas de la crisis, nadie me discutirá la necesidad de apostar seriamente por las alternativas al vehículo privado. Soy consciente de que esta semana no ha sido fácil en este tema: son malos tiempos para las aerolíneas, incluidas las low cost, que han empezado a sentir los efectos del precio del carburante y, encima, acaban de pillarles facturando las maletas aparte. Y aquí no se salva ni Ryanair -cosa que los usuarios ya sabíamos y no nos hemos quejado antes porque aún así, el precio final de volar con esta compañía es más ventajoso que con las compañías tradicionales-. Además, ni las inversiones en el AVE ni la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril pueden tapar las deficiencias de los trenes de cercanías.

Deberes para el nuevo gobierno (IV): más competencia