El Consejo de Ministros aprobó el  pasado viernes  el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, que contiene 60 medidas antifraude (poco novedosas, todo hay que decirlo), quizás lo más descatable es que se han elaborado de forma conjunta entre la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, y que según rezan los titulares de turno tiene como  objetivo tratar de “…dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia del nuevo contexto económico, especialmente en relación a la economía irregular (o informal que diría la ministra Salgado) y al trabajo no declarado”

Hasta ahí bien, por lo que parece uno de los objetivos propuestos es echarle el guante a todo el tema de la emisión de facturas falsas por parte de los moduleros (autónomos en tributación por módulos), que representa una fuente inagotable de generación de dinero negro,  a más a más de servir para disminuir tanto  la cuota en el Impuesto de Sociedades o IRPF (si se está en estimación directa) como  del pago del IVA para las empresas receptoras de las facturas falsas. Ardua tarea tienen por delante los Inspectores para controlar todo este berenjenal de facturas falsas, si bien mucho me temo que han empezado la casa por el tejado, y  es que el mencionado Plan no prevé ningún tipo de modificación legislativa del propio sistema de estimación por módulos para atajar el fraude existente hoy en día.   Leer más