Históricamente, el colectivo de los trabajadores autónomos de este país siempre ha mostrado su enorme disconformidad con el hecho de que hasta la fecha no tenían cubierta la contingencia de desempleo. Pues bien, después de una larga espera, la pasada semana se  publicó la  Ley 32/2010, de 5 de agosto, con la que esta "laguna legal" debe  darse por zanjada al fijar  esta Ley los mecanismos de  protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, y que entrará en vigor dentro de tres meses, es decir, el próximo 6 de noviembre de 2010. Si bien, ya advertimos que hasta Noviembre de 2011 ningún autónomo  causará derecho a la prestación al exigirse para la misma una carencia de 12 meses desde su entrada en vigor.

La Ley 32/2010 podrá gustar más o menos, como todas las leyes, pero en cualquier caso, es bastante seguro (y al igual que ocurre con las pensiones públicas respecto a los planes de pensiones privados), que por norma general (siempre habrá que estudiar el caso concreto) que su eficiencia económica  en su conjunto será bastante más apreciable para su beneficiario que el que pueda reportar cualquier plan privado de desempleo de los que se pueden encontrar en el mercado (sobretodo para aquellas solicitudes con menos años de cotización).   Leer más

El Consejo de Ministros aprobó el  pasado viernes  el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, que contiene 60 medidas antifraude (poco novedosas, todo hay que decirlo), quizás lo más descatable es que se han elaborado de forma conjunta entre la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, y que según rezan los titulares de turno tiene como  objetivo tratar de “…dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia del nuevo contexto económico, especialmente en relación a la economía irregular (o informal que diría la ministra Salgado) y al trabajo no declarado”

Hasta ahí bien, por lo que parece uno de los objetivos propuestos es echarle el guante a todo el tema de la emisión de facturas falsas por parte de los moduleros (autónomos en tributación por módulos), que representa una fuente inagotable de generación de dinero negro,  a más a más de servir para disminuir tanto  la cuota en el Impuesto de Sociedades o IRPF (si se está en estimación directa) como  del pago del IVA para las empresas receptoras de las facturas falsas. Ardua tarea tienen por delante los Inspectores para controlar todo este berenjenal de facturas falsas, si bien mucho me temo que han empezado la casa por el tejado, y  es que el mencionado Plan no prevé ningún tipo de modificación legislativa del propio sistema de estimación por módulos para atajar el fraude existente hoy en día.   Leer más