La declaración pública del patrimonio personal de los Ministros del gobierno español es algo que debería obviarse. En primer lugar porque muchos patrimonios, especialmente los mayores, no se ostentan a título personal, sino que se poseen a través de sociedades o incluso estructuras más o menos opacas que vacían de contenido el patrimonio personal de sus dueños.

En muchas ocasiones, esta ausencia de titularidad personal de los activos, ni siquiera se compincha con asesores especialistas para evadir al fisco, sino que simplemente se orquesta a través de estructuras que aparten los bienes de las miradas indiscretas, por pura seguridad.

En el caso del patrimonio de los Ministros españoles, quizá haya de todo: Los que evaden obligaciones al filo (o incluso más allá) de la ley a través de la opacidad de su fortuna real; y los que por practicidad o discreción poseen vehículos de tenencia de activos sin vinculación directa con su persona. En cualquier caso, resulta obvio que hacer público el patrimonio de los ministros sólo como personas físicas es una burla a la inteligencia de los votantes. O se publican los activos que poseen directa e indirectamente, hasta un cierto grado razonable de opacidad, o mejor sería obviar el tema. Porque publicar patrimonios e hipotecas (la asunción de una hipoteca es algo políticamente muy correcto e imprescindible) como personas físicas es burlarse de la sociedad. Veamos unos ejemplos:   Leer más