Existe en este país una bonita costumbre. Consiste en que los poderes públicos, los políticos que los manejan y los votantes que los apoyan, tienden a ser generosos garantizando derechos a los ciudadanos, en la aprobación de soluciones mágicas. Todo el mundo tiene derecho a todo, y s hay un problema, no se preocupe señora que se lo apaño en un Decreto Ley. Nada que objetar. El problema suele venir cuando en numerosas ocasiones esos derechos acaba siendo garantizados y financiados, no por las arcas públicas vía fiscal (lo cual ya sería materia de discusión). No, directamente el muerto se carga a las espaldas de un colectivo concreto de personas, que, sin comerlo ni beberlo se encuentran con tener que soportar las gracietas del legislador.

En su momento comente como algunos pretenden que los arrendadores de viviendas sean los que tengan que garantizar el derecho a una vivienda que consagra la Constitución, como parece reflejarse con la normativa aún vigente de pisos de Renta antigua. De esa legislación franquista, y lo que es peor, del espíritu del mismo tono que inunda toda el marco legal y judicial en materia de arrendamientos urbanos, no parecen tener queja los que se dedican a quitar estatuas de noche. Otro tanto ocurre con la justicia gratuita en este país. Se sostiene en base la buena fe y a la absoluta masificación del número de letrados. Si el Estado debiera pagar los costes reales de esas defensas jurídicas aviados íbamos. Y sin salirnos del mundo jurídico, tenemos como en las últimas reformas en materia de novaciones hipotecarias el Gobierno insta a Notarios y Registradores a rebajar aún más tarifas (al igual que a las Entidades financieras), pero eso si, que no le toquen a sus CCAAA sus impuestos de AJD, que son mucho más elevados que aquellas partidas.   Leer más