Campos electromagnéticos y salud (con un apunte jurídico)

En un post ya antiguo prometí hablar de los campos electromagnéticos y sus posibles riesgos para la salud. Por fin cumplo mi promesa y me pongo a ello. Y es que es un tema que por un lado ha suscitado una gran preocupación social que ha llevado a la creación de numerosas plataformas, asociaciones y grupos para oponerse a determinadas instalaciones de antenas de telefonía móvil o a nuevas líneas de alta tensión; y, por otro, es polémico por la negativa de la industria a reconocer que tengan cualquier tipo de efecto sobre la salud humana. No voy a hacer un estudio en profundidad, que sería imposible porque obligaría a examinar miles de publicaciones sobre el tema. Voy a centrarme en dos documentos que pretenden resumir el estado de la cuestión, voy a criticarlos porque me parecen sesgados a la vista de sus contradicciones internas, y me voy a referir a la existencia de toda una montaña de estudios sobre la cuestión, con enlaces donde se pueden encontrar muchos de ellos. Al final, me referiré muy brevemente al estado jurídico de la cuestión.

Qué son los campos electromagnéticos (CEM). Tipos.

Comenzaré precisando (siguiendo el sitio de la Organización Mundial de la Salud dedicado a este tema) que existen distintos tipos de campos electromagnéticos en función de su frecuencia; así, existen campos de frecuencia extremadamente baja (FEB, más conocidos por ELF, en inglés), por debajo de 300 Hz, creados por ejemplo por las líneas de conducción de la electricidad o los aparatos eléctricos; campos de frecuencia intermedia (FI), de 300 Hz a 10 MHz, creados por las pantallas de los ordenadores o sistemas de seguridad; y campos de radiofrecuencia (RF), de 10 MHz a 300 GHz, que son los de la telefonía móvil, la televisión o la radio, y los hornos microondas.

Los CEM se consideran de frecuencia relativamente baja porque existen otros que la tienen mucho más alta, como la luz visible, los rayos X, gamma, etc. Son campos no ionizantes, no rompen los enlaces entre las moléculas, porque no llevan tanta energía como las ondas de frecuencia más alta, como es el caso de los rayos X o los gamma.

La unidad de medida empleada a los efectos que nos interesan es la tesla, que mide la densidad de flujo.

Electricidad en el organismo humano.

Como en el organismo humano se producen de forma natural y sin inducción externa corrientes y reacciones eléctricas de muy pequeña entidad (la actividad nerviosa, la del corazón, la digestión), tenemos partículas con carga eléctrica. Esas reacciones eléctricas son lo que miden los electrocardiogramas o electroencefalogramas. Precisamente por eso, los campos electromagnéticos de frecuencia baja inducen corrientes circulantes por nuestro organismo, cuya intensidad dependerá de la del campo electromagnético.

Efectos de los CEM sobre el organismo: térmicos y no térmicos.

El principal efecto posible de los campos electromagnéticos es el calentamiento, si el campo tiene suficiente intensidad. Eso es lo que hacen los hornos microondas. En cambio, los ELF no tienen efectos térmicos, por lo que no existen riesgos en ese sentido para la salud. Existen estudios, sin embargo, que acreditan el efecto térmico del uso de teléfonos móviles: al tenerlos próximos a la cabeza, pueden llegar a calentar el cerebro.

La cuestión es si la exposición prolongada a esos campos puede producir otros efectos biológicos que influyan en nuestra salud. Dada la relevancia que la electricidad ha llegado a alcanzar en nuestra sociedad, la cuestión ha dado lugar a una gran preocupación social. Y es que prácticamente no hay lugar en que estemos libres de la influencia de algún campo electromagnético, ni siquiera en la naturaleza, puesto que salvo en los rincones más alejados de la civilización seguramente llegarán las ondas de la telefonía móvil.

Dificultades de la investigación.

Pues bien, para determinar si la exposición a esos campos tiene o no efectos sobre la salud se han realizado numerosísimos estudios, que no han podido llegar a conclusiones definitivas. Precisamente por la exposición cotidiana y generalizada a esos campos, es imposible efectuar estudios comparativos entre población expuesta y no expuesta. Dado que, de haber algún efecto, se produciría a largo plazo, es prácticamente imposible determinar si cualquier enfermedad que se produzca se debe o no a la exposición a campos electromagnéticos. Por otra parte, como cada individuo tiene una diferente sensibilidad, una diferente propensión a sufrir unas u otras enfermedades en función de su carga genética, de su entorno y de sus hábitos y vivencias, y que incluso puede variar a lo largo de su vida, es prácticamente imposible aislar una única causa determinante de una enfermedad, sobre todo tratándose de algo que influiría a largo plazo. Por ello, se hacen investigaciones en laboratorio, sea en probeta o con animales, pero cuyos resultados no son definitivos en cuanto a que en el ser humano puedan producir los mismos efectos; muchos estudios se basan en investigaciones epidemiológicas, con las dificultades que ello conlleva en cuanto a discernir el origen de las enfermedades a estudio respecto a otras posibles causas por los motivos expuestos.

Informes de la OMS y de expertos para el Ministerio de Sanidad español.

La OMS ha elaborado un documento que pretende resumir las conclusiones alcanzadas globalmente por los 25.000 estudios científicos que dice que se han elaborado sobre la cuestión (y se trata de un documento que ya tiene algunos años, con lo que hoy podría haber muchos más estudios). Por su parte, el Ministerio de Sanidad español encargó un documento semejante a un Comité de Expertos, publicado en el año 2001.

Conclusión base de esos estudios: no hay riesgo para la salud.

Me llama mucho la atención que ambos estudios comienzan negando que los campos electromagnéticos tengan efectos sobre la salud, aunque cada uno lo hace en distinto sentido, para luego mencionar que existen estudios que dicen lo contrario pero a los que quitan relevancia. Así, la OMS dice:

"Basándose en una revisión profunda de las publicaciones científicas, la OMS concluyó que los resultados existentes no confirman que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad produzca ninguna consecuencia para la salud."

El Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad es más comedido ya que condiciona esa optimista conclusión al cumplimiento de los límites de intensidad de los campos impuestos reglamentariamente:

"este Comité de Expertos considera que no puede afirmarse que la
exposición a CEM (campos electromagnéticos) dentro de los límites
establecidos en la Recomendación del Consejo de Ministros de
Sanidad de la Unión Europea relativa a la exposición del público en
general a CEM de 0 Hz a 300 GHz produzca efectos adversos para la
salud humana. Por tanto, el Comité concluye que el cumplimiento
de la citada Recomendación es suficiente para garantizar la
protección de la población."

Contradicción de esa conclusión con el desarrollo de los informes.

El caso es que a lo largo de sus respectivos informes, ambos se desdicen de esa afirmación. En el informe de la OMS, la negación de que haya relación de causalidad entre los campos electromagnéticos y determinados problemas o enfermedades a veces parece puramente voluntarista; pero cae en manifiesta contradicción cuando se refiere al cáncer.

Posibles problemas neurológicos.

Así, menciona que algunas personas manifiestan una serie de síntomas como dolor de cabeza, ansiedad, suicidios, depresiones, náuseas, fatiga y pérdida de la libido (no menciona los trastornos del sueño, que se citan a menudo), pero los descarta diciendo que hay que atribuirlos al ruido (¿?) o a la ansiedad frente a nuevas tecnologías; vamos, que todos los que manifiestan estos síntomas son neuróticos. Me parece que esto contrasta con lo que decía la propia OMS al exponer qué son los campos electromagnéticos, en cuanto a que el sistema nervioso crea pequeñas corrientes mensurables y que los campos podían inducir corrientes en nuestro organismo y alterar las cargas de los elementos afectados por ellas; si es así, ¿cualquier alteración del sistema nervioso detectada en personas bajo la influencia prolongada de ELF debe atribuirse a histeria y en ningún caso al ELF?. Más adelante vuelve sobre esto, ahora ya citando los trastornos del sueño y la epilepsia, para descartar nuevamente cualquier relación.

El Comité del Ministerio de Sanidad reconoce la existencia de efectos biológicos sobre el sistema nervioso y que no se conoce la relevancia que puedan tener en la fisiología y salud humana. Si no se conocen los efectos sobre la salud, ¿cómo se puede afirmar que no tiene efectos nocivos?

Posibles efectos sobre los embarazos.

Lo que dice la OMS respecto a los embarazos me parece una argumentación muy retorcida:

"el conjunto de los resultados demuestra que la exposición a los niveles típicos de los campos del medio no aumenta el riesgo de desenlaces adversos como abortos espontáneos, malformaciones, peso reducido al nacer y enfermedades congénitas. Se han publicado informes esporádicos de asociaciones entre problemas sanitarios y la presunta exposición a campos electromagnéticos, como informes sobre partos prematuros y con peso reducido de trabajadoras de la industria electrónica, pero la comunidad científica no ha considerado que estos efectos estén necesariamente ocasionados por la exposición a campos electromagnéticos (frente a la influencia de factores como la exposición a disolventes)."

¿A qué llamamos "niveles típicos"? ¿A los que tiene la generalidad de la población? Si nos vamos a niveles no típicos, como las trabajadoras de la industria electrónica que menciona luego, o a quienes duermen muy cerca de una línea de alta tensión o con una antena de telefonía móvil al otro lado de la pared del dormitorio, ¿hay o no riesgo? ¿Son esos los casos a que se refieren esos "informes esporádicos" que cita? Si la comunidad científica dice que no están necesariamente ocasionados por exposición a ELF, ¿quiere eso decir que es posible que sí lo estén? Eso es lo que se puede leer entre líneas.

Efectos sobre la vista

Luego menciona informes sobre casos de cataratas e irritación de ojos; pero dice que la experimentación en animales no ha corroborado que esos problemas se produzcan a niveles a los que está expuesta la población normal. Otra vez, ¿cuáles son esos niveles? ¿Los de alguien que duerme a 25 metros de una línea de 400 kv?

Cáncer

En cuanto al cáncer, empieza reconociendo que esa relación de causalidad es controvertida, lo que ya bastaría para no haber sido tan optimista al principio al negar todo efecto sobre la salud; el resto del apartado es cuando menos confuso, si no abiertamente contradictorio. La conclusión que uno puedo obtener es que al menos algunos estudios han encontrado relación entre los campos electromagnéticos y algunos tipos de cáncer, particularmente la leucemia infantil. Pero es que si vamos a otro documento de la propia OMS, centrado en la relación entre ELF y cáncer, encontramos un cuadro con la clasificación de diversas sustancias y radiaciones en relación con el cáncer y encontramos a los campos magnéticos ELF calificado como posiblemente carcinogénico, con la leyenda: usualmente basados en evidencias en seres humanos consideradas como creíbles pero por otras explicaciones no pueden ser excluidas. Luego se explica que dos análisis recientes de estudios epidemiológicos encontraron una relación de más casos de leucemia infantil entre población expuesta a determinadas intensidades de campos ELF. El estudio del Ministerio de Sanidad también menciona estos y otros análisis, algunos de los cuales encontraron relación, además de con la leucemia infantil, con el cáncer de cerebro, con otro tipo de leucemia (mielocítica aguda) y con cáncer de mama en mujeres y hombres. Es curioso que, entre los numerosos estudios que cita, de los que varios encuantran relación con los tipos de cáncer indicados, destacan en negrita uno (por cierto, que no procede de ninguna institución pública ni de ninguna Universidad) que niega que haya evidencia de que la exposición a campos magnéticos procedentes del suministro de energía eléctrica incremente el riesgo de leucemias, cánceres de sistema nervioso central o cualquier otro tipo de cáncer en niños. Luego destacan otro que sí encuentra esa relación en casos de exposición a campos intensos.

Reloj biológico

El informe del Ministerio de Sanidad reconoce también que los CEM por encima de determinados valores de intensidad pueden alterar el reloj biológico en mamíferos (lo que puede tener relevancia en cuanto a la secreción de melatonina, que parece tener relación con algunos tipos de cáncer).

Recomendación: principio de precaución, información al público, limitaciones.

Por otro lado, tanto la OMS como el Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad (siguiendo los criterios de la Unión Europea y de otros muchos gobiernos e instituciones) recomiendan la aplicación del principio de precaución, la adopción de ciertas medidas de prevención, establecer limitaciones a la intensidad de los CEM, informar sobre los riesgos al público y continuar con la investigación. Vaya, si estuviera tan claro que no hay ningún riesgo para la salud, ¿por qué adoptar precauciones e informar a la sociedad, como defienden los expertos del Ministerio?

¿Doble discurso público?

Parece que en este caso, como en tantos otros, existe un doble discurso por parte de autoridades y organismos públicos. Por un lado, se quiere hacer ver al público que son muy diligentes y responsables, que están muy preocupados por los problemas de salud pública y adoptan medidas de precaución muy rigurosas, y por otro niegan la existencia de problema alguno. Pasó con las vacas locas, que se ocultó durante años al público y se permitió la comercialización de los piensos que generaron el problema y sólo se reaccionó con medidas extremas y en algunos casos excesivas cuando empezaron a conocerse casos de enfermedad en humanos; lo mismo con los pollos con dioxinas; no digamos con la gripe aviar, que difícilmente se puede contagiar a humanos pero tanto el Ministerio como las Comunidades autónomas gastaron un dineral en un fármaco que está caducando sin uso alguno y que además se sabía que no tendría ninguna utilidad en caso de epidemia; acaba de pasar con el aceite de girasol; y pasa con los campos electromagnéticos.

Más documentación e información: AVAATE

Creo que todos recordaréis el caso del colegio de Valladolid en el que muchos niños padecieron leucemia, que se relacionó con la existencia de numerosas antenas de telefonía móvil en su entorno. Precisamente en Valladolid cristalizó la asociación más activa en cuanto a la prevención de la salud frente a los posibles efectos nocivos de las antenas, AVAATE, cuyo sitio en internet alberga más de seiscientos de los miles de estudios científicos sobre la cuestión, así como sentencias, enlaces y otras cosas interesantes para quien quiera documentarse más. Destaco la recopilación de los informes científicos sobre el posible influencia de los CEM en la salud, insisto que más de seiscientos, referidos a los más diversos problemas que se pueden plantear: desde el cáncer o los efectos neurológicos a problemas de huesos, hormonales, de esclerosis, etc. Creo que son suficientes como para que se pueda descartar tajantemente, como hace la industria, cualquier efecto nocivo sobre la salud.

Conclusión.

Como conclusión, podría decirse que los efectos de los CEM en la salud no están acreditados de manera definitiva por las dificultades que existen para determinarlos. Que es posible que los CEM de elevada intensidad puedan producir efectos sobre la salud de algunas personas si permanecen largos períodos de tiempo bajo su influencia; pero esos efectos dependerán de muchos factores personales y ambientales de cada individuo, de manera que mientras muchas personas no se verán afectadas en absoluto, cabe la posibilidad de que algunas puedan desarrollar algún problema de índole muy variada. Por ello, es conveniente adoptar el principio de prevención: limitar la exposición a CEM intensos, tratar de evitar vivir muy cerca de líneas de alta tensión o de antenas de telefonía móvil; usar el teléfono móvil con sistema de manos libres o con altavoz para evitar pegarlo a la cabeza -y mejor si se utiliza el fijo-; no permitir que los niños usen teléfono móvil.

Aspectos jurídicos.

En cuanto a la normativa sobre la materia, existe en primer lugar un R. Decreto que regula el espectro radioeléctrico e introduce medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, que se limita a ordenar al Ministerio de Sanidad que evalúe los riesgos para la salud de esas emisiones, impone unas limitaciones en cuanto a la intensidad de los CEM en los lugares en que habitualmente puedan encontrarse las personas; y ordena que se presenten informes sobre el cumplimiento de esos límites antes de conceder las autorizaciones para nuevas instalaciones.

El límite establecido es elevadísimo, por lo que es muy difícil que se pueda objetar cualquier tipo de instalación nueva por superarlo. Lo que sí es más factible es oponerse por la falta de aportación del informe exigido.

Algunas Comunidades Autónomas han aprobado normas que regulan la misma materia, imponiendo ciertas limitaciones a las antenas de telefonía (no es el caso de Asturias, Comunidad que destaca por no haber aprobado prácticamente ninguna norma de desarrollo de la protección medioambiental, ni siquiera la más básica sobre los estudios de impacto ambiental). Y algunos Ayuntamientos han aprobado ordenanzas. Curiosamente, es muy frecuente que luego no exijan su cumplimiento, lo que hace factible impugnar judicialmente la concesión de licencias por no ajustarse a la ordenanza o norma autonómica.

También se puede lograr la retirada de antenas porque muchas ni siquiera tienen licencia municipal, que es exigible en todo caso.

Otro motivo frecuente de impugnación es que se coloquen sobre edificios tras acuerdos con la comunidad de propietarios pero sin que haya habido unanimidad entre éstos. La jurisprudencia mayoritaria entiende que es una cuestión que exige la unanimidad de todos los propietarios, aunque algunas sentencias sólo exigen la mayoría cualificada y la aprobación por los propietarios más directamente afectados.

En cuanto a las líneas eléctricas, a partir de cierta longitud e intensidad exigen estudio de impacto ambiental; estos estudios parten de descartar cualquier efecto sobre la salud, por lo que podrían resultar incompletos a la vista de lo antes expuesto, en el caso de que la línea pasase muy cerca de viviendas.

Mi visión del nuevo Gobierno

La estructura y los nombres del nuevo Gobierno presentado por José Luis Rodríguez Zapatero parece que indican algunos cambios de orientación política en ciertos campos, mientras que apuntan a la continuidad en otros. Voy a referirme sólo a algunos temas, a los que he tratado en alguna forma en los artículos anteriores de este blog o a algunas cuestiones más o menos próximas. Adelanto que veo luces y sombras, algunas muy oscuras.

Empiezo por los dos nuevos Ministerios. La creación del Ministerio de Igualdad me parece muy positiva; los repetidos casos de violencia de género exigen una respuesta firme y seria por parte de todos. No basta con medidas policiales y judiciales: éstas vienen cuando ya se ha producido el caso de violencia. Hay que ir mucho más allá, a un cambio en la sociedad que acabe con esa idea de que alguien puede pertenecer a otra persona; que una mujer tiene que satisfacer y someterse siempre al hombre, incluso aunque su relación haya terminado, iincluso en los casos en que nunca lo haya aceptado. Y hay que tener en cuenta que la situación no está mejorando con la generación más joven: entre los chavales actuales existe la misma idea de sometimiento de la mujer al hombre (idea asumida por ellas) que en las sociedades más machistas. Esperemos que la nueva Ministra sea valiente y vaya al fondo de la cuestión, sin quedarse en medidas semánticas, policiales o para la galería, que a eso nos tienen muy acostumbrados pasados gobiernos, de uno y otro color. Y, aunque sea una medida para la galería, el que haya más mujeres que hombres en el Gobierno, o que el Ministerio de Defensa tenga titular mujer, me parece un gesto valiente y positivo, que demuestra que las mujeres pueden ocupar cargos directivos con la misma eficacia que los hombres.

También me parece muy bien la creación de un nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación. Ya critiqué anteriormente la baja productividad de la economía española, prácticamente de carácter tercermundista por estar basada en el cemento, el alquitrán y el kilowatio, en el uso masivo de suelo y energía. La creación de este Ministerio podría apuntar a un cambio en la política económica del Gobierno, a buscar el desarrollo y el crecimiento no en la construcción (insisto: consumo de suelo y energía, insostenibilidad, empleos precarios, baja o nula productividad) sino en las nuevas tecnologías, en el I+D.

Ahora bien, la continuidad de la tan criticada Ministra de Fomento Magdalena Álvarez, partidaria entusiasta de las autovías y el tren de alta velocidad, y del propio Ministerio en sí, con ese nombre y la orientación que señala, parecen apuntar lo contrario de lo que acabo de decir. Las principales asociaciones ecologistas del país, con Los Verdes, IU e IC, presentaron una petición en el Congreso en la anterior legislatura, que reprodujeron nada más iniciarse ésta, solicitando el cambio de la denominación del Ministerio de Fomento por Ministerio de Transporte y Movilidad, con un cambio radical en su política: menos inversión en infraestructuras y más en movilidad sostenible. La construcción de autopistas y trenes de alta velocidad se orienta a facilitar el transporte por carretera, que consume mucho combustible, contamina y emite gases de efecto invernadero, es ruidoso, ocupa mucho suelo... La alternativa es invertir en trenes de cercanías y en trenes rápidos para las altas distancias, pero utilizando y mejorando las líneas existentes, sin nuevas infraestructuras. Esto no quiere decir que se vaya a producir un gran parón en la construcción de obra pública (el decrecimiento que defiendo no implica recesión) porque son necesarias otras infraestructuras e inversiones: en la mejora y mantenimiento de la red existente, sobre todo de tren pero también de las carreteras ya construidas; en saneamiento (la mayoría de las depuradoras pequeñas y medianas no funcionan, al menos en Asturias; en la recogida y aprovechamiento de las aguas pluviales en las ciudades... Así que la buena intención económica que parece tener la creación del Ministerio de Innovación queda en entredicho con la continuidad en y de Fomento.

En cuanto al nuevo Ministro de Industria, no puedo hablar de él, no conozco los detalles de su orientación, aunque parece que es el autor de la propuesta de la oferta electoral de 400 euros para todos, que luego se quedó en sólo para algunos. Ya me pronuncié sobre ella, muy críticamente, así que esperaré a ver qué hace para juzgarle, pero no espero grandes cosas.

La desaparición de un Ministerio de Medio Ambiente independiente para integrarlo con agricultura en un nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural me parece muy negativo porque, al ser su titular quien lo era del Ministerio de Agricultura más que una fusión parece una absorción para que predomine la política agraria (debería decir agrarista) sobre la medioambiental, y parece que eso es lo que piensan sus funcionarios. Creo que es un error porque la política medioambiental no se refiere a lo que pasa en el campo, sino que es transversal a todo: el medio ambiente es el medio en que vivimos; no es el bosque o el campo, lo es todo. La ciudad también es "medio ambiente" porque la mayoría vivimos y trabajamos en la ciudad, es el medio en que nos movemos y existimos habitualmente; por ello, la contaminación en las ciudades es un problema serio, se trata del aire que respiramos la mayoría, y que provoca enfermedades y muerte. Y someter la defensa de nuestra salud y de nuestro patrimonio natural a las políticas agraristas que ha defendido hasta ahora la Ministra Espinosa y su equipo (continuamente enfrentada al Ministerio de Cristina Narbona) pone en entredicho la seriedad de las intenciones de José Luis Rodríguez Zapatero cuando dice que uno de sus objetivos para la próxima legislatura es la defensa del medio ambiente. De hecho, su primera decisión va en sentido contrario a la orientación del Ministerio de Narbona y a lo que piden los grupos ecologistas y los investigadores que tratan sobre la "Nueva Cultura del Agua": ha aprobado un trasvase del Ebro a Barcelona, aunque no se atreve a llamarlo por su nombre. Mala conciencia tendrán.

Decía que la política medioambiental es transversal porque alcanza a la política fiscal, de fomento, energética, de transporte, de urbanismo y ordenación del territorio, agrícola... José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno anterior no han querido entenderlo así hasta el momento (de ahí los continuos choques del equipo de Narbona con los demás Ministerios), por lo que cuando habla de su política medioambiental y su compromiso con la lucha contra el cambio climático me parece que hace una política de mucha palabrería y pocos hechos. Muchos gestos, mucha legislación (porque obliga la Unión Europea), pero poca política material, poca ejecución de esa legislación. De hecho, podría decirse que el principal actor en la política de defensa del medio ambiente hoy es el poder judicial, con las sentencias que dicta en aplicación de esa legislación que el propio gobierno no cumple.

En conjunto, me parece que el nuevo Gobierno, aunque tiene algunas luces en las posibles políticas de innovación y de mujer, tiene una orientación económica y social más orientada al desarrollismo económico que ha demostrado su fracaso y que pone en grave riesgo el planeta (el lugar en que todos vivimos) que a la sostenibilidad y el bienestar común, como ha señalado Ecologistas en Acción. Esperemos que dentro de unos meses pueda escribir otro artículo rectificando.

De AVEs, socavones y políticas de infraestructuras

Los socavones y hundimientos provocados por las obras del AVE en Barcelona han puesto en cuestión la forma en que se desarrollan las obras públicas. Da la impresión de que es más importante el calendario, para que la inauguración coincida con la campaña electoral, que la seguridad, la eficiencia, el trabajo bien hecho, y el servicio que van a prestar.

A propósito de esto quiero referirme a dos cuestiones concretas: la forma en que se desarrollan las obras públicas y la misma racionalidad de muchas de éstas.

En cuanto a la primera cuestión, estoy convencido de que efectivamente lo más importante es el calendario, la fecha de la inauguración. Las obras de diseñan y contratan para que su inauguración coincida lo más posible con las campañas electorales. Creo que todos podemos recordar casos de infraestructuras inauguradas en fechas próximas a unas elecciones que después es necesario cerrar para concluirlas; o incluso que se abren tras una conclusión precipitada de las obras y que, tras un breve período de uso público, hay que volver a cerrar, aunque sea parcialmente, para corregir diversas deficiencias; o se inauguran en fechas electorales, pero cuando ya llevan un tiempo en uso. Podemos recordar nuevas terminales de aeropuertos convertidas en verdaderos caos; túneles que parecen duchas o estanques; autopistas cortadas por corrimientos de tierras...

No sólo eso: en un modelo económico basado en el asfalto, el ladrillo y el kilowatio, hay que promover obra pública para que se mantenga la tasa de actividad y de empleo. Por ello, acabada una obra (como decía, justo antes de las elecciones), en la campaña electoral hay que prometer más obras para demostrar la capacidad de previsión y de gestión que se tiene. No importa lo aberrantes que sean los proyectos: pongamos dos ejemplos. Carreteras de uso comarcal, con un tráfico muy reducido, que se quieren convertir en autopistas, aunque atraviesen espacios naturales privilegiados, caso de la polémica autovía La Espina-Cangas del Narcea-Ponferrada, entre la zona occidental de Asturias y la de León, atravesando el hábitat mejor conservado, verdadero último refugio, del oso pardo en España; es decir, se invertirá un dineral impresionante para dar servicio a unos cientos de usuarios diarios, ocupando los mejores terrenos de los valles y destrozando el último refugio del oso pardo y otras especies como el urogallo en España. Ampliaciones de puertos para transformarlos en macropuertos, cuando ya el uso de los anteriores era muy reducido; en Asturias también tenemos el caso del Musel, en Gijón: la última ampliación hasta el presente sólo había sido utilizada para el Circo del Sol; ahora se está ampliando para poner una regasificadora y unas terminales para biodiesel y una central eléctrica, cuando ya la atmósfera de Gijón supera los índices de contaminación permitidos, cuando según el Protocolo de Kyoto, firmado por España, habría que reducir emisiones y no aumentarlas (la regasificadora tiene como justificación la construcción de seis nuevas centrales de producción eléctrica) y sin respetar distancias de seguridad a viviendas, entre otros incumplimientos legales; también los hay naturales: no se tuvo en cuenta el oleaje, que se estaba llevando el material depositado, por lo que el presupuesto ya se tuvo que incrementar en más del 50% de lo inicialmente previsto, que no era calderilla.

El problema no es sólo la agenda política, es el mismo sistema en que se proyectan, contratan y desarrollan las obras. En cuanto al proyecto, como lo importante es que la obra se haga, se emprende por encima de todo. Incluso por encima de la naturaleza: se atraviesan parques naturales, se cruzan acuíferos... Luego resulta que hay que paralizar las obras porque algún tribunal o la Unión europea recuerdan que hay normas de protección al medio ambiente que hay que respetar. O porque los acuíferos no pueden soportar infraestructuras, que es lo que ha pasado en Barcelona, y que las autoridades tan brillantes que tenemos, y la oposición que la supera en inutilidad, no pueden decir públicamente.

En cuanto a la forma de contratar y ejecutar las obras, hay que recordar que ya no es la Administración la que ejecuta; ni siquiera la que la dirige y controla, salvo en una forma muy remota. La Administración se limita a planificar y licitar. La licitación se abre con un presupuesto de partida, y después las distintas constructoras compiten, sobre todo, por el precio: hay que rebajar el coste para adjudicarse la obra. Y, sobre ese precio por el que se licita, hay que obtener beneficios. Una vía son los aumentos de obra: siempre surgen contratiempos no previstos que es necesario afrontar con nuevas obras extraordinarias; o mejorar determinados aspectos de seguridad u otros que permitirán ampliar la obra, ahora ya sin competencia en cuanto al precio de adjudicación. Es parte del juego: los políticos alardearán de la rebaja que han conseguido en cuanto al coste de la obra, en el momento de la adjudicación; después la adjudicataria se resarcirá mediante los aumentos, que no tendrán coste político porque el político los justificará con las mejoras que suponen o con las dificultades imprevistas que opone una geología siempre adversa.

Una segunda vía para obtener beneficios es el recorte de costes. Las medidas previstas para reducir y corregir los impactos ambientales nunca se cumplen. Muchas medidas de seguridad tampoco se respetan: la construcción es un juego de azar en que se apuesta a que la ladera de esa montaña aguantará pese al incremento de la pendiente, en que el río nunca crecerá más de determinado nivel, en que al excavar el túnel no nos encontraremos ningún acuífero... Las pistas abiertas para la construcción de la infraestructura no se restauran tras el fin de la obra; los escombros y otros vertidos tóxicos se depositan debajo de los acueductos, en bosques apartados... La maquinaria pasa por donde le es más cómodo a quien la maneja, sin respetar propiedades de los vecinos, elementos de patrimonio histórico o cultural, acuíferos, bosques, etc.

En cuanto al otro aspecto a tratar, parece ... Bueno, no parece, existe una opinión generalizada entre los políticos, la prensa creadora/transmisora de opinión y los constructores consistente en que el mejor político es el que más infraestructuras construye. Recuerdo haber escuchado a la Ministra de Fomento (¿por qué se llama Fomento el Ministerio, en lugar de Obras Públicas, como en tiempos de Franco? Era más realista) hace unas semanas presumir de que España iba a tener, con los actuales proyectos, muchos más kilómetros de vías de tren de alta velocidad que cualquier otro país del mundo. El PP sostiene que Cascos fue el mejor Ministro de Fomento de la historia española porque logró que España tenga muchos más kilómetros de autopista que cualquier otro país del mundo, en relación a la superficie del país o a la población.

A mí me surge una duda: si tenemos muchos más kilómetros de autopista que Alemania o el Reino Unido; más kilómetros de AVE que Japón o Francia, ¿lo estaremos haciendo bien? Esos países son más ricos que España; más poblados; alcanzaron un grado de desarrollo más elevado que el nuestro con décadas de adelanto; tienen una economía más eficiente y productiva que la nuestra; son más extensos. Y no se plantean construir tantas autopistas ni AVEs. Es cierto que la economía española creció más en los últimos años que las de esos países; gracias precisamente a la construcción. Pero ese crecimiento se agota con la propia obra, finalizada ésta decae la actividad. Y con ello seguimos con menor productividad y muy lejos del nivel de I+D+i de lamayoría de los países de la OCDE.

Creo que es una falacia que la mejora de las comunicaciones sea condición necesaria para el desarrollo de la economía. Es obvio que para el crecimiento del comercio o el turismo son necesarias buenas infraestructuras de transporte pero, ¿hasta qué punto? Pensemos que las autovías ocupan muchísimo terreno: hay que sumar la anchura de dos carriles por sentido como mínimo; con sus arcenes a ambos lados; con el espacio entre una y otra calzada; y con una ancha franja de servidumbre a todo lo largo de la vía. Nos ponemos en bastante más de cien metros de ancho que no pueden ser utilizados para ninguna otra actividad. Y esa ancha franja no va a discurrir por los terrenos menos aptos para dedicarlos a otras actividades o para mantener su estado natural, sino todo lo contrario: autopistas y vías de tren discurren por los terrenos más llanos, por donde la obra presenta menos dificultades orográficas. Ocupa las mejores vegas, las llanuras más fértiles.

Tampoco es cierto que mejore la comunicación en todos los casos: la mejora sólo en los lugares con acceso a la infraestructura, en los demás puntos la comunicación empeora. Así, el AVE sólo mejora la comunicación de las poblaciones con parada. Los habitantes del resto de poblaciones tienen que desplazarse hasta la capital para poder abordarlo. Es una buena inversión para unir dos puntos cuyo tráfico aéreo es particularmente intenso (caso del AVE entre Londres y París) porque el AVE compite ventajosamente contra el avión en términos ecológicos (la contaminación y contribución al cambio climático de los aviones es brutal). En el caso de las autopistas, las poblaciones o viviendas situadas entre las distintas vías de acceso están peor comunicadas que antes, porque en muchos casos los antiguos caminos rurales se cortan, y es preciso dar rodeos para acceder a la autopista o al pueblo antes vecino, ahora separado por la autopista.

Además, autopistas y AVE constituyen barreras definitivas que fragmentan el territorio, con efectos adversos no sólo para la comunicación de los núcleos pequeños, según lo que acabo de indicar, sino sobre todo para los hábitats de los animales terrestres, que se ve troceado, con comunicaciones limitadas a puentes, túneles o pasos habilitados para la fauna.

Suponen una inversión elevadísima, que fomenta la actividad económica durante el tiempo que dura la obra, después se acaba el empleo y la actividad y es necesario proyectar una nueva obra, en un ciclo sin fin. Seguramente sería mucho más eficiente dedicar ese dinero a educación, formación, investigación, en subvencionar a emprendedores...

El AVE es un medio de transporte elitista: necesita unas inversiones importantísimas, como acabo de apuntar, que pagamos todos; pero luego sólo lo pueden utilizar quienes disponen de unos ingresos elevados, ya que el billete es mucho más caro que el tren normal. Los pobres tienen que seguir viajando en el lento tren tradicional, que no se mejora porque la inversión en el AVE agota los presupuestos. Además, la competencia por lograr trenes de cuanta más velocidad mejor es una falacia: en la práctica no se pueden alcanzar esas velocidades, salvo quizás en unas fracciones muy cortas del trayecto local: el relieve y trayectoria de la vía no lo permiten, tampoco el paso por zonas habitadas (hay que reducir la velocidad para que el ruido no se haga insoportable) o por espacios protegidos (por la fauna). Ahora se discute en la prensa si se construirá un AVE a lo largo del Cantábrico. El PSOE lo aprueba para comunicar Santander con Bilbao, y en Galicia, en Asturias no, aunque últimamente han matizado que podrían aprobarlo si no va por la costa. Lo que ahora hay es un tren de vía estrecha lentísimo, con utilidad sólo para comunicarse entre poblaciones rurales a corta distancia, porque los trayectos se hacen inacabables. En lugar de mejorar el trazado de la línea existente, dotarla de trenes más modernos y seguros, se mantendrá lo que hay, con su limitadísima funcionalidad, y se construirá un AVE que sólo tendrá parada en las capitales y que nunca podrá alcanzar las velocidades que le caracterizan porque todo el territorio está muy poblado y tiene grandes dificultades orográficas. Eso sí, harán felices a la Koplovitz, a Florentino y a Villar Mir.

Otro tanto cabe decir de las autopistas: mientras se dedican ingentes cantidades de dinero a nuevas autopistas, las carreteras ya construidas se deterioran porque no hay dinero para su mantenimiento. ¿No podría ahorrarse un poco para cambiar de una vez los pretiles y salvar las vidas de unos cuantos motoristas?

Y no es cierto que las autovías y el AVE vayan a dar lugar a más actividad en la periferia, sino que ocurre lo contrario. Según estudios realizados sobre lo ocurrido tras la construcción de las primeras líneas del AVE en Francia, lo que ocurre es que se pierde actividad para la hostelería: se reducen las pernoctas en las ciudades de la periferia unidas por AVE a la capital; que se cierran oficinas y delegaciones: es más barato ir y volver en el día a la ciudad de la periferia cuando sea necesario que tener delegación pertinente; y, cuando es necesario ir, ya no es preciso pasar la noche, se puede volver por la tarde.

No en vano proliferan los conflictos en muchos lugares por los que se proyecta construir una autovía o AVE: habitantes de aldeas que hay que demoler para que pase la vía, campesinos que pierden sus pastos o terrenos de cultivo. Véase la movilización social en el País Vasco contra el AVE vasco (no sólo de los abertzales, aunque éstos sean los que más se hacen ver por su actuación violenta, perjudicando la visibilidad y legitimación del resto de la sociedad civil democrática y no violenta).

Y la construcción de autopistas y de AVEs tampoco concuerda mucho con la lucha contra el cambio climático y contra la contaminación atmosférica, tampoco contra la inseguridad vial. Lo sostenible, limpio y seguro es fomentar el transporte público, sobre todo en tren, no el uso del automóvil privado. Y para fomentar el uso del tren, debe mejorarse las vías existentes, revisar itinerarios, frecuencias, paradas... El tren debe llegar a cuantos más lugares mejor, con la mayor frecuencia. Y debe tener un precio asequible, cosa que no tiene precisamente el AVE.

Como colofón, recomiendo la lectura de este excelente informe elaborado por Roberto Bermejo, un profesor de la Universidad del País Vasco, sobre el AVE vasco, que es extrapolable a cualquier otra infraestructura.

Destrucción a toda costa

Greenpeace España acaba de publicar su informe anual Destrucción a toda costa, relativa a la pérdida del paisaje del litoral español por la edificación masiva en el mismo de urbanizaciones y grandes complejos hoteleros, así como de campos de golf. Ha contabilizado proyectos que supondrían la construcción de 3.000.000 de nuevas viviendas, 200.000 nuevas plazas hoteleras, más de 300 campos de golf y más de 100 nuevos puertos deportivos, en números redondos. Y dice que se han conocido 90 casos de corrupción urbanística con más de 350 implicados. Y creo que algunas de esas cifras todavía se quedan cortas, porque en Asturias (que es lo que conozco directamente) computa menos de 34.000 viviendas y plazas hoteleras, cuando la suma de los proyectos en curso hace unos meses llegaban, sólo en cuanto a las viviendas, a 90.000 (60.000 si excluyen las de Gijón y Avilés). Es de suponer que si se han quedado tan a la baja en Asturias, haya ocurrido lo mismo en otras comunidades.

Este fenómeno denota que hay cosas van mal en muchos aspectos, y tendrá resultados negativos también en variados sentidos. En primer lugar, es una muestra de que España sigue un modelo económico basado fundamentalmente en la construcción, sector que constituye un porcentaje elevado del PIB nacional ¿un 18%?; es un actividad que exige ocupar mucho suelo (que se va comiendo a la naturaleza, al paisaje, a las actividades agrarias...) con el coste de oportunidad que eso tiene (ese suelo no se puede dedicar a otros usos más productivos ni preservar por su riqueza natural); conlleva también un gran consumo de cemento, ladrillo, cerámica, etc. (canteras que se comen los montes); mucha agua (que restamos de su ciclo natural) y energía (más cambio climático); y muy poca tecnología, muy poco I+D+i, muy poco desarrollo real. Así nos encontramos con las quejas de economistas (creo que en este artículo hay un error de redacción cuando señala entra los puntos fuertes de la economía española que mantenga el mismo modelo económico de los últimos treinta años; y, por mi parte, discuto que la renuncia a la energía nuclear sea un error, sobre eso escribiré seguramente más adelante) y organismos internacionales sobre la baja productividad española y con el peligro de que, con la saturación del mercado y el fin de la burbuja inmobiliaria, la economía deje de crecer ¿riesgo de recesión? Es un modelo económico tercermundista, porque se basa en el agotamiento del suelo y el consumo masivo de agua y energía, que emplea mucha mano de obra sin cualificar y hace poco uso de las nuevas tecnologías. Podría decirse que España es el país con una economía tercermundista más rica. También se ha dicho con cierta ironía que este modelo denota que el modelo familiar que más crece en España es el del piso vacío.

Esta construcción masificada, no sólo en la costa, también en muchos lugares del interior, conlleva una pérdida de valores culturales. La cultura de los pueblos está imbricada en su medio, su entorno, su paisaje. Amamos la tierra en que nacimos, jugamos y crecimos; el paisaje es un elemento fundamental en la configuración del carácter de las gentes del lugar. Siempre queremos volver a ese lugar en que nos fuimos haciendo hombres y mujeres. Pero si lo mercantilizamos, si donde antes teníamos el huerto, el patio de juegos, el bosque en que pasear, el río en que nos bañábamos, pasamos a tener una finca parcelable y edificable, y después una urbanización para veraneantes foráneos (o una barriada-dormitorio) y el río es sólo un canal de suministro de agua, hemos perdido una parte esencial de nuestra memoria, de nuestro ser. Hemos perdido nuestra raíz. Ya no tenemos un sitio del que digamos: ésta es mi tierra. Ya no tenemos paisanos con los que compartir unas tradiciones y cultura, sino vecinos molestos y ruidosos. Ya no somos de ningún sitio. Ya sólo tenemos.


Supone también una perversión de la vida política, de la democracia. Y no me refiero sólo, ni siquiera principalmente, a la corrupción, que es el aspecto más evidente. Un alcalde corrupto no actúa movido por el bien común, sino por el dinero que le han metido en el bolsillo, y no le importa por encima de qué intereses públicos o privados tenga que pasar para lograr su lucro espurio. Con el agravante de que la corrupción se ha banalizado; determinados programas de prensa y televisión presentan los casos de corrupción como unas extravagancias más de esos personajillos pseudopopulares que no tuvieran ninguna relevancia para la convivencia ni la vida pública; sin más transcendencia que la que pudieran tener sus supuestos amoríos o enfrentamientos. Así ocurre que esos alcaldes corruptos incluso se hagan más populares y puedan volver a presentarse a las elecciones y ser reelegidos.


Pero, decía, la corrupción no es el lado más dañino para la vida política de esta edificación masiva. Lo peor es que los regidores municipales ya no diseñan las actuaciones en función de los intereses ciudadanos. El urbanismo, las infraestructuras, el gasto público, etc. va a estar determinado no por las iniciativas responsables y planificadas de unos gestores públicos democráticamente elegidos precisamente para cumplir esas funciones, sino por promotores inmobiliarios que sólo buscan su mayor provecho, su mayor y más rápido enriquecimiento. Las ciudades, grandes y pequeñas, deberían ser el resultado de una política que ordene el crecimiento en función de las necesidades de vivienda y dotaciones; que reserve el suelo previsto para las nuevas edificaciones que demande el crecimiento de la población y la actividad económica, para las dotaciones públicas (centros sanitarios, escuelas, guarderías, instalaciones deportivas, centros sociales, residencias de ancianos, parques...) y los viales y servicios precisos; que permita y fomente la actividad económica; y todo ello mediante un diseño que favorezca la movilidad con el mínimo consumo de energía y la mínima contaminación atmosférica y acústica; y todo ello preservando los espacios naturales, el paisaje, la actividad agraria. En cambio, la construcción masificada actual pervierte todo ese sistema porque ya no es el Plan General de Ordenación Urbana lo que define la política territorial, sino los convenios urbanísticos que proponen los promotores. Ya no se construye donde existen dotaciones, las comunicaciones sean más fluidas y se produzca menor impacto al medio natural, sino donde el promotor vaya a obtener un lucro mayor: donde pueda comprar más barato y vender más caro. ¿Y dónde se dan estas circunstancias? En los parajes naturales mejor conservados; en ellos pueden comprar el suelo más barato, ya que no existen otros usos urbanos o industriales que les den valor económico material; y pueden vender más caro porque adornan su oferta justamente con lo mismo que destruyen: el paisaje, el entorno. Requieren además la apertura de nuevas carreteras, porque las antiguas quedan colapsadas; nuevas conducciones de agua, luz, gas, nuevo saneamiento..., con lo que hay que atravesar las fincas colindantes, proceder a expropiaciones, cerrar explotaciones agrarias. Y esas nuevas urbanizaciones costeras, o esas nuevas ciudades dormitorio, se construyen sin ninguna dotación de uso público; aunque el promotor tenga la obligación de ceder un porcentaje de suelo al Ayuntamiento y una serie de cargas, siempre es posible eludirlas de una u otra manera. Sólo después de que los nuevos vecinos lleven cierto tiempo allí instalados se darán cuenta de que les faltan una serie de servicios propios de toda población, y comenzarán a demandarlos al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma. Y estas administraciones tendrán que sufragarlos con los impuestos de todos, porque no se lo exigieron antes al promotor.

Y ¿por qué aceptan los Ayuntamientos esos convenios, pudiendo rechazarlos? Pues porque no hay visión de largo plazo, ya no hay estadistas con visión de futuro, sino políticos del corto plazo, que quieren presentar resultados tangibles en el término de cuatro años en que se convocan las siguientes elecciones. Esta política crea mucha actividad económica, mucho negocio y mucho empleo -aunque sea a corto plazo y sin cualificar-. Durante los cuatro o cinco años que dura la promoción se puede presentar la gran creación de empleo que originó la política municipal, ya no hay paro en la comarca. Pasan las elecciones, termina la obra de la urbanización y hay que promover otra para que no baje el empleo y puedan volver a presentar los buenos resultados de empleo y crecimiento para las siguientes elecciones.


Por otro lado, con esta política se incrementan los presupuestos municipales: licencias, impuesto de bienes urbanos, tasas de alcantarillado o recogida de basuras. Los ayuntamientos están mal financiados, sigue sin resolverse esa cuestión a nivel nacional, por lo que tienen que buscarse recursos por su cuenta, y ésta es la vía más sencilla. Lo malo es que la obsesión por la financiación olvida el resto de criterios a tener en cuenta; y también que detrás de las nuevas urbanizaciones vendrán las exigencias de los vecinos de mejorar los accesos porque los originales se saturaron; de poner servicios e instalaciones, de hacer una ciudad de lo que se diseñó como barrio-dormitorio. Con lo que nuevamente nos encontramos con más necesidad de financiación.

La solución no va a venir por la Ley del Suelo recién aprobada, por mucho que manifieste que va a acabar con la especulación y garantizar el cumplimiento del fin social de la propiedad inmobiliaria (ver, respectivamente, el final del apartado I y el VII de la Exposición de Motivos). Mientras no se afronte con todas sus consecuencias la financiación municipal, se recorte la capacidad urbanística de los Ayuntamientos -al menos de los pequeños-, se prohíban los convenios urbanísticos y se haga efectivo el derecho de los vecinos a participar en las políticas que afecten al Medio Ambiente, los promotores seguirán tabicando la costa.

Tampoco la liberalización absoluta del suelo que reclaman algunos y propone, entre otros Fernan2 -con quien, por lo demás, estoy muy de acuerdo, es la solución; la "mano invisible" de que hablaba Adam Smith ya se demostró en muchas ocasiones que no existe o, en todo caso, funciona sólo a favor de los especuladores, no del bien común. Pero es que, además, esa liberalización es lo que hizo el PP con su Ley del Suelo: antes sólo se podía construir donde lo establecía expresamente el PGOU; con la reforma del PP, todo el suelo sería edificable, salvo los terrenos especialmente protegidos, si bien con el matiz de que fuera de las zonas urbanas se exige una determinada extensión de terreno para poder hacerse la vivienda; y esto a su vez con el matiz de que cualquier promotor puede proponer un convenio urbanístico para desarrollar un plan parcial en cualquier zona del municipio, incluso las zonas protegidas por la norma urbanística. Este modelo ya se ha demostrado que no funciona: el PP lo defendió diciendo que la liberalización del suelo abarataría la construcción y la vivienda, y en cambio lo que ha hecho es incrementar los ingresos de los promotores y destruir numerosos parajes naturales, entre ellos casi toda la costa mediterránea y los archipiélagos, y en el Cantábrico vamos por el mismo camino. Y, desde luego, los precios de las viviendas no han bajado, sino todo lo contrario.