En el mes de septiembre se celebró en Madrid la tercera Equo-Universidad Verde de Verano. Entre otras actividades, desde el grupo de trabajo de Economía verde organizamos un taller denominado Transición a un sistema financiero justo y sostenible, en el que uno de los ponentes fue un asesor para asuntos financieros y monetarios del Grupo verde en el Parlamento Europeo (no se olvide que Equo es el referente en España del Partido verde europeo). Aproveché para preguntarle cómo veía la utilización que se había hecho en España de las permutas financieras... y no entendió el sentido de la pregunta hasta que le expliqué que se estuvieron colocando en forma masiva a consumidores y pymes. Quedó muy sorprendido y escandalizado por las mismas razones que vengo exponiendo en este blog y que venimos defendiendo en los Juzgados quienes demandamos la nulidad de estos instrumentos financieros: los swaps o permutas financieras son instrumentos de riesgo no adecuados para consumidores ni pymes, y por eso la normativa MiFID establece una serie de garantías previas a su comercialización que en la práctica deberían impedir que se suscribieran por personas ajenas a los mercados financieros. Quedamos en estudiar la posibilidad y oportunidad de presentar una pregunta en el Parlamento Europeo para que la Comisión se pronunciase sobre este escándalo abusivo de la banca española. A tal fin le envié una explicación de lo sucedido, la actuación contradictoria y a la postre de vergonzante apoyo a la banca del Banco de España; el informe del Defensor del Pueblo en que denuncia esta actuación del BdE; el Proyecto de Orden ministerial (ahora ya aprobada y publicada en el BOE) que pretende validar a posteriori la contratación de swaps con consumidores; el dictamen del Senado que denunciaba la práctica bancaria y pedía al Gobierno medidas de protección a las víctimas (petición incumplida por el Gobierno, en manifiesto desprecio a las reglas de la democracia representativa); incluso la petición de la Asociación Española de la Banca Privada al Tribunal de Defensa de la Competencia para que le autorizase el CMOF, petición en la que explicaba que los productos contemplados en él, por su propia naturaleza, nunca se utilizarían con consumidores, afirmación que pocos años después incumplió; le hablé también de la agrupación de afectados en una plataforma de la que luego surgieron una asociación de afectados y otra de pymes, y de la situación de los procedimientos judiciales, con un gran número de sentencias favorables pero también algunas en contra porque algunos jueces no están aplicando la normativa MiFID.   Leer más