Leo entre la indignación y la estupefacción
la entrevista a María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno del domingo pasado en El País; en concreto, la parte referida al tema que sirve de encabezamiento, es decir, la sanción al Juez que había condenado al pederasta que luego asesinó a una niña en Andalucía, que la entrevistada pide que se eleve hasta tres años de sanción. Según el texto publicado, la entrevistadora ya deja prejuzgado que el Juez permitió que el pederasta condenado continuase en libertad; que el Consejo del Poder Judicial "le rebajó la sanción"; y la Vicepresidenta exige sangre, una condena de tres años, sin justificar tal exigencia.
La Vicepresidenta antes de política fue juez ella misma, por lo que sabe perfectamente que antes de condenar hay que enjuiciar los hechos en todos sus aspectos, incluyendo las circunstancias personales del acusado. No hace tal cosa la ex-juez, ahora política, porque efectivamente ya no ejerce de juez, sino exclusivamente de política, y se quiere mostrar firme y segura en sus decisiones. En realidad, lo que hace es mostrar que se deja llevar por el viento de las peticiones más impulsivas de las víctimas y de los medios de comunicación de masas, sin querer entrar en las causas de que la tragedia haya ocurrido.
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